AFP
La presidenta de Perú, Dina Boluarte, compareció ayer martes ante fiscales anticorrupción que la investigan por la desactivación de la unidad policial que allanó su vivienda en el caso Rolexgate, en una nueva causa abierta por el presunto delito de abuso de autoridad.
La diligencia transcurrió en reserva durante casi tres horas en la fiscalía en Lima, luego de la cual Boluarte se retiró con su custodia policial sin dar declaraciones a los periodistas que esperaban en los exteriores.
“El día de hoy (la presidenta Boluarte) ha venido a declarar una mentira más”, dijo a la AFP Delfina Ramírez, una manifestante de 72 años.
A las afueras del edificio de la fiscalía, una decena de manifestantes antigubernamentales exhibía carteles pidiendo “cárcel para la usurpadora”, en alusión a la mandataria.
La fiscalía investiga preliminarmente a Boluarte por abuso de autoridad y encubrimiento personal, en calidad de instigadora desde la cúspide del poder. El abogado de la mandataria, Juan Carlos Portugal, indicó que su defendida respondió 50 preguntas a cuatro fiscales.
“La presidenta respondió absolutamente todo, pese a que muchas preguntas del Ministerio Público eran altamente capciosas y sugestivas”, dijo.
En la investigación está comprendido el exministro del Interior Walter Ortiz, acusado de haber cometido el delito contra la administración de justicia por ordenar el 9 de mayo la cancelación del equipo policial especial que apoya a la fiscalía en operativos anticorrupción contra altos funcionarios.
El gobierno justificó la acción alegando que existía otra división policial que podía cumplir esa función.
La presidenta peruana está, además, bajo la mira de la fiscalía en otros dos casos por los que ha sido denunciada ante el Congreso como parte de un antejuicio político.
La denuncia constitucional es un procedimiento especial que se aplica a los altos funcionarios del Estado, entre ellos la presidenta, quien goza de inmunidad.
La denuncia más reciente fue entregada al parlamento el lunes por el fiscal general Juan Carlos Villena, que la acusó del presunto delito de cohecho (soborno) en el marco del escándalo de relojes de lujo conocido como Rolexgate.
En noviembre pasado la fiscalía la denunció por el presunto delito de homicidio, como responsable de la represión a las protestas que dejaron más de 50 muertes tras su llegada al poder el 7 de diciembre de 2022.
La denuncia en el Congreso es el paso previo a un antejuicio político, que debe ser posteriormente valorado por el poder judicial cuando ella termine su mandato.
Boluarte, quien cumplirá 62 años este viernes, sólo puede ser llevada a juicio al final de su mandato, en julio de 2026, según fija la constitución.
En el parlamento, controlado por bancadas de derecha afines a Boluarte, la denuncia debe ser evaluada por una subcomisión de acusaciones constitucionales antes de ser debatida por el pleno en un trámite sin plazo determinado.
Perú ha tenido en apenas ocho años seis mandatarios, en medio de la peor ola de inestabilidad de su historia moderna.
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