UN PAÍS EN CRISIS
La comunidad internacional -esto es Estados Unidos, la Unión Europea y buena parte de América Latina- no reconoce la legitimidad de esos comicios.
El régimen de Nicolás Maduro se adjudicó un aplastante triunfo en las elecciones legislativas del domingo, pese a una abstención que estuvo entre el 70 y el 80% y que la comunidad internacional -esto es Estados Unidos, la Unión Europea y buena parte de América Latina- no reconocen la legitimidad de esos comicios.
Oficialmente la participación fue del 30,5% de los poco más de 20 millones que estaban habilitados para votar. Según el Consejo Electoral, la alianza de partidos que apoyan a Maduro se llevó 68,4% de los 6,2 millones de votos contabilizados con casi 99% escrutado.
“Ha iniciado una nueva etapa de reconstrucción del Parlamento y la recuperación de nuestro país”, escribió Maduro en Twitter ayer lunes, celebrando el resultado de unas elecciones en las que no tuvo oposición y que de antemano se sabía que iba a adjudicarse el triunfo.
Sin embargo, hasta ayer lunes más de 50 países anunciaron que no reconocen las elecciones del domingo en Venezuela, entre ellos Uruguay.
En América, un grupo de 16 países firmaron una declaración en la que denuncian la falta de legitimidad de esas elecciones. En el documento, firmado por Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Santa Lucía, se pide además a la comunidad internacional unirse “al rechazo de estas elecciones fraudulentas”.
Uruguay no firmó esta declaración, pero a través de la Cancillería manifestó su “preocupación” ante el proceso de elecciones de Venezuela que “no fue llevado a cabo en conformidad con los principios y valores democráticos”.
El Gobierno uruguayo expresó así que el acto electoral no estuvo apegado a los valores democráticos “al carecer de garantías mínimas de transparencia para que la voluntad del pueblo venezolano en su conjunto se vea fielmente reflejada en las urnas”.
“La preparación y desarrollo de estos comicios se apartó de los estándares internacionales, debido a la inexistencia de órganos de contralor independientes e imparciales en el país y por no regir actualmente en Venezuela el estado de derecho y la separación de poderes”, subraya la Cancillería.
En ese sentido, Uruguay reiteró que “es necesario” que Maduro y la oposición “encaren un proceso de diálogo amplio, con participación de todos los actores y acompañamiento de la comunidad internacional” para lograr una salida pacífica a la crisis que afecta a ese país.
México, Argentina y Bolivia mantuvieron ayer silencio.
Por su lado, el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, reiteró que la Casa Blanca seguirá reconociendo como presidente de Venezuela a Juan Guaidó, actual presidente de la Asamblea Nacional de mayoría opositora.
“La comunidad internacional no puede permitir que Maduro, que está en el poder de manera ilegítima porque robó las elecciones de 2018, se beneficie de robar una segunda elección”, expresó Pompeo.
La oposición obtuvo la mayoría de la Asamblea Nacional en las legislativas de 2015, elecciones en las que participó el 71% de los habilitados.
Sin embargo, en 2018, se marginó de los comicios presidenciales al considerarlos un fraude y la mayoría opositora del Parlamento declaró a Maduro “usurpador”. Guaidó reclamó entonces la presidencia encargada de Venezuela con respaldo de medio centenar de países.
El Reino Unido, en tanto, “no reconocerá la legitimidad” de la nueva Asamblea Nacional surgida de “elecciones profundamente defectuosas”, afirmó el ministro de Relaciones Exteriores británico, Dominic Raab.
La Unión Europea indicó por su parte que el domingo no hubo “estándares internacionales mínimos”. El bloque “no puede reconocer este proceso electoral como creíble, inclusivo o transparente”, dijo el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell.
La otra cara.
Los aliados de Maduro no se hicieron esperar para felicitarlo. Así lo hizo el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, y el líder del Partido Comunista cubano (PCC), Raúl Castro.
Rusia, en tanto, celebró la “transparencia” del proceso. “Partimos del principio de que la nueva Asamblea Nacional será el terreno (...) para un diálogo constructivo entre todas las fuerzas políticas” y ayudará a “superar los desacuerdos que existen en la sociedad venezolana a través de negociaciones”, subrayó la cancillería rusa.
Esto va en línea con lo que dijo el domingo el expresidente del gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero, uno de los invitados internacionales del régimen venezolano para acompañar las elecciones junto a los exmandatarios Evo Morales, de Bolivia; Rafael Correa, de Ecuador, y Fernando Lugo, de Paraguay.
Plebiscito
La oposición a Nicolás Maduro comenzó ayer lunes una consulta a la población en rechazo al régimen chavista y las legislativas del domingo, que funcionará de forma virtual del 7 al 12 de diciembre. Juan Guaidó aseguró que la consulta no tiene efectos inmediatos ni es una elección, sino que busca mantener movilizados a los opositores.
Chavismo se adjudica el 72% de votos.
El chavismo proclamó ayer lunes un triunfo mayor al adjudicado en las elecciones parlamentarias del domingo, al asegurar que obtuvo el 72% de los votos pese a que el boletín oficial, con el 98,6% contado, le otorga el 68,4%. El Consejo Nacional Electoral (CNE) ubica en 30,5% la participación, lo que arroja una abstención del 69,5% en estos comicios boicoteados por la mayoría opositora que controla actualmente la Asamblea Nacional.
La presidenta del CNE, Indira Alfonzo, indicó que la alianza de partidos oficialistas conocida como Gran Polo Patriótico (GPP) se hizo con 4,2 millones de votos, si bien no precisó en cuántos escaños se traduce este resultado que sí les asegura una clara mayoría.
En la categoría “lista nacional”, resultaron electos los oficialistas Diosdado Cabello, considerado el número dos del régimen, y Cilia Flores, esposa de Nicolás Maduro. Esa categoría agrupa a 48 de los 277 escaños en disputa y el gobernante Partido Socialista Unido (PSUV) se hizo con 36, si bien quedan dos plazas por definirse.
Por el lado “opositor”, Óscar Figuera se convirtió en el único del Partido Comunista (PCV) en hacerse con un escaño hasta ahora.
“Ha sido una gigantesca victoria de las fuerzas de la revolución venezolana, fue una gigantesca victoria de Nicolás Maduro”, dijo el jefe de campaña oficialista y diputado electo, Jorge Rodríguez.
La sentencia la hizo para recordar que Maduro planteó los comicios como un plebiscito a su cargo, al asegurar que si la oposición minoritaria que participó en las votaciones las ganaba él se iba de la Presidencia.
Cabello, vicepresidente del PSUV, dijo en Twitter que el supuesto triunfo con el 72% de los votos no implica que esta fuerza controlará igual porcentaje de escaños, sino “mucho más”.
La actual Asamblea Nacional tiene mayoría opositora, cuyos líderes llamaron a no votar el domingo porque consideran un fraude la elección.
Human Rights Watch (HRW) denunció ayer lunes que el régimen comunista en Cuba está usando las medidas para prevenir el avance de la pandemia del COVID-19 para intensificar la represión contra los opositores. Un informe de la organización registró 34 casos de hostigamiento o detención en los últimos meses por parte de las autoridades cubanas, por el delito de “propagación de epidemias”, encarcelamiento en celdas “insalubres”, y multas por presuntamente violar las reglamentaciones para evitar los contagios, entre otros abusos.
“Las autoridades cubanas se han aprovechado de las normas contra el COVID-19 para ampliar la larga lista de herramientas represivas que utilizan en contra de sus críticos”, afirmó José Miguel Vivanco, director para las Américas de HRW, en un comunicado. “Esto forma parte de un patrón más amplio en el cual el gobierno utiliza de forma descarada cualquier excusa para reprimir el disenso sistemáticamente”, añadió Vivanco.
HRW destacó el caso de 14 artistas y disidentes vinculados al colectivo Movimiento San Isidro que fueron detenidos el 26 de noviembre por supuestamente haber violado las normas del COVID-19. Estos activistas llevaban 10 días atrincherados en una casa del centro histórico de La Habana desafiando al gobierno cubano, al que exigían liberar a uno de los suyos, el rapero Denis Solís.