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MADRID | DANIEL BELTRÁN ROHR, CORRESPONSAL Y AGENCIAS

El juez español Baltasar Garzón renunció ayer a las investigaciones sobre los crímenes cometidos en la Guerra Civil y el franquismo, y dejó el caso en manos de tribunales provinciales, accediendo de esta manera al pedido de la Fiscalía.

El juez de la Audiencia Nacional, principal instancia judicial española, anunció el 16 de octubre que iniciaría una investigación para determinar la suerte de unos 114.000 desaparecidos durante la Guerra Civil y en los primeros años de la dictadura de Franco. Fue así que autorizó la apertura de 25 fosas comunes donde se cree están enterrados republicanos asesinados en el proceso.

Pero Garzón decidió ayer enviar la causa a los juzgados territoriales en los que se encuentran las fosas que autorizó a abrir, anunciaron ayer fuentes judiciales. En un documento de 152 páginas, el magistrado lamentó la disputa judicial que se generó sobre su competencia en la causa, que fue cuestionada en un recurso de la Fiscalía de la Audiencia Nacional, que desencadenó su renuncia.

La Fiscalía se opuso a la investigación, que sería la primera sobre esta etapa de la historia en España, alegando una ley de amnistía de 1977 por la cual prescribían todos los delitos ocurridos en esa época.

El Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas pidió se anule esa ley, por entender que está en contradicción con los tratados internacionales a los que España adhiere.

presiones. La decisión de Garzón "deja en evidencia la debilidad de la democracia española a la hora de afrontar la reparación a las víctimas del franquismo", señaló Emilio Silva, presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH). Además, "deja la pelota en el tejado del gobierno", que es contrario a una investigación judicial, al igual que la fiscalía, agregó.

Según la organización, la decisión de Garzón pudo deberse a "presiones políticas".

La ARMH, que agrupa a familiares de víctimas, exhuman los restos de sus parientes desde hace ocho años al margen de las acciones judiciales. Desde 2000 abrieron más de 170 fosas y exhumaron unos 4.000 cuerpos; poseen datos de que existen más de 400 fosas en toda España. Una de ellas, ubicada en la provincia de Granada, sería la que esconde los restos del poeta Federico García Lorca.

En la práctica, la decisión del juez divide el caso en pequeñas causas que irán a jueces diferentes. Además, aleja la posibilidad de que se pueda abrir un proceso judicial único para revisar lo ocurrido durante ese período de la historia española.

No obstante, Garzón defendió con vehemencia en el escrito los argumentos que lo llevaron a iniciar la investigación.

El magistrado aseguró que "las atrocidades" cometidas durante la guerra y la dictadura de Franco constituyen un delito de crímenes contra la humanidad por la desaparición sistemática de miles de opositores al régimen franquista.

"Ante unos hechos como los aquí valorados y, a todos estos efectos, no es lo mismo declarar extinguida la responsabilidad de los principales cabecillas por fallecimiento, que otorgarles la impunidad, el perdón y el olvido judicial, tildando sus acciones como mera represión política", señaló Garzón.

De hecho, Garzón eximió por causa de muerte a Franco y a otros 44 altos cargos de la Falange Española, el partido político en que se apoyó el dictador para respaldar el golpe.

Al mismo tiempo, el magistrado recordó que el hecho de que todavía existan víctimas vivas de aquellos años implica que también podría haber culpables. "La investigación presenta muchas dificultades de prueba por el tiempo transcurrido; es difícil que existan autores vivos. Pero no es válido para impedir que se investigue", aseguró Garzón, en su último intento para que el caso no muera con su renuncia.

El juez explicó que "una vez que se constata la extinción de la responsabilidad por fallecimiento (...), la competencia del Juzgado y de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional desaparecen". Por eso transfiere a los juzgados territoriales la responsabilidad de encargarse de manera "urgente" de la apertura de las fosas.

El magistrado exhortó a "la más rápida y urgente exhumación de los cuerpos de los que existan datos (...) Máxime si se tiene en cuenta que, al tratarse de un crimen de detención ilegal con desaparición forzada de personas, el delito se sigue cometiendo hoy, tanto en el caso de los que aparezcan muertos como en el de los que están vivos", según el texto del auto.

Garzón también instó a investigar el paradero de los niños que en esa época fueron sustraídos de sus familias republicanas y a quienes se les cambió el nombre para ser adoptados por personas relacionadas con el régimen franquista o fueron internados en instituciones estatales.

Defensa. José Antonio Martín Pallín, magistrado del Tribunal Supremo de Justicia salió en defensa del trabajo de Garzón, ante las presiones de ARMH.

El juez subrayó que aunque "jurídicamente se podría discutir la iniciativa de Garzón", éste "prestó un gran servicio histórico a España".

Asimismo añadió que si Garzón no puede continuar la tarea "la seguirán los tribunales internacionales".

Martín Pallín defendió además que "la verdad tiene que salir por madurez democrática, no por vergüenza". Al tiempo que destacó que "hubo ejecuciones extrajudiciales y desapariciones (durante la Guerra Civil) que deberían ser esclarecidas". "Los crímenes contra la humanidad no prescriben", sentenció el magistrado.

Madrid | A Baltasar Garzón, de 53 años, se lo podría definir como "el juez más famoso de España". Su vasta y pública carrera le posibilitó ganarse este lugar.

El magistrado, entre otras cosas, fue decisivo en la lucha contra ETA, golpeando a la trama financiera y al entorno de la banda. En 2002 suspende las actividades de Batasuna, adelantándose al Supremo, que prepara su legalización aplicando la Ley de Partidos. Algunos lo consideran el primero que disparó fuerte contra el terrorismo islamita ya que en 2003 dictó una orden de detención contra Osama Bin Laden, último responsable de Al Qaeda, dejando boquiabierto a todo el mundo. El día de la matanza del 11-M, Garzón se presentó en uno de los escenarios del atentado aunque no estaba de guardia.

También comenzó con el caso Augusto Pinochet, en julio de 1996. En un principio el juez competente era Manuel García Castellón, pero Garzón no renunció a la causa y dos años después, valiéndose de otra querella contra el dictador, se la apropia. Esta perseverancia en la persecución de lo que le interesa lo guió en el caso sobre los crímenes del franquismo, quizá su mayor derrota. el país de madrid