En la voz del secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla, el gobierno de Alberto Fernández criticó ayer el duro informe de Human Rights Watch (HRW) y lo calificó de “inconsistente” y “parcial”. La organización con sede en Washington había hablado en su informe anual que el ataque del Poder Ejecutivo argentino hacia la Justicia “socava el Estado de Derecho”.

“En la Argentina, la retórica hostil hacia los jueces por parte de autoridades, las demoras en la designación de jueces y otras autoridades de alto nivel y la corrupción, también presente en el poder judicial, han socavado de forma progresiva el Estado de derecho”, advirtió el informe de la organización.

“El anuncio de juicio político contra todos los integrantes de la Corte, junto con declaraciones iniciales de que no se acataría un fallo del más alto tribunal, constituye un gravísimo ataque a la separación de poderes”, dijo a La Nación Taraciuk Broner, directora en funciones para las Américas de Human Rights Watch.

Luego de horas de silencio -el informe se conoció ayer por la noche-, Pietragalla detalló las a su criterio “inconsistencias” del informe, producto de “falta de información suficiente” y “miradas parciales”. Combinó su defensa del gobierno con ataques a la oposición, a tono con la retórica oficialista.

“No desconocemos la crisis institucional que atraviesa Argentina en materia judicial y que implica un escenario complicado para avanzar en derechos humanos”, comenzó el dirigente. Interpretó que “el Estado de Derecho no se socava cuando se recurre a mecanismos previstos en la propia Constitución Nacional para recuperar la legitimidad perdida de la Corte Suprema”, dijo, en defensa de la decisión oficial de avanzar con el juicio a los miembros de la Corte en la Cámara de Diputados.

“El Estado de Derecho se socava cuando se designan jueces por decreto, cuando se inventan causas para desplazar a la Procuradora General, cuando se establece la práctica del lawfare contra un sector político, cuando se hostiga a jueces que dictan sentencias a favor de los más vulnerables, cuando se recurre a agentes de inteligencia para espiar a opositores políticos, presos y abogados. Lamentamos que HRW haya permanecido en silencio frente a tales atropellos reconocidos por el Relator de Independencia Judicial de la ONU”, contraatacó el funcionario, uno de los leales a la vicepresidenta Cristina Kirchner.

“El Estado de Derecho se socava cuando un grupo de jueces recibe dádivas de un grupo empresario poderoso sobre el que deben resolver causas, y eso no es investigado y sancionado por los mecanismos institucionales establecidos, como el Consejo de la Magistratura, por decisión del Presidente de la Corte Suprema. El Estado de Derecho se socava cuando la Justicia no investiga seriamente quiénes financiaron el atentado a la vicepresidenta”, continuó.

“El mecanismo del juicio político es un mecanismo constitucional y democrático y es el que permitió, por ejemplo, reemplazar a la Corte menemista en 2003, una medida que incluso fue aplaudida por HRW. Nuestro gobierno justamente pretende reestablecer el principio de independencia judicial y recuperar la legitimidad de uno de los tres poderes del Estado. Por eso a 40 años de la vuelta de nuestra democracia seguiremos apostando a su fortalecimiento, en Argentina y la región”, culminó Pietragalla.

El Informe Mundial 2023, de 712 páginas en su versión en inglés, investiga abusos en unos 100 países y es la 33ª edición de este informe de Human Rights Watch, una de las organizaciones globales líderes en la defensa de los derechos humanos.

Taraciuk Broner señaló que “los altos niveles de polarización y la incapacidad de la política para alcanzar consensos mínimos también están erosionando el Estado de derecho” en Argentina, y destacó que el Congreso ha sido incapaz de designar un Defensor del Pueblo desde 2009, un Procurador General desde 2018 y un magistrado en la Corte desde 2021, cuando renunció la jueza Elena Highton de Nolasco.

En base a La Nación (GDA)