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Desde la década de los setenta, que acabó provocando la llegada del neoliberalismo de Margaret Thatcher, no era habitual que en el Reino Unido, que disputa a Francia el puesto de segunda mayor economía europea, se enviaran este tipo de excusas por incumplimiento contractual: "Estimado cliente, el servicio de entrega a ese código postal ha sido suspendido por dos días para que nuestro almacén pueda aligerar el retraso acumulado. El aumento de demanda y la escasez de conductores han llevado a esta acumulación".

No ha sido el primer correo electrónico de estas características recibido por Daniel Juliá, un español afincado en Londres desde hace décadas que tiene, junto a otro socio, un negocio de distribución de material de hostelería y otro de reparto de hielo. “Para la distribución del hielo necesitamos al menos 12 conductores. Si me falla alguno, tengo un serio problema, porque es complicadísimo encontrar ahora mismo un reemplazo”, explica.

Su problema, a una escala reducida, es el mismo que afecta actualmente a todo el Reino Unido, y que ha llevado a que la cadena portuguesa de restaurantes Nando´s, especializada en distintos platos con pollo y muy popular entre los ingleses, haya tenido que cerrar algunos de sus establecimientos por no disponer de materia prima suficiente.

Lo mismo pasa en la reconocida McDonald’s —donde faltan batidos y otras bebidas embotelladas— o que la cadena de pubs Weatherspoon, que se ha quedado sin algunas marcas de cerveza. O los grandes supermercados Sainsbury’s, que se han esforzado estos días por sortear la escasez de sus ofertas habituales que reflejaban las estanterías vacías. O Coca-Cola, que reconocía que sus plantas embotelladoras de Inglaterra, Escocia y Gales se habían quedado sin latas de aluminio.

La nueva Ley de Inmigración, en vigor desde febrero del año pasado y que restringió aún más el acceso de los ciudadanos europeos al mercado laboral británico, coincidió con el inicio de una pandemia que obligó a concentrar todos los esfuerzos de supervivencia de las empresas.

Es por esto que la última decisión unilateral adoptada por Downing Street, anunciada este martes, retrasará hasta medio año los controles aduaneros y sanitarios de los alimentos procedentes del continente, según se acordó en la negociación del Brexit. “Queremos que las empresas se centren en la recuperación antes que hacer frente a todas las nuevas exigencias en la frontera. Por eso hemos desarrollado un nuevo calendario más pragmático para la introducción de controles aduaneros”, ha justificado David Frost, el secretario de Estado para Asuntos de la UE.

Según el cambio de criterio anunciado, las declaraciones completas de aduanas seguirán siendo obligatorias a partir del 1 de enero de 2022, pero los controles en materia de seguridad de diversos productos alimentarios procedentes de la UE se retrasarán en su puesta en marcha. Certificados sanitarios de exportación, o controles in situ de productos sanitarios o fitosanitarios, previstos para el próximo 1 de octubre o para el 1 de enero, se retrasan hasta julio del año que viene. El Gobierno de Johnson se afana desesperadamente por reducir los problemas de desabastecimiento en supermercados y restaurantes, que comienzan a convertirse en un quebradero de cabeza político.

Los planes para ajustar las necesidades laborales al nuevo esquema de residencia acordado entre Londres y la UE (el llamado EU Settlement Scheme), y asegurarse así la permanencia de los trabajadores que ya tenían contratados, quedaron congelados. “Desde entonces, muchos de nuestros miembros nos han descrito una tormenta perfecta que ha alterado todo su proceso de transformación”, asegura la CBI, la principal patronal del Reino Unido. “Además de que la pandemia interrumpió su capacidad para prepararse y adaptarse al nuevo sistema de inmigración, empujó también a muchos trabajadores comunitarios a abandonar el país para estar más cerca de sus familias”, indica.

Y muchos de los que huyeron de un Reino Unido paralizado durante meses por el virus —la Oficina Nacional de Estadística los cifró en más de un millón a lo largo de un año— lo hicieron sin regularizar previamente su situación. Conclusión: su vuelta ahora se ha convertido en un conduso trámite por el que la empresa debe solicitar el visado, demostrar que sus necesidades se ajustan a las contempladas por la nueva Ley de Inmigración, o que la oferta de trabajo supere los 30.000 euros anuales.

La CBI calcula que el Reino Unido necesitaría al menos 100.000 camioneros más para paliar los crecientes problemas de desabastecimiento. Y no es solo ese el principal agujero. Faltan trabajadores capaces de manejar maquinaria pesada, y también transportistas de trayecto corto. Falta personal para las plantas procesadoras de alimentos, para el cuidado de ganado o para la recolección de frutas, hortalizas y flores.

No hay dependientes para las tiendas, operarios para los almacenes, personal de limpieza para hoteles y oficinas. Ni carpinteros, ni electricistas; ni ingenieros mecánicos ni trabajadores para las plantas de ensamblaje. “A nuestros oídos ha llegado el caso de empresas que restringen artificialmente su capacidad porque son incapaces de satisfacer la alta demanda. Es el caso, por ejemplo, de los hoteles que están limitando el número de habitaciones que reservan porque no tienen suficiente personal de limpieza ni pueden disponer del servicio de lavandería suficiente”, explica el informe elaborado por la CBI.

El Gobierno de Boris Johnson se resiste a admitir que su principal logro político, el Brexit, puede provocar daños irremediables, al menos a medio plazo, a la economía del país. La respuesta de la ministra del Interior, Priti Patel, con un discurso de extrema dureza respecto a la inmigración, es que los empresarios se esfuercen en formar, preparar y contratar a ciudadanos británicos. En los camioneros, se ha comenzado a agilizar los exámenes para obtener la licencia de conducción, muy ralentizados durante la época de las restricciones sociales por la pandemia. Pero no se ha atendido la demanda empresarial de que se permita el regreso temporal de todos los conductores rumanos, polacos, portugueses o españoles que podrían aliviar una situación de estrés que amenaza con nuevas escenas de estanterías vacías durante el periodo navideño.

“Todo esto va a durar más de lo que la gente cree”, asegura Andrew Sentance, un reputado economista que asesora a la empresa de análisis Cambridge Econometrics y exconsultor externo del Banco de Inglaterra. “La falta de trabajadores formados puede prolongarse durante años. El impacto que el Brexit ha tenido sobre nuestra capacidad de obtener mano de obra de la UE permanecerá. Y el proceso de formación del personal se ha visto alterado por la pandemia, porque la gente no trabajaba y se hallaba bajo un ERTE”, continúa Sentance.

Las principales instituciones económicas del Reino Unido, así como los grandes partidos políticos (especialmente el Laborista, ahora en la oposición) han decidido dejar atrás los largos años de tensión en torno al Brexit y tratar la decisión como un hecho consumado. Eso no quiere decir que, desde la sutileza, no se sigan señalando las consecuencias negativas que acarreó la decisión de abandonar la UE.

El gobernador del Banco de Inglaterra, Andrew Bailey, —que en un informe aseguraba que la tensión en la cadena de suministro o la subida de precios de algunas materias primas se irían rebajando con el tiempo— no pudo evitar mostrar su preocupación por la escasez de mano de obra. “Otros tendrán una opinión distinta, pero yo no puedo evitar empezar a preocuparme por esta persistencia en el mercado laboral”, aseguraba Bailey el miércoles ante la Comisión de Economía de la Cámara de los Comunes.