EFE

LIMA

El gobierno de Perú formalizó este lunes ante el Congreso un proyecto de ley que plantea el adelanto de las elecciones generales en el país para abril de 2024, que fue entregado con las firmas de la presidenta Dina Boluarte y su primer ministro, Pedro Angulo, en medio de la grave crisis política y social que afronta el país andino.

"El contexto actual de crisis política y social no es menos diferente que las situaciones que motivaron en el pasado la formulación de una propuesta que implique el adelanto de las elecciones generales para el recorte de mandato", sostiene el proyecto en sus fundamentos.

La norma, que ya fue anunciada por Boluarte pasada la medianoche de este lunes, propone una "reforma constitucional, que modifica el mandato de la presidenta de la República, de las y los congresistas y representantes ante el Parlamento Andino, y establece el adelanto de elecciones generales para el año 2024".

Su entrega formal fue confirmada este lunes por el ministro de Defensa, Alberto Otárola, durante una presentación ante el pleno del Congreso a la que acudió junto al ministro del Interior y del primer ministro para dar los detalles de las manifestaciones violentas que se reproducen en el interior del país desde el domingo.

En el proyecto se incorpora una disposición transitoria que indica que, ante su carácter excepcional, ya que el actual mandato debe terminar en julio de 2026, "no son de aplicación" para las actuales autoridades electas los plazos establecidos en los artículos 90 y 112 de la Constitución peruana, que establecen un permanencia en sus cargos durante cinco años.

Detalla que la propuesta para que los comicios sean en abril de 2024 está "vinculada con el cierre del padrón electoral", que debe realizarse un año antes, el mismo plazo límite en que las leyes establecen para hacer reformas legales.

Indica que ese plazo "deberá servir también para aprobar, de ser el caso, las reformas constitucionales referidas al régimen político peruano" y remarca que "urge realizar cambios democráticos y constitucionales en el Congreso, obedeciendo fundamentalmente el sentimiento de la ciudadanía".

El proyecto recuerda, además, que una iniciativa de este tipo debe ser aprobada "por mayoría absoluta del número legal" de parlamentarios y ratificada mediante un referéndum, aunque esto puede omitirse si recibe el voto favorable en dos legislaturas ordinarias sucesivas.

Añade que, en ese caso, los organismos electorales deben adecuar el cronograma electoral "de acuerdo con la normatividad vigente" que, según señaló, indica que la convocatorias a comicios generales "no podría ser igual o mayor a los 270 días que establece el marco normativo" peruano.

Al anunciar esta propuesta durante la madrugada de este lunes, Boluarte dijo que tomó la decisión de no terminar su mandato en julio de 2026 al interpretar "de la manera más amplia la voluntad de la ciudadanía y, en consecuencia, con la responsabilidad que implica el ejercicio" del gobierno.

Aclaró, además, que la aprobación de esta ley implica reformas constitucionales "que deberían ser aprobadas para el procedimiento más expeditivo", con el objetivo de que quede al margen "toda la práctica de corrupción y con partidos políticos legitimados por la participación ciudadana".

La presidenta asumió su cargo el pasado miércoles en reemplazo de Pedro Castillo, quien fue destituido por el Congreso luego de que dictara la disolución del Parlamento, anunciara la conformación de un ejecutivo de emergencia, que iba a gobernar por decreto, convocar a una asamblea constituyente y a reorganizar el sistema de justicia.

Esa crisis política llevó al estallido de protestas sociales en el interior del país, sobre todo en la zona sur, donde se han presentado tres muertos hasta el momento, mientras que grupos de manifestantes exigen la renuncia de Boluarte, el cierre del Congreso y la convocatoria a nuevas elecciones.