AFP, EFE
El opositor al gobierno de Venezuela, Andrés Caleca, expresidente del Consejo Nacional Electoral (CNE) de ese país, denunció ayer domingo que su pasaporte fue anulado por las autoridades “sin justificación” ni aviso, como le ha pasado a activistas de derechos humanos y periodistas allí en los últimos días, según reportes de varias ONG.
“Aparece en la página oficial del Saime (Servicio de Identificación, Migración y Extranjería) que estaba anulado sin ninguna explicación, sin ningún aviso, de modo que si yo hubiera tenido la mala fortuna de estar fuera del país me convierto en un apátrida”, dijo el político.
Explicó que, en vista de la “alerta que está rodando desde hace varios días en las redes sociales” sobre anulaciones de pasaportes a personas críticas con el Gobierno de Nicolás Maduro, optó por revisar el estatus de su documento, cuya vigencia, aseguró, expira en 2032. “Esto es una medida de amedrentamiento, de terror, de provocar eliminar toda movilización y toda protesta ciudadana, (pero) en el caso mío pierden el tiempo”, prosiguió Caleca, quien cree que estas acciones “están dirigidas muy seria y pensadamente para desmotivar a la gente” que ha rechazado el resultado oficial de las elecciones del 28 de julio, que ratificó la victoria del presidente Nicolás Maduro.
A su juicio, la anulación de pasaportes “es lo menos grave” que ha ocurrido en medio de la “escalada represiva sin parangón” que vive el país, inmerso en una crisis política debido a los cuestionamientos de la oposición mayoritaria y varios Gobiernos extranjeros al anunciado triunfo de Maduro en las urnas, lo que desató protestas que se saldan con 24 muertos, según la ONG Provea.
Incomunicado
Entre los muchos casos de arrestos irregulares, destaca el del exdiputado Williams Dávila, quien lleva tres días incomunicado tras haber sido detenido el jueves al término de una manifestación convocada por la principal coalición opositora de Venezuela, la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), en el contexto de la crisis poselectoral que atraviesa el país, aseguró ayer la familia del antichavista.
William Dávila, hijo del exdiputado, explicó que familiares y abogados han intentado sin éxito obtener información sobre el lugar en el que recluyeron a su padre, que fue capturado en el este de Caracas por sujetos que “se lo llevaron” a bordo de “una camioneta sin identificación”.
“Desde entonces no sabemos nada, no tenemos comunicación, no tenemos ningún tipo de información oficial y, por tanto, no sabemos exactamente, entendemos que fue víctima de una desaparición forzosa”, denunció Dávila, quien recordó que su padre, de 73 años de edad, tiene una condición médica por la que necesita fármacos a diario.
El sábado los abogados intentaron introducir un recurso legal ante la Fiscalía para “forzar” a las autoridades a informar el sitio de reclusión, pero la demanda no fue admitida bajo el alegato -dijo- de que estas solicitudes se atienden de lunes a viernes. “Estamos muy preocupados, porque lo que necesitamos urgente es tener acceso a él para llevarle las medicinas y que pueda estar medicado”, insistió.
El Gobierno de Portugal exigió el viernes la “liberación inmediata e incondicional” de Dávila, tras recordar que el político tiene nacionalidad portuguesa y “fue detenido de forma arbitraria y con salud precaria”.
Según el Ejecutivo venezolano, más de 2.400 personas han sido detenidas en el contexto de las protestas desatadas tras las elecciones del 28 de julio, cuyo resultado oficial entregado por el Consejo Nacional Electoral (CNE) dio la victoria al presidente Nicolás Maduro, lo que ha sido señalado de fraudulento por la PUD, numerosos países y organizaciones internacionales.
Unas doce personas han muerto en las protestas que han sido reprimidas por las fuerzas del chavismo.
Machado: “El resultado no es negociable”
La líder opositora María Corina Machado rechaza la celebración de nuevas elecciones y ofrece las actas electorales en posesión de la oposición, para quien las quiera revisar, en una entrevista publicada ayer domingo en el diario español El País.
Machado subraya que el resultado de las elecciones del pasado 28 de julio “no es negociable” así como tampoco lo es “la soberanía popular” que, según reclama, dio su apoyo mayoritario al candidato de la oposición, Edmundo González.
“¿En qué cabeza cabe que se haga otra elección? Aquí ya hubo una, bajo los términos del régimen, con una campaña absolutamente desigual. Bajo sus términos fuimos, con sus máquinas, con sus actas… Nosotros las actas que tenemos son documentos oficiales del CNE. Bajo sus reglas, ganamos, el mundo sabe que arrasamos”, reitera la opositora venezolana.
En esa línea, señala que “el desafío es hacer que Maduro entienda que su mejor opción es aceptar los términos de una transición negociada”, una salida con la que “muchos gobiernos están alineados”.
“Yo creo que es una posición que une a todos los países del mundo cuando dicen que hay que tener una verificación imparcial de las actas”, dice, al tiempo que añade que las que están en manos de la oposición “están a la orden para que quien quiera analizarlas, verificarlas, pueda hacerlo”.
Para la opositora, “se puede hablar ya de transición” aunque aún no tanto “de negociación”. EFE
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