Redacción El País
El ataque terrorista de Hamás y la guerra que le siguió está provocando crisis diplomáticas de Israel con países de Sudamérica. El martes, Bolivia rompió relaciones con Israel, en tanto Chile y Colombia convocaron en consulta a sus embajadores en Tel Aviv. En los tres casos en protesta por los bombardeos israelíes sobre objetivos de Hamás en la Franja de Gaza. Y en los tres casos los países latinoamericanos implicados tienen gobiernos de izquierda.

El presidente boliviano Luis Arce fue el primero de Latinoamérica en cortar vínculos con Israel desde que estalló la guerra en Hamás. Antes de romper relaciones con Israel, Arce se reunió con el embajador palestino, Mahmoud Elalwani, y expresó su rechazó a “los crímenes de guerra que se cometen en Gaza” y abogó por un territorio para los palestinos sin ocupación israelí.

Israel respondió acusando a Bolivia de capitular frente al terrorismo. “La decisión del gobierno de Bolivia de cortar los lazos diplomáticos con Israel es una capitulación frente al terrorismo y al régimen de los ayatolás de Irán”, afirmó ayer miércoles el portavoz del ministerio israelí de Relaciones Exteriores, Lior Haiat.

“El gobierno boliviano se alinea con la organización terrorista Hamás, que masacró a más de 1.400 israelíes y secuestró a 240 personas, entre ellas niños, mujeres, bebés y ancianos”, agregó en referencia al ataque del 7 de octubre.

En su declaración, las autoridades bolivianas no mencionaron el violento ataque de Hamás en territorio israelí.

Hamás, por su lado, saludó el anuncio de Bolivia expresando su “gran estima” por la decisión, e instó “a los países árabes que han normalizado sus relaciones” con Israel a hacer lo mismo.

Bolivia ya había roto en otras ocasiones las relaciones con Israel, que datan de 1969. En 2009, el gobierno de Evo Morales tomó la misma determinación por un ataque israelí en la Franja de Gaza. Las relaciones volvieron una década después en el gobierno Jeanine Áñez.

Chile, por su parte, llamó a consultas en la noche del martes a su embajador en Tel Aviv por “las inaceptables violaciones del Derecho Internacional Humanitario en que ha incurrido Israel en la Franja de Gaza”, según un boletín de la cancillería del gobierno de Gabriel Boric. “Chile condena enérgicamente y observa con gran preocupación que dichas operaciones militares -que a estas alturas de su desarrollo comportan un castigo colectivo a la población civil palestina en Gaza- no respetan normas fundamentales”, indicó el gobierno de Boric.

En la misma línea, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, convocó a su embajadora en Tel Aviv. “Si Israel no detiene la masacre del pueblo palestino no podemos estar allá”, añadió Petro en su cuenta de X.

Ayer miércoles Israel acusó a Colombia y Chile de alinearse “con Venezuela e Irán en apoyo al terrorismo de Hamás”.

“Israel espera que Colombia y Chile apoyen el derecho de un país democrático a proteger a sus ciudadanos y exijan la liberación inmediata de los secuestrados” en Gaza, y “que no se alineen con Venezuela e Irán en apoyo al terrorismo de Hamás”, dijo un portavoz del Ministerio de Exteriores de Israel.

Remarcó además que entre las víctimas del ataque del 7 de octubre “hay ciudadanos de Colombia, Chile y otros países latinoamericanos”.

“El Estado de Israel está librando una guerra que le fue impuesta, una guerra contra una organización terrorista que utiliza a los ciudadanos de Gaza como escudos humanos, comete crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad, y viola los derechos humanos de los ciudadanos de Gaza, así como de los ciudadanos de Israel”, denunció el portavoz de Exterior, Lior Hayat.

En Argentina también hay polémica por la posición del gobierno saliente de Alberto Fernández. La Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA) cuestionó ayer miércoles la decisión del Gobierno argentino de condenar el ataque israelí a un campo de refugiados en la Franja de Gaza y pidió diferenciarse de las “posiciones pusilánimes de algunos países de la región”.

En un comunicado, la entidad expresó que “condena las críticas vertidas por la Cancillería argentina hacia Israel por su respuesta militar al criminal atentado terrorista de Hamás del 7 de octubre”.

La DAIA aludió al “derecho a la defensa que tiene un Estado democrático ante el brutal ataque en el que fueron asesinadas más de 1.400 personas, se hirieron a miles y se secuestraron a 239” personas, de las cuales 21 son argentinos, dijo.

“Es momento de diferenciarse de las posiciones pusilánimes de algunos países de la región que han decidido romper relaciones con Israel y condenar su legítimo derecho a la defensa”, reclamó la entidad.

“Es indispensable que Argentina, al igual que la comunidad internacional, eleve su voz y repudie explícitamente la violencia desencadenada por Hamás que pretende asesinar judíos y llevar nuevamente al Medio Oriente por el camino de la muerte y la destrucción”, afirmó la DAIA. (AFP, EFE)

El Ejército israelí denunció que Hamás se apoderó de combustible almacenado en los hospitales de Gaza, incluso contra el criterio de los propios directivos y responsables hospitalarios. El Ejército presentó ayer miércoles una grabación de audio de una conversación telefónica, supuestamente interceptada por los servicios de inteligencia israelíes, en la que se escucha a dos hombres hablando en árabe, uno de los cuales es identificado como “residente en Gaza y comandante de Hamás” y el otro como “personal de un centro hospitalario”.

“A pesar de su naturaleza sensible, esta información de inteligencia interceptada está siendo desclasificada para exponer la cínica explotación de los recursos humanitarios por parte de Hamás en la Franja de Gaza”, indicó un comunicado del Ejército. “El vídeo confirma que Hamás controla la distribución de energía en Gaza, priorizando las necesidades terroristas sobre las necesidades de su población civil”, señala.

De acuerdo con la grabación, el comandante de Hamás -en concreto del denominado “Batallón Yabalia Occidental” del grupo islamista- alude repetidamente a que este “toma combustible de las existencias del hospital”, porque dice que está “trabajando como gobierno por el bien del país”, ante lo que su interlocutor termina acatando la orden pese a que advierte de que no es conveniente.