EFE, AFP / Caracas
La ONG Provea informó que personas detenidas luego de las elecciones presidenciales en Venezuela del 28 de julio, en contexto de protestas antichavistas, son presionadas y amenazadas para que “admitan delitos que el Ministerio Público (MP, Fiscalía) les ha imputado sin pruebas” y “sin garantías” al “debido proceso”, según denuncias que recibió la organización de familiares de los apresados.

A través de X, la ONG informó que los familiares denunciaron que “agentes del Estado estarían coaccionando a los privados de libertad bajo amenazas de ser pasados a juicios sin ningún tipo de beneficio procesal”, incluso -agregó la ONG- mediante “el sometimiento a torturas y tratos crueles”, que incluyen “golpizas, negación de alimentos y medicinas y restricciones para recibir visitas”.

“Se les estaría obligando a firmar y poner sus huellas digitales en papeles en blanco, lo que constituye un fraude procesal masivo y una nueva y abierta violación de las garantías judiciales de los detenidos”, señaló Provea.

Asimismo, recordó que la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido que el “concepto de tortura y tratos”, así como “penas crueles”, no se limita a “prácticas de violencia física o psíquica”, sino que incluye también “condiciones de detención que no respetan la dignidad humana”, como “casos de hacinamiento” y “malas condiciones de reclusión”, entre otras.

Según Provea, las denuncias de los familiares proceden de detenidos en las cárceles de Tocuyito, Tocorón, el Rodeo y Las Crisálidas.

Tras las elecciones presidenciales, más de 2.400 personas fueron detenidas, según cifras del Ejecutivo, en un contexto de protestas masivas suscitadas contra el resultado oficial que dio la reelección al mandatario Nicolás Maduro, una victoria que ha sido cuestionada dentro y fuera del país.

Las personas detenidas, señaló Provea, están siendo “acusadas de terrorismo”, un delito que, según la legislación venezolana, contempla penas de entre 25 a 30 años de prisión.

“El elevado número de personas acusadas de terrorismo por el Gobierno de Maduro y el cooptado sistema de administración de Justicia venezolano ratifican lo que varias relatorías de Naciones Unidas han calificado como ‘abuso crónico’ de la legislación antiterrorista”, manifestó la organización.

La ONG Provea afirmó que la renovación del mandato de la Misión Independiente de determinación de los hechos de la ONU, que documenta “graves abusos y posibles crímenes de lesa humanidad” en Venezuela, representa “una victoria para las víctimas de violaciones de derechos humanos”.

“La renovación (...) representa una victoria para las víctimas de violaciones de derechos humanos en Venezuela y un paso crucial hacia la memoria y la rendición de cuentas en la lucha contra la impunidad”, expresó la organización no gubernamental, luego de que el Consejo de Derechos Humanos de la ONU aprobara prorrogar por dos años el trabajo de la Misión.

Asimismo, Provea afirmó -en una nota de prensa- que la Misión ha jugado “un papel clave para la historia moderna de Venezuela, escuchando a cientos de víctimas que no encuentran justicia en el sistema judicial” de ese país.

“Esta renovación (...) es un recordatorio para los máximos responsables y perpetradores que los crímenes no serán olvidados”, manifestó.

La resolución fue aprobada por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU con 23 votos a favor, seis en contra (Argelia, China, Cuba, Eritrea, Sudán y Vietnam) y 18 abstenciones. El documento insta a las autoridades a cooperar con la Misión así como con la oficina de la ONU para los Derechos Humanos, cuya representación local en Venezuela fue expulsada el pasado febrero.

El texto lamenta profundamente aquella decisión y expresa alarma por “el agravamiento de las violaciones y transgresiones de los derechos humanos y el aumento de las restricciones del espacio cívico y democrático”, en especial en el contexto de las presidenciales del pasado 28 de julio.

El pasado septiembre, la Misión señaló en su último informe que los abusos se han intensificado tras las elecciones para silenciar cualquier crítica y duda de que Nicolás Maduro fue el ganador de la contienda según el Consejo Nacional Electoral (CNE) -un órgano afín al chavismo- luego de que la mayor coalición opositora denunciara como “fraudulento” el resultado oficial y asegurara que el vencedor fue su abanderado, Edmundo González Urrutia.

González, exiliado en España, afirmó recientemente que volverá a su país para asumir la presidencia.