Miles de simpatizantes radicales del expresidente Jair Bolsonaro invadieron ayer el Congreso, el Tribunal Supremo y el Palacio presidencial de Planalto en Brasilia, en rechazo a la investidura del presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Ante esta situación inédita en Brasil, Lula da Silva condenó los hechos y los atribuyó a “fanáticos fascistas”, luego de que los actuantes protagonizaran escenas de caos ocupando las sedes de los tres Poderes en la capital. Asimismo, el mandatario decretó la intervención federal en el área de la seguridad de Brasilia.

Horas más tarde, Jair Bolsonaro condenó la toma del Congreso, el Supremo Tribunal Federal y el Palacio de Planalto y las comparó con las que la “izquierda” hizo en 2013 y 2017. El exmandatario dijo haber estado siempre dentro de las leyes y la democracia. Asimismo, repudió las acusaciones de Lula contra su persona, quien dijo que los radicales habían sido “estimulados” por el exgobernante y que “pagarán con la fuerza de la ley” por los disturbios provocados.

“Vamos a descubrir a los financiadores” de esas protestas violentas y de cuño golpista, que “destruyeron todo lo que encontraron a su paso”, indicó Lula, quien denunció fallos de seguridad en Brasilia.

Las fuerzas de seguridad recuperaron el control de las sedes, unas cuatro horas después del comienzo de las invasiones y acciones de vandalismo por las masas. Agentes antidisturbios cargaron contra los manifestantes golpistas con gases lacrimógenos y establecieron un perímetro alrededor de la plaza de los Tres Poderes. Según informaciones preliminares de la Policía, citada por medios locales, habría entre 200 y 400 detenidos.

Diversos países de todo el mundo condenaron o repudiaron el asalto contra las instituciones democráticas en Brasil.

Una marea humana de manifestantes vestidos con los colores amarillo y verde de la bandera nacional de Brasil invadió las sedes del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial en la capital brasileña, dejando imágenes impresionantes emparentadas con las de la ocupación del Capitolio -sede del Congreso estadounidense- en Washington en 2021.

Los manifestantes protestaron contra el regreso al poder de Luiz Inácio Lula da Silva, quien derrotó a Bolsonaro en la segunda vuelta el 30 de octubre y fue investido hace una semana como nuevo presidente de Brasil por tercera vez -antes había gobernado entre 2003 y 2010.

Las imágenes de medios como la cadena de televisión Globo News y otras difundidas en redes sociales mostraron a los alborotadores invadiendo instalaciones del Congreso, pero también llegando hasta el Palacio presidencial de Planalto y del Tribunal Supremo Federal -STF, máxima corte- de Brasil, ubicados en la misma área donde se concentran los tres poderes del Estado, la denominada Explanada de los Ministerios.

En lo que se estaba desarrollando rápidamente como un episodio grave de inestabilidad política, las autoridades acordonaron el área alrededor del edificio legislativo en Brasilia. Sin embargo, los partidarios de Bolsonaro que se niegan a aceptar la victoria electoral del izquierdista Lula se abrieron paso, superaron las vallas, subieron por las rampas y se congregaron en el techo del edificio de arquitectura modernista.

“Este absurdo intento de imponer la voluntad por la fuerza no prevalecerá”, advirtió el nuevo ministro de Justicia, Flavio Dino, en su cuenta de Twitter. El alto jerarca agregó que “habrá refuerzos” de las autoridades para reprimir esta invasión, dijo mientras transcurrían los hechos. El sábado, Dino autorizó el despliegue de agentes de la Fuerza Nacional, una fuerza especial compuesta por efectivos de la Policía Militar.

Foto: EFE

Las impactantes imágenes divulgadas recuerdan a la violenta invasión del edificio del Capitolio de Estados Unidos el 6 de enero de 2021, en Washington, por parte de los partidarios del entonces presidente republicano Donald Trump, un aliado de Bolsonaro, para impedir la certificación del demócrata Joe Biden como vencedor de las elecciones de 2020.

La marea de personas también irrumpió dentro del Congreso, muchos ondeando banderas brasileñas en un tinte patriótico similar al de los seguidores de Trump. En ese edificio es donde el Senado y la Cámara de Diputados llevan a cabo sus sesiones. Las fuerzas de seguridad utilizaron gases lacrimógenos en un intento por dispersar a los manifestantes.

Lula no estaba en Brasilia ayer, había viajado a Araraquara, ciudad de São Paulo, devastada por inundaciones a finales de año.

“Las invasiones de edificios públicos como las ocurridas hoy, así como las practicadas por la izquierda en 2013 y 2017, escapan a la regla [de una manifestación democrática”, agregó el exmandatario, quien viajó a Miami en la víspera de la investidura de Lula.

La cúpula del Poder Judicial de Brasil difundió ayer una nota conjunta expresando su “indignación” por los actos de terrorismo realizados en Brasilia. El texto está firmado por todos los presidentes de las cortes superiores, quienes dicen que defenderán la “plena responsabilidad” de los involucrados.

El texto señala que los tribunales “salen a la ciudadanía a expresar su indignación por los graves hechos ocurridos este domingo 8 de enero, con hechos de violencia contra los tres Poderes de la República y destrucción de bienes públicos”.

Firmaron la nota los presidentes: Rosa Weber (Supremo Tribunal Federal), Alexandre de Moraes (Superior Tribunal Electoral), Maria Thereza de Assis Moura (Superior Tribunal de Justicia), Lelio Bentes Corrêa (Superior Tribunal Laboral) y Lúcio Mário de Barros Góes ( Tribunal Superior Militar).

Por su parte, la Abogacía General de la Unión (AGU) solicitó al Supremo Tribunal Federal (STF) una serie de medidas judiciales en respuesta a los actos terroristas ocurridos en Brasilia. Entre los pedidos se encuentra la detención en flagrancia del secretario de Seguridad Pública del Distrito Federal, Anderson Torres. En una nota difundida ayer, el gobernador del Distrito Federal, Ibaneis Rocha, dijo que el exministro de Justicia de Jair Bolsonaro sería destituido, pero aún no se publica la renuncia. Torres está de viaje en los Estados Unidos.

Además, según un comunicado oficial, la AGU solicitó el desalojo inmediato de todos los edificios públicos federales en todo el país, y la dispersión de los actos antidemocráticos realizados en las inmediaciones de cuarteles y otras unidades militares. La solicitud dirigida a la Corte Suprema requiere que para tales medidas se utilicen todas las Fuerzas de Seguridad Pública del Distrito Federal y de los estados.

El presidente Luiz Inácio Lula da Silva acusó a la Policía Militar de ser indulgente con los terroristas.

La AGU también solicitó al STF que ordene a los medios y plataformas de redes sociales que interrumpan la monetización de perfiles y la transmisión de redes sociales que de alguna manera puedan promover actos de invasión y depredación de edificios públicos.

Asimismo, solicitó a las empresas de telecomunicaciones, en particular a los proveedores de servicios móviles personales, mantener registros de conexión suficientes durante 90 días para definir o identificar la geolocalización de los usuarios que se encuentran en las inmediaciones de la Praça dos Três Poderes y en el Cuartel General del Ejército en el Distrito Federa.

Asimismo la AGU solicitó a la Corte Suprema que determine ante las autoridades competentes la investigación y responsabilidad civil y penal de los responsables de los hechos ilícitos, incluidos los agentes públicos, además de realizar peritajes y demás actos necesarios para la recolección de pruebas.

En base a O Globo (GDA) y AFP