AFP/EFE
El reciente golpe de la Fiscalía, dirigida por funcionarios sancionados por Estados Unidos, incluye dos supuestos casos penales presentados el pasado viernes: uno que pretende procesar a Arévalo de León por cinco delitos distintos y un segundo que busca anular los comicios de este año por supuestos delitos administrativos del Tribunal Supremo Electoral.

El 1 de septiembre, Arévalo de León había denunciado que la intención de la Fiscalía, dirigida por Consuelo Porras Argueta, era impedir que asuma como presidente el próximo 14 de enero y desde ese entonces, las acciones judiciales en su contra han incrementado.

La ofensiva de la Fiscalía ha sido catalogada como un “golpe de Estado” por diversos actores como el senador demócrata de Estados Unidos Jesús García y el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro.

Además, la Fiscalía decidió lanzar nuevas acusaciones pese a que durante los últimos 70 días diversos sectores de la población se han volcado en protestas para exigir la renuncia de Porras Argueta y a nivel internacional se mantiene una observación permanente para que se respeten los resultados electorales.

El golpe final de la Fiscalía se compone de dos casos. El primero intenta anular al partido Movimiento Semilla, de Arévalo de León, al alegar que existieron firmas falsas en la formación de la agrupación en 2018. Además, se les acusa de delitos financieros por menos de 44.000 dólares.

La segunda parte de la acusación intenta anular los comicios celebrados el 25 de junio y el 20 de agosto, aduciendo que el Tribunal Supremo Electoral cometió fallas administrativas.

Según analistas, estas acusaciones son un nuevo intento del Ministerio Público por evitar que Arévalo asuma el poder el 14 de enero, ya que sectores políticos tradicionales temen a su promesa de lucha frontal contra la corrupción. En rueda de prensa, el presidente electo reiteró que las acciones de la fiscalía son un “golpe de Estado absurdo, ridículo y perverso”.

Distintos gobiernos y organismos internacionales condenaron el intento de golpe de Estado, entre ellos, la OEA, la ONU y la Unión Europa (UE).

El congresista estadounidense Chuy García también condenó la acción de la Fiscalía, así como el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, quien expresó su “más absoluto rechazo” a la actuación del Fiscalía de Guatemala, entre otros.

Arévalo, presidente electo, dijo: “Es un golpe al corazón de nuestra democracia”, y llamó a los guatemaltecos a “defender enérgicamente” la “posibilidad de construir un país distinto (...) Los golpistas intentan destruir el régimen democrático y acabar con el derecho básico de vivir en libertad”.