CRISIS EN EL PAÍS CARIBEÑO
Un informe de Corte de DDHH de la OEA denuncia torturas y violaciones.
Cada vez se hace más fuerte la presión internacional sobre el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela. Ayer lunes, desde Washington la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) denunció un "alarmante" deterioro de la institucionalidad democrática y el respeto de los derechos humanos en Venezuela. Y desde Brasil, el presidente Michel Temer anunció una militarización de su frontera con Venezuela, una medida similar a la adoptada por Colombia la semana pasada para frenar el éxodo de venezolanos que huyen del régimen y la crisis en su país. El caso venezolano será analizado hoy en Perú por el Grupo de Lima (ver nota en esta página).El "debilitamiento de la institucionalidad democrática en Venezuela" se observa desde 2002, pero en los últimos dos años y especialmente en 2017, "ha tenido una profundización e intensificación alarmantes", afirmó la CIDH en un informe que documenta abusos y desviación de poder por parte del gobierno de Maduro.
El reporte es el tercero en 15 años en señalar un agravamiento de la crisis institucional y de derechos humanos en Venezuela, después de informes en 2003 y 2009, elaborados bajo mandatos del entonces presidente Hugo Chávez, fallecido en 2013.
"Venezuela no puede continuar eludiendo indefinidamente sus responsabilidades internacionales en materia de derechos humanos", dijo el presidente de la CIDH, Francisco Eguiguren.
El reporte, remitido el viernes a Caracas y que según la CIDH el gobierno de Maduro rechazó por considerar "claramente parcializado", incluye 76 recomendaciones.
Venezuela se retiró de la Convención Interamericana de Derechos Humanos en 2013 y denunció la Carta de la OEA el año pasado. Pero la CIDH tiene jurisdicción sobre el país hasta que se concrete su salida de la organización, en abril de 2019.
En su informe de 165 páginas, la CIDH destaca el resquebrajamiento de la democracia, el incremento de la represión y la violencia, así como una intensificación de la pobreza.
En Venezuela hay un "desprecio por el Estado democrático de Derecho", asegura el reporte, demostrado por una "inobservancia del principio de separación de poderes" y una "usurpación de funciones del Poder Legislativo" por parte del Ejecutivo y el Judicial.
Además de las limitaciones a los derechos políticos, la CIDH da cuenta de violencia sexual, censura, maltrato a opositores, inseguridad ciudadana, criminalidad, desabastecimiento de alimentos y medicinas, desnutrición y carencias sanitarias, en medio de hiperinflación y altos niveles de corrupción e impunidad.
"La crisis existente ha generado que quienes viven en Venezuela enfrenten dificultades inaceptables para satisfacer sus necesidades más básicas de alimentación, vivienda, salud y educación", apunta.
Frontera militarizada.
Por otro lado, la CIDH subrayó su "preocupación por el gran número de venezolanos" forzados a emigrar.
La CIDH solicitó a Colombia visitar la zona limítrofe con Venezuela, luego de que Bogotá anunciara la semana pasada un endurecimiento de los controles ante la llegada de casi 600.000 venezolanos.
En tanto, el presidente de Brasil, Michel Temer, afirmó ayer lunes que podría emitir esta semana una medida provisoria para abordar el ingreso masivo de venezolanos a través del estado de Roraima, con el fin de "ordenar" la entrada, no de impedirla.
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En diálogo con líderes políticos y ministros en Boa Vista, capital del estado de Roraima, Temer dijo estar preocupado por "el intenso flujo de venezolanos" hacia esa zona y añadió que "no faltarán recursos" para solucionar el problema.
Roraima se encuentra en la frontera de Brasil con Venezuela y es un destino de muchos venezolanos que buscan mejores condiciones de vida.
Los venezolanos representan un 10% de la población de Boa Vista, o alrededor de 40.000 personas, lo que impacta en los servicios públicos.
Temer prometió asistencia financiera para Roraima y organizar el flujo de venezolanos que entran a Brasil.
Piden que investiguen matanza de mineros
Familiares aguardaban ayer lunes en el sur de Venezuela la entrega de los cadáveres de los muertos en un enfrentamiento entre mineros ilegales y militares en una zona golpeada por la violencia. Los parientes pedían al gobierno investigar los hechos sucedidos el sábado en la localidad de Guasipati, en el sureño estado Bolívar y a 825 kilómetros de Caracas, en los que, según medios locales, habrían muertos 18 civiles incluida una mujer. Las autoridades, aunque confirmaron el choque, no han dado el número de víctimas.
El gobernador del estado Bolívar, Justo Noguera, se limitó a decir que una comisión del Ejército repelió un ataque y declinó dar una cifra de fallecidos argumentando que el caso está siendo investigado. "Le pedimos al presidente (Nicolás) Maduro que por favor coordine, hable con los generales (...), que investiguen bien" lo sucedido, dijo Mixae Vera, hermana de Geovanny Vera, de 34 años, una de las víctimas. REUTERS.
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