PACTO EN LA OCDE

Un total de 130 países llegaron ayer jueves a un histórico acuerdo de reforma fiscal para las multinacionales que incluye un impuesto sobre los beneficios de al menos el 15%. La idea de esta medida es que las multinacionales lo tengan más difícil para alojarse en paraísos fiscales y evitar pagar impuestos.

“Este paquete de medidas históricas garantizará que las grandes empresas multinacionales paguen su parte justa de impuestos en todo el mundo”, dijo Mathias Cormann, el secretario general de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), citado en un comunicado.

Nueve de los 139 países que integran la OCDE, muy reacios a la propuesta, en particular sobre una tasa mínima del 15%, no firmaron el acuerdo. Estos países son Barbados, Estonia, Hungría, Irlanda, Kenia, Nigeria, Perú, Sri Lanka y San Vicente y las Granadinas.

Algunos de ellos, bajo presión para no quedar asociados a lo que sería una nueva lista negra de paraísos fiscales, ya han manifestado su disposición a adherirse. Es el caso de Irlanda, que desde hace años ha conseguido captar la sede europea de grandes multinacionales, en particular del sector digital.

China, cuya posición era muy esperada, y los países generalmente considerados como paraísos fiscales sí se sumaron al acuerdo.

Todos los países firmantes representan el 90% del PIB mundial.

“Las multinacionales ya no podrán enfrentar a un país contra otro en un esfuerzo por reducir los impuestos y proteger sus beneficios a expensas de los ingresos públicos”, reaccionó el presidente estadounidense Joe Biden. Estas empresas “ya no podrán evitar el pago de su parte justa ocultando los beneficios generados en Estados Unidos, o en cualquier otro país, en jurisdicciones de menor imposición”, añadió.

La secretaria del Tesoro, Janet Yellen, celebró un “día histórico para la diplomacia económica”. El ministro de Finanzas alemán, Olaf Scholz, lo calificó de “paso colosal hacia una mayor justicia fiscal” y su homólogo francés, Bruno Le Maire, habló del “acuerdo fiscal internacional más importante alcanzado en un siglo”.

La declaración conjunta, que se basa en el acuerdo alcanzado en el G7 a principios de junio, prevé también un reparto “más justo” de los beneficios entre los países donde las empresas tienen su sede y aquellos en los que realmente desarrollan sus actividades, incluso sin presencia física. Esta parte está dirigida en particular a los gigantes digitales.

Sin embargo, las industrias extractivas, como la minería, y los servicios financieros regulados quedarán excluidos de esta medida, pero no del impuesto mínimo.

Los participantes en las negociaciones se dieron plazo hasta octubre para “finalizar los trabajos técnicos” y preparar “un plan para su aplicación efectiva en 2023”.

Hasta entonces, los países que no se hayan adherido al acuerdo pueden hacerlo.

Se espera que los ministros de Economía del G20, que se reunirán la próxima semana en Venecia, aprueben el avance técnico y político alcanzado ayer jueves.

Un primer acuerdo en el G7 a principios de junio en Londres había dado un nuevo impulso a la negociación, que se había estancado durante la presidencia de Donald Trump y que se reactivó con la llegada de Joe Biden a la Casa Blanca.

Según la OCDE, con una tasa de al menos 15%, el impuesto mínimo mundial generaría unos 150.000 millones de dólares de ingresos fiscales adicionales al año en todo el mundo.