Sergio Gómez Maseri / El Tiempo de Colombia (GDA)
Este jueves la organización estadounidense Human Rights Watch (HRW) pública su informe anual sobre la situación de los derechos humanos en el mundo a lo largo del 2024. En entrevista exclusiva para EL TIEMPO y el Grupo de Diarios América (GDA), Juanita Goebertus, directora para las Américas en esta institución, ofrece un agudo balance sobre los principales hechos que marcaron el año pasado y su pronóstico de lo que está por venir en un 2025 que se estrena con el ascenso de Donald Trump a la Casa Blanca.

En líneas generales, según Goebertus, la democracia siguió en franco deterioro con profundos retrocesos en la seguridad de varios países, entre ellos Colombia.

Para la directora, la llegada de Trump podría traducirse en una regresión mayúscula en áreas neurálgicas como la lucha contra el cambio climático, la democracia, los derechos humanos, y la pobreza. De acuerdo con Goebertus, antes que una solución a la crisis migratoria, las políticas del presidente republicano podrían exacerbarla y beneficiar a los criminales que se lucran con ella.

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La encargada también se refirió al primer año de Javier Milei en la presidencia de Argentina, las opciones que tendría la región para enfrentar a la dictadura de Nicolás Maduro en Venezuela, el auge del “modelo de Nayib Bukele”, la grave situación que se sigue viviendo en Haití, entre otras cosas.

En 2023, HRW expresó gran preocupación por el deterioro de la democracia y los derechos humanos en América Latina y el recrudecimiento de la violencia en algunos países. ¿Hubo mejoría en esos frentes a lo largo del 2024?

Tristemente, la democracia en América Latina continuó deteriorándose. El 2024 estuvo marcado por el fraude electoral en Venezuela y la violencia postelectoral que dejó un saldo de 2.000 detenciones arbitrarias y 23 asesinatos de manifestantes y transeúntes. Nicaragua continuó con la práctica de privar de su nacionalidad a cientos de presos políticos, algo que no veíamos desde la dictadura de Augusto Pinochet en Chile (1973-1990). Y Cuba privó de la libertad a cientos de presos políticos, aunque esta semana ha anunciado algunas liberaciones. El Salvador, Ecuador y Honduras permanecieron bajo estados de excepción prolongados, con denuncias crecientes sobre abusos en el uso de la fuerza, detenciones arbitrarias y torturas. Mientras tanto, el crimen organizado continuó extendiendo sus redes en la región, con importantes retrocesos en materia de seguridad en países como Perú, Colombia y Haití.

En vez de ampliar en capacidades de judicialización efectiva, la región siguió avanzando hacia la restricción de la independencia judicial, particularmente con la reforma judicial de México que destituirá a más de 1.600 jueces entre 2025 y 2027, o el uso político de la justicia, como en Guatemala bajo el Ministerio Público de Consuelo Porras. Y los ataques a la sociedad civil y el periodismo continuaron a lo largo y ancho de la región. Quisiera ser más optimista, pero la realidad es que el 2024 no fue un buen año para los derechos humanos en América Latina.

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Uno de los temas centrales del año pasado fue el de la migración, particularmente con destino a EE. UU. En varios informes, HRW criticó a la administración Biden por políticas que, a su juicio, antes exacerbaron el problema. ¿Cuál es su radiografía del tema en 2024?

Entre 2023 y 2024, 800.000 personas cruzaron el Tapón del Darién, cuando más del 70 por ciento fueron venezolanos, seguidos de ecuatorianos y haitianos. Se trata de personas que venían huyendo de la represión política, el crimen organizado y las pandillas. Familias que, aunque conocen los inmensos riesgos de cruzar por esta peligrosa selva, sintieron que el riesgo de quedarse en sus países era aún peor. El gobierno de Joe Biden negoció con México y con Guatemala la imposición de visados a venezolanos y ecuatorianos, empujando a personas que podían viajar en avión, a escoger la ruta del Darién, exponiéndolos a violencia sexual y asesinatos. Estas políticas no redujeron el número de migrantes llegando a la frontera sur de los Estados Unidos, solo sirvieron para empoderar al crimen organizado que controla las rutas migratorias irregulares.

¿Qué pronóstico hace para este año, a la luz de llegada de Donald Trump a la Casa Blanca?

Lamentablemente, Trump ha anunciado políticas aún más lesivas de los derechos de los migrantes: deportaciones masivas y recorte de programas especiales de protección de migrantes provenientes de países como Haití, Cuba, Venezuela y Nicaragua. Me temo que el resultado será el mismo: la migración no se va a reducir y, en cambio, los únicos beneficiados del cierre de vías legales para migrar serán los criminales que seguirán cobrando más por rutas especialmente peligrosas como la del Tapón del Darién.

Trump, como usted menciona, ha prometido mano duro en varios frentes. Desde deportaciones masivas, hasta encarcelamiento en campos de concentración y congelamiento de visas de asilo y refugio entre muchas otras cosas. ¿Cuál cree que será el impacto de sus políticas tanto en EE. UU. como en el resto de la región?

Los líderes autoritarios de toda América Latina, probablemente, interpretarán la victoria de Donald Trump en Estados Unidos como una fuerte señal de que pueden abusar del poder. Si continúa el patrón de su primer mandato y las promesas de campaña, las deportaciones masivas perjudicarán principalmente a los inmigrantes latinoamericanos, especialmente de Centro América y México. Los recortes a la asistencia exterior tendrán un impacto grave en las organizaciones humanitarias y en los periodistas que ponen a los gobiernos de la región a rendir cuentas. La continua negación del rol de los seres humanos en la crisis climática dará más margen de maniobra a los actores que impulsan la deforestación en la Amazonía. Y la imposición de aranceles puede terminar por aumentar la pobreza y la desigualdad en la región. Podemos estar frente a un panorama de retrocesos mayúsculos.

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-Va a existir mucha presión contra países de la región (amenazas comerciales etc.) para que reciban a los migrantes deportados. ¿Qué pueden o deben hacer estas naciones para prepararse o responder?

Hay distintas formas de deportar migrantes y ello se puede hacer respetando o violando el derecho internacional. No es lo mismo deportar a una persona que cometió un delito grave luego de superado un proceso judicial serio que deportar a un solicitante de asilo que huye de persecución en su país de origen. Los gobiernos de la región, incluidos los de México y Centroamérica, deberían oponerse a las deportaciones abusivas. Por supuesto, ello no será fácil porque, como ocurrió en su primer mandato, es probable que Trump los amenace con aranceles que podrían afectar gravemente sus economías. No será sencillo oponerse a Trump, pero los gobiernos de América Latina tendrán mucha más capacidad de impacto si actúan de forma coordinada.

En 2023 y 2024 publicaron varios informes sobre el Tapón del Darién, el flujo migratorio y la situación de seguridad. ¿Algún cambio en la tendencia?

Aunque el flujo de migrantes por el Darién se redujo, el 2024 cerró como el segundo año de mayor paso de migrantes, con más de 300.000 personas pasando por este peligroso cruce. Sin embargo, es esperable que con el incremento de la represión en Venezuela los números vuelan a subir. Ya hemos visto un incremento de más del 25 % en el número de personas que cruzan de Venezuela hacia Brasil, y un aumento en las personas con necesidades de protección internacional llegando a Colombia.

¿Cómo evaluaría las acciones que han tomado gobiernos como los de Colombia y Panamá al respecto?

Colombia ha puesto en marcha uno de los programas más robustos de regularización de toda la región, logrando regularizar a más de 2,5 millones de migrantes venezolanos. Desafortunadamente, no ha existido una estrategia similar para la protección y atención de migrantes en la ruta hacia el Darién. Las autoridades colombianas no controlan su frontera, ni siquiera saben cuántas personas salen de su territorio hacia Panamá. Los pocos datos que existen los proveen las compañías de barcos en muchos casos controladas por el Clan del Golfo. Esto impide tener mecanismos para la prevención de la violencia sexual o la búsqueda de personas desaparecidas, por ejemplo. Panamá, por su parte, ha tenido una estrategia de “flujo controlado” centrada en trasladar a los migrantes lo antes posible hacia Costa Rica. Recientemente, además, ha venido avanzando en aplicación de un acuerdo con EE. UU. para la deportación de personas hacia sus países de origen, lo que podría violar el principio de no devolución establecido en el derecho internacional.

Con Nicolás Maduro consolidando una dictadura en Venezuela, ¿qué puede hacer la comunidad internacional?

La comunidad internacional debe seguir usando todos sus canales diplomáticos para buscar una transición hacia la democracia en Venezuela. Después del evidente fraude electoral y de que el régimen lograra mantenerse en el poder por vía de la represión, el pesimismo ha vuelto a crecer. Pero, si algo ha demostrado América Latina a través de su historia, es que sí es posible derrocar dictaduras. Creo que, con todo, luego del proceso electoral Maduro queda más debilitado de lo que estaba. Hoy solo le queda la represión para mantenerse en el poder. Ahora hay que mantener una presión inteligente y buscar crear rupturas dentro de las fuerzas armadas. Ello exige crear un sistema de incentivos que combine la movilización pacífica pero sostenida en las calles, la unión de la oposición, una presión coordinada de los gobiernos latinoamericanos, europeos y de Estados Unidos, sanciones selectivas, trabajo con los aliados de Venezuela, incluido el régimen de Cuba, que apoya los esfuerzos de contrainteligencia en el país y esfuerzos para apoyar la rendición de cuentas, incluyendo el trabajo a través de la jurisdicción universal y la investigación en curso en la CPI.

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Existe la versión de que Trump dará prioridad a un acuerdo con Maduro para que le reciba a los deportados a cambio del levantamiento de sanciones u otros beneficios. ¿Qué opina?

No es imposible. La campaña electoral de Trump estuvo centrada en la migración y la inflación. Pero, por otra parte, su gabinete está conformado por muchos políticos de Florida que priorizan regresar a una política de “máxima presión” contra Maduro. Marco Rubio (nominado a secretario de Estado) es una persona que conoce y a quien le importa América Latina, que ha sido muy crítico de las violaciones a derechos humanos cometidas bajo el régimen de Nicolás Maduro. Ojalá que ese vínculo personal y emocional con la región sea usado para promover una transición a la democracia en Venezuela, y no simplemente para aislar a EE. UU. de tener un rol en la solución de esta crisis, que es la más trascendental que tenemos hoy en el hemisferio.

Pese a la posición de muchos países de la región, el gobierno del presidente Petro fue de los pocos que decidió enviar representante a la posesión, alegando que necesitan mantener la relación para trabajar en temas de frontera. ¿Cree que con eso legitimando al régimen?

No necesariamente. México, Brasil y Colombia han coincidido en enviar solo a sus embajadores, lo que representa una clara degradación frente a otros eventos protocolarios. Y ninguno de los tres países ha reconocido los resultados electorales. Es perfectamente posible mantener relaciones consulares, comerciales y de seguridad a través de figuras como el encargado de negocios, sin necesidad de legitimar a un régimen ilegítimo como el de Nicolás Maduro. La realidad es que la política de “cerco diplomático” que pretendía el colapso del régimen por vía de su aislamiento internacional, tampoco condujo al colapso del régimen y sí dejó gravemente desprotegida a la población en la zona de frontera.

¿Qué balance le hacen al segundo año del presidente Petro y su política de ‘paz total’?

Desafortunadamente, la política de ‘paz total’ del presidente Petro no ha rendido frutos positivos a la fecha. Ha estado marcada por una falta de claridad en la caracterización de los actores con los que se negocia, una falta de método para el diseño de los procesos, y una falta absoluta de verificación de los distintos ceses al fuego. Como resultado de ello, Colombia cierra el 2024 con una ampliación de la presencia territorial de grupos como el clan del golfo, el ELN, y las disidencias de las extintas FARC, y con un crecimiento del reclutamiento de menores, los confinamientos, y los desplazamientos individuales. Aunque bajo el Gobierno Petro no hemos conocido casos de violaciones a derechos humanos cometidas por la acción de la Fuerza Pública, lo que estamos viendo son graves violaciones por omisión en el deber de protección de la población colombiana.

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Una de las historias más interesantes del año fue la llegada de Javier Milei a la presidencia de Argentina. Aunque su gobierno es aún joven, ¿qué destacaría de sus primeros meses en la Casa Rosada?

La elección de Milei en Argentina es el síntoma de un país que ha vivido por décadas en una profunda crisis económica que ha escondido también un deterioro institucional. Hoy se ha reducido la inflación y parece que el aumento de la pobreza se ha contenido. Pero el deterioro institucional permanece. Bajo el Gobierno Milei se expidió un protocolo para flexibilizar el uso de la fuerza en las protestas; se nominó a la Corte Suprema de un juez involucrado en casos de corrupción; se ha debilitado seriamente la carrera diplomática; y se han recortado programas sociales que ponen en grave riesgo programas como la prevención de violencia contra las mujeres.

Una de las grandes preocupaciones de los ciudadanos en la región es el crimen organizado. Y en muchos países viene ganando terreno las propuestas de mano dura que han caracterizado al gobierno de Nayib Bukele en El Salvador. ¿Esa una tendencia que ve extendiéndose hacia futuro?

El crecimiento del crimen organizado en América Latina es sin duda el mayor reto de derechos humanos para la región. Somos el continente con mayores tasas de homicidio, pero también con mayores tasas de impunidad. Como resultado de ello, por ejemplo, la tasa de homicidios en Ecuador ha incrementado en un 430 por ciento en los últimos 5 años. Y en Perú el Congreso ha aprobado leyes que abiertamente fortalecen el crimen organizado. Por eso no es extraño que alternativas como la de El Salvador cobren fuerza. Pero la realidad es que el llamado “modelo Bukele” es tremendamente problemático. Luego de más de 2 años de estado de excepción han detenido a 83.000 personas, incluyendo más de 3.000 niños, muchos de ellos personas inocentes, trabajadores, conductores de Uber, estudiantes, que no tenían nada que ver con las pandillas. Y si bien ha bajado significativamente a la tasa de homicidios, a la fecha no existe una sola condena en contra de un adulto. Es un modelo de encarcelamiento masivo sin garantías de debido proceso y sin juzgamiento de los máximos responsables ni desmantelamiento de las redes que permitieron que las maras operaran. Nos han querido vender la idea de que tenemos que escoger entre seguridad o derechos humanos. Pero lo cierto es que si nos dedicáramos a fortalecer nuestros sistemas de administración de justicia sería perfectamente posible tener seguridad y derechos humanos.

Foto: Archivo El País

Terminaría con Haití, quizá el país más emproblemado de la región. ¿Está faltando solidaridad en la región para responder a la crisis o simplemente es un problema muy profundo y sin solución en el corto y mediano plazo?

A pesar del despliegue de la Misión Multinacional de Apoyo a la Seguridad autorizada por el Consejo de Seguridad de la ONU, la tasa de homicidios continúa creciendo, la violencia sexual es generalizada, y el 2024 cerró con un incremento en el reclutamiento de menores y en los secuestros. Y se estima que el 85 por ciento de la capital está controlada por las pandillas. ¿Por qué? La misión cuenta con tan solo 384 agentes de policía de Kenia, y de la región Guatemala ha aportado 150 oficiales, Jamaica 24, El Salvador 8, Bahamas 6 y Belice 2. Hay por lo menos un déficit de US $200 millones de dólares para el funcionamiento de la Misión. Tal y como está funcionado está destinada para el fracaso. Por supuesto que se necesita mucha más solidaridad y compromiso de los países de la región. Y el primer paso sería transformar la MSS en una misión plena de Naciones Unidas.