Lava-Jato

El fiscal Pozzobon dice que los delitos transnacionales no quedan impunes.

En abril de 2015, Odebrecht celebraba el título de mayor constructora de América Latina. Tenía obras en todos los rincones del continente y acumulaba ganancias récord. Con el avance de las investigaciones contra la corrupción iniciadas en Brasil en la ruta de la Operación Lava-Jato, la empresa eligió el camino de las colaboraciones judiciales y causó temblores en el mundo político latinoamericano al confesar sus crímenes de corrupción en diez países de la región. El número de presidentes y expresidentes investigados en el continente, tres años y medio más tarde, da una medida del alcance de las maniobras de la empresa: al menos nueve exmandatarios de la región están en la mira de las autoridades de sus países, y un presidente ya perdió su cargo.

Para el fiscal del ministerio público federal Roberson Pozzobon, quien integra el equipo de trabajo de la Operación Lava-Jato, en Curitiba, si antiguamente las dificultades burocráticas y las diferencias legales entre los países permitían que los crímenes transnacionales quedaran prácticamente impunes, hoy el escenario cambió.

"Hoy es posible intercambiar informaciones y pruebas en el ámbito de investigaciones y procesos criminales de forma bastante rápida y eficiente, ya sea con países más próximos geográficamente, como en América Latina, o incluso en Asia", afirmó.

Pozzobon dice que antiguamente el triunfo de las organizaciones criminales era el lavado de dinero en el exterior, fuera del país de origen, justamente para dificultar el rastreo de valores. Con las nuevas reglas y tratados de cooperación internacional, sin embargo, la modalidad se ha convertido en "un verdadero talón de Aquiles" para los criminales.

En Brasil, el encarcelamiento del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva es el mayor símbolo que encierran las investigaciones. El exmandatario ya fue condenado en dos instancias por haber recibido, según la acusación, un departamento reformado por OAS como compensación por negocios con Petrobras. Lula niega haber recibido el departamento o actuado a favor de la compañía.

El patriarca de la familia Odebrecht, Emilio, reveló información que generó otros juicios contra Lula, en los que el expresidente es acusado de haber sido beneficiado con la reforma de una casa quinta en Atibaia, ciudad del interior de São Paulo y en que la empresa es acusada de comprar un terreno para instalar el Instituto Lula. La defensa dice que la casa quinta no está registrada a su nombre y niega haber cometido delitos. En relación al otro caso, dice que el instituto fue instalado en otro lugar y que Odebrecht no participó en su creación.

Las denuncias de Odebrecht implicaron a todos los expresidentes vivos de Brasil. Los juicios que contenían citaciones contra José Sarney y Fernando Henrique Cardoso ya fueron archivados. Hay una investigación basada en las denuncias del grupo contra Fernando Collor de Mello que aún está en curso. Collor es imputado en un juicio ante el Superior Tribunal Federal, acusado de recibir más de R$ 30 millones (US$ 7.3 millones) en sobornos por negocios de BR Distribuidora, que no tiene relación directa con Odebrecht.

En Perú, el espectro de mandatarios en la mira de la Justicia también es amplio. Cuatro expresidentes son investigados por sospechas de corrupción que involucran a Odebrecht. Alejandro Toledo es acusado de recibir US$ 20 millones en sobornos de la constructora por la obra de la Carretera Transoceánica. En febrero de 2017, un juez determinó su prisión preventiva por 18 meses. Pero, como Toledo está en los Estados Unidos, la Fiscalía pidió su extradición, que fue confirmada por las cortes superiores. Aún no hubo respuesta de parte de las autoridades norteamericanas.

Alan Garcia es investigado por tráfico de influencias en un caso que investiga la concesión a Odebrecht de una línea de metro de Lima. Él habría facilitado que la constructora ganara la licitación con otras dos empresas. No le fue impuesta ninguna restricción judicial.

El único de los expresidentes peruanos que estuvo preso fue Ollanta Humala, acusado, junto a su esposa, Nadine Heredia, de lavado de dinero por haber recibido, según los delatores, US$ 3 millones de Odebrecht para su campaña. Él estuvo nueve meses en prisión preventiva, antes que la Justicia revocara la medida a fines de abril.

Pedro Pablo Kuczynski, a su vez, fue el único en perder su cargo. Renunció en marzo, también sospechado de lavado de dinero por contratos firmados con Odebrecht por empresas ligadas a él cuando era ministro. Está impedido de salir del país por 18 meses y tuvo sus bienes confiscados.

En Colombia, las investigaciones iniciadas por los acuerdos con Odebrecht alcanzaron al expresidente y premio Nobel de la Paz Juan Manuel Santos. El 30 de mayo, fue liberado de una investigación en la Cámara de Diputados bajo sospecha de recibir dinero de Odebrecht en sus campañas de 2010 y 2014.

El exvicepresidente de Ecuador Jorge Glas fue condenado, en diciembre de 2017, a 6 años de prisión y a pagar una indemnización de US$ 7,5 millones. Está acusado de recibir US$ 3,5 millones de Odebrecht a través de pagos hechos a un tío, según la acusación.

Argentina, Chile, Guatemala, México, República Dominicana y Venezuela no tienen juicios contra sus presidentes o exmandatarios, aunque se citen transferencias irregulares de Odebrecht a políticos de esos países.

Las investigaciones del caso Odebrecht en América Latina aún se topan con la dificultad de desentrañar y establecer vínculos entre el soborno que la constructora admitió pagar y los políticos de los países involucrados. En toda la región, equipos de trabajo fueron activados a finales de 2016, luego de que la empresa anunciara la firma de un acuerdo con el Departamento de Estado de Estados Unidos en el que admitió haber transferido US$ 1.000 millones en sobornos a países de las Américas y de África. Las investigaciones fuera de Brasil, iniciadas hace cerca de un año y medio, ya involucran al menos 254 solicitudes de colaboración dirigidas a la Justicia brasileña. El número es prácticamente igual a los 259 pedidos hechos por las autoridades brasileñas para obtener informaciones de otros países.

"Es un camino de doble vía que nos ha permitido recuperar cientos de millones de reales desviados de las arcas públicas hacia el exterior y obtener documentos esenciales para responsabilizar a criminales poderosos, política y económicamente. En paralelo, propició que Brasil compartiera pruebas que permitieron que avanzaran en otros países las investigaciones contra presidentes, expresidentes y exministros", afirma el procurador Roberson Pozzobon, integrante de la fuerza de trabajo de Curitiba, donde la Operación Lava-Jato fue desentrañada.

Las investigaciones, sin embargo, caminan a pasos más lentos que en Brasil. En Perú, por ejemplo, cuatro expresidentes están siendo investigados. Han sido detenidos siete exfuncionarios del Estado, supuestos testaferros de agentes de mayor rango. Desde la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski, en marzo de este año, no hubo operaciones ni nuevos arrestos. Odebrecht celebró acuerdos de colaboración que incluyen la continuidad de sus operaciones para cubrir daños causados por los delitos que admitió.

También están trabadas las investigaciones en México. No hay funcionarios públicos enfrentando juicios, y los mayores castigos dados fueron sanciones administrativas para funcionarios de Odebrecht y de Pemex, la petrolera estatal del país. La empresa admitió haber pagado US$ 10,5 millones en México. La Procuraduría General informó que el caso estaba cerrado en octubre de 2017. Sin embargo hasta julio, nadie fue indiciado.

El país más atrasado en las investigaciones es Venezuela, donde no se abrió ninguna indagatoria, a pesar de que 32 contratos de obras que estaban asignados a la constructora, están pendientes de ejecución.