ALTA TENSIÓN EN ECUADOR

La principal organización indígena de Ecuador dio un portazo al diálogo abierto con el gobierno del presidente Lenin Moreno, después de una semana de protestas violentas, lo que mantiene el clima social de alta tensión, en tanto se confirmó la muerte de cinco personas en los hechos de violencia en Quito.

Las protestas estallaron la semana pasada cuando Moreno puso fin a los subsidios al gasoil y la nafta super, que han estado vigentes por décadas, en el marco de un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) que aporta créditos con los que buscan reducir el abultado déficit fiscal.

La Defensoría del Pueblo dijo que un manifestante indígena murió el miércoles durante la huelga en Quito en rechazo de las medidas y confirmó la muerte de otras cuatro personas en las protestas de días anteriores, aunque no dio detalles de las circunstancias en que se produjeron estos decesos.

El gobierno confirmó más tarde el fallecimiento de una persona u201cpor una caída y golpe en su cabezau201d durante las protestas del miércoles y de otra persona que fue atropellada en los días anteriores.

Miles de indígenas, que han llegado a Quito desde zonas andinas del país, condenaban la muerte de sus compañeros desde un centro cultural y llamaban u201casesinou201d al gobierno de Moreno. u201cLágrimas de ira tenemos, pero si hemos aprendido de nuestras mamas y taytas que a los muertos de la lucha se los honra multiplicándonos (...) Por eso compañeros y compañeras a radicalizar las accionesu201d, dijo un comunicado de la Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie), que lidera las protestas, de las que también participan sindicatos.

u201cNada de diálogo con un gobierno asesinou201d, proclamó el comunicado firmado por el presidente de la Conaie, Jaime Vargas, quien llamó a u201cradicalizar las accionesu201d mediante bloqueos de vías y la toma de edificios públicos.

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El miércoles, la Conaie mostró su fuerza con una multitudinaria marcha en Quito, la agobiada capital que lleva una semana sin clases y con servicios de transporte reducidos, así como con horario de comercios restringido.

Grupos de trabajadores y jóvenes, algunos encapuchados, que apoyan las protestas, se enfrentaron con piedras, palos y bombas incendiarias con las fuerzas de seguridad, que respondieron con gas licrimógeno.

Los pueblos originarios encarnan el descontento social por las reformas económicas que impulsa Moreno, como consecuencia de acuerdos crediticios con el FMI y otros organismos multilaterales.

Los indígenas, que representan el 25% de los 17,3 millones de ecuatorianos, constituyen el sector más castigado por la pobreza y en su mayoría trabajan en el campo. Con la liberación de los precios de los combustibles deben pagar más para el transporte de sus productos al tiempo que temen que la inflación se dispare.

El jueves, los indígenas retuvieron a ocho policías, entre ellos una mujer, y les obligaron desprenderse de sus botas, cascos y chalecos antibalas, según testigos de Reuters. Desde un centro cultural donde están concentrados, los indígenas exigieron a los canales de televisión locales, que se encontraban realizando la cobertura, a transmitir en vivo la masiva concentración. Además, dijeron que garantizarían los derechos humanos de los policías.

El secretario de la Presidencia, Agusto Briones, demandó la liberación de los uniformados y de unos u201c27 periodistas de distintos medios (que) no se les ha permitido salir como es su voluntadu201d.

u201cA nombre del gobierno demandamos que cualquier proceso de diálogo se haga en el marco de la paz y para ello la liberación de policías y periodistas es una condición fundamentalu201d, insistió, al reiterar la disposición del gobierno a dialogar.

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Moreno, quien ha dicho que no renunciará ni dará marcha atrás en las medidas económicas, anunció el miércoles los primeros acercamientos con dirigentes de los indígenas bajo el acompañamiento de Naciones Unidas y la Iglesia Católica.

El gobierno dijo que presentarán a los indígenas un plan que incluye las instalación de sistemas de riego, reestructuración y condonación de deudas, un seguro agrícola, entre otros.

El mandatario declaró en estado de excepción en todo el país y posteriormente un toque de queda nocturno en un intento por apaciguar las protestas, las más fuertes en más de una década y que han incluído saqueos, daños a bienes públicos y bloqueo de carreteras, lo que ha complicado el suministro de alimentos y combustibles.

Las protestas impactaron en el sector petrolero. El Ministro de Energía, Carlos Pérez, dijo a una radio local que las pérdidas alcanzan los 520.000 barriles de crudo, incluida una porción de las petroleras privadas.