El Congreso de Ecuador, de mayoría opositora, resolvió ayer martes iniciarle un juicio político al presidente Guillermo Lasso por presunta corrupción. Es la segunda que la oposición intentará destituir al mandatario en un año.

Con 88 votos a favor de los 116 asambleístas presentes en una sesión, el Congreso dio luz verde al juicio político a Lasso, al que acusan por un supuesto peculado en un contrato para el transporte de crudo.

En contra del juicio, que aún no tiene fecha de inicio, sufragaron 23 diputados y cinco se abstuvieron. Al cierre de la sesión, que duró más de cinco horas, hubo aplausos y gritos de “fuera Lasso”.

Más temprano, el ministerio de Gobierno señaló que el proceso legislativo carecía de validez. “No es admisible que se quiera violentar el debido proceso, al someter a juicio político sin un informe motivado”, pues la comisión parlamentaria de Fiscalización -a cargo del proceso- no pudo aprobar el sábado una recomendación de si procedía o no el juicio contra el gobernante, anotó la cartera en su cuenta de Twitter.

En las afueras del Legislativo, un pequeño grupo de opositores al gobierno reclamó la destitución de Lasso, quien asumió en mayo de 2021.

Esta es la segunda ocasión que la Asamblea Nacional -donde la oposición es mayoría pero está dispersa- pretende remover del cargo a Lasso. En medio de violentas protestas indígenas por el alto costo de vida, en junio pasado, un grupo de diputados presentó una moción de destitución por grave conmoción social, pero no obtuvo los votos necesarios.

Para destituir a un mandatario se necesita la voluntad de 92 de los 137 asambleístas (dos terceras partes).

La resolución de ayer se alcanzó con el concurso de varios grupos políticos opositores, sobre todo de Unión por la Esperanza (UNES), el Partido Social Cristiano (PSC) y el movimiento indígena Pachakutik, así como de independientes.

UNES es el movimiento político que lidera el expresidente Rafael Correa, enemigo político de Lasso y autoexiliado en Bélgica debido a los juicios que tiene pendientes con la Justicia ecuatoriana.

Según la acusación contra Lasso descrita en la resolución legislativa, “se evidencia el desvío o distracción de los fondos” generados por la empresa estatal Flota Petrolera Ecuatoriana (Flopec) con compañías privadas, como Amazonas Tanker, con las que tenía relación contractual para el transporte de crudo.

Con información de AFP y EFE