AFP, EFE
Estados Unidos anunció ayer viernes que suspendió la financiación a la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos (UNRWA) después de que el organismo despidiese a varios empleados acusados de participar en el ataque de Hamás el 7 de octubre.

La agencia de Naciones Unidas afirmó ayer haber recibido informaciones de Israel sobre “la presunta implicación de varios de sus empleados” en el ataque.

“Decidí rescindir con efecto inmediato los contratos de esos miembros del personal e iniciar una investigación para establecer la verdad sin dilación”, declaró el jefe de la UNRWA, Philippe Lazzarini, en un comunicado.

“Cualquier empleado que haya estado involucrado en actos de terrorismo tendrá que rendir cuentas, incluso mediante acciones legales”, agregó.

Poco después, Estados Unidos anunció que suspendía “temporalmente la financiación adicional” a la agencia de la ONU.

Washington está “extremadamente preocupado” por las acusaciones, según las cuales 12 empleados de la UNRWA podrían haber estado involucrados en el ataque, indicó el portavoz del departamento de Estado, Matthew Miller.

El ministro de Defensa israelí, Yoav Gallant, saludó la decisión de Estados Unidos de suspender temporalmente su financiación a la UNRWA.

“Gracias a la Administración de Estados Unidos por su liderazgo y por dar un paso importante para responsabilizar a la UNRWA”, indicó Gallant en un comunicado, en el que asegura que al menos una docena de empleados de la organización participaron en el ataque de Hamás que detonó la guerra el 7 de octubre y dejó unos 1.200 muertos y 250 rehenes en Israel. “El terrorismo disfrazado de trabajo humanitario es una vergüenza para la ONU y los principios que dice representar”, subrayó Gallant.

El ministro israelí de Relaciones Exteriores exigió por su parte una “investigación interna exhaustiva de las actividades de Hamás y otras organizaciones terroristas” en la UNRWA.

Israel ya había acusado a la agencia de la ONU de corrupción y connivencia con Hamás.

Esto fue un duro golpe a la agencia, que ya sufrió dificultades para financiar sus operaciones en los últimos años.

Estados Unidos, principal contribuyente de la agencia, había cancelado su financiación durante el mandato de Donald Trump, que consideró que sus actividades no eran neutras. La llegada de Joe Biden supuso el restablecimiento de ayudas por valor de 340 millones de dólares en 2021.

Las relaciones entre Israel y la UNRWA empeoraron después de que la ONU acusara a tanques israelíes de disparar contra uno de sus centros en Jan Yunis, en el sur de Gaza, el miércoles.

Al menos 13 personas murieron y 56 resultaron heridas en el ataque a este centro, transformado en refugio para decenas de miles de desplazados de la guerra, según la agencia.

Lazzarini denunció una “flagrante violación de las reglas fundamentales de la guerra”.

El Ejército israelí, por su parte, aseguró que iba a realizar una “investigación exhaustiva” de sus operaciones en la zona, pero no descartó la responsabilidad de Hamás en el ataque.

La noticia de la supuesta participación de funcionarios de la ONU en el ataque de Hamás, se conoció el mismo día en que la máxima instancia judicial de la ONU exigió a Israel que evite la muerte de civiles en Gaza y permita la entrada de ayuda humanitaria al territorio palestino.

La Corte Internacional de Justicia (CIJ), con sede en La Haya, no se pronunció por el momento sobre la cuestión de fondo, planteada por Sudáfrica, para determinar si las operaciones israelíes en Gaza se encuadran en la figura legal de un genocidio, un debate que puede llevar años.

Pero consideró que la “catastrófica situación humanitaria” en el asediado territorio palestino “podría deteriorarse más”, antes de que pronuncie su fallo final, por lo que exigió varias medidas de emergencia.

Una de ellas urge a Israel a adoptar “medidas inmediatas y eficaces para permitir el suministro de servicios básicos y de ayuda humanitaria” en Gaza, donde 85% de los cerca de 2,4 millones de habitantes se convirtieron en desplazados internos desde el inicio de la guerra.

Además, el Estado hebreo debe “tomar todas las medidas” para “impedir” actos contemplados por la Convención para la prevención de genocidios y “castigar la incitación directa y pública a cometer un genocidio”, dijo.

El tribunal emitió este fallo en el marco del recurso de emergencia presentado en diciembre por Sudáfrica, argumentando que Israel violó la Convención para la prevención de genocidios, firmada en 1948, después del Holocausto.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, tachó de “escandalosas” las acusaciones de “genocidio”.

Durante las audiencias previas a la sesión del viernes, Israel subrayó que actuaba en legítima defensa, tras el ataque del movimiento terrorista palestino Hamás el 7 de octubre en el sur de su territorio, y que hace cuanto puede para proteger a los civiles de Gaza. Pero la CIJ estimó que las medidas adoptadas hasta ahora “son insuficientes” para proteger los derechos de los palestinos.

Hamás, en el poder en Gaza desde 2007, consideró que el dictamen en La Haya constituye un “avance importante que contribuye a aislar a Israel y a exponer sus crímenes en Gaza”.