Agencia EFE
Italia reanudará el traslado de migrantes a los polémicos centros de retención que ha construido en territorio albanés para gestionar repatriaciones, después de que la justicia obligase a vaciarlos y, en respuesta, el Gobierno de Giorgia Meloni emitiese un decreto ley para blindarlos.

El buque de la Marina Libra, que se encargó del primer traslado de migrantes a Albania hace tres semanas, “volverá a alta mar en los próximos días”, confirmaron ayer sábado fuentes del Ministerio del Interior.

Según medios locales, la llamada “operación Albania” podría recomenzar mañana lunes, cuando el buque se sitúe a 20 millas de la isla de Lampedusa (sur), puerta de entrada de quienes cruzan el Mediterráneo con destino a Italia.

Las fuentes oficiales explicaron que no se puede establecer una fecha concreta, porque “dependerá del estado de la mar y de las salidas” de barcazas. La nave rescatará a los que se encuentren en aguas internacionales y trasladará a Albania a los que cumplen con los requisitos establecidos en el acuerdo entre Roma y Tirana, por el que se levantaron dos centros en las localidades albanesas de Shengjin y Gjader para aligerar la presión en el sistema de acogida italiano.

La operación podría recomenzar tres semanas después del primer y fallido traslado a Shengjin de los 16 primeros migrantes procedentes de Egipto y Bangladés: cuatro de ellos tuvieron que ser devueltos inmediatamente porque eran menores o “vulnerables” y dos días después el Tribunal de Roma no convalidase la retención de los doce restantes y ordenase su regreso a Italia.

La decisión judicial, basada en una sentencia europea y que alegaba que los migrantes enviados a Albania provenían de “países no seguros”, provocó la indignación del Gobierno, que aprobó un decreto para estipular por ley la lista de los países que un inmigrante no tiene por qué escapar y blindar así los centros en Albania.

La estrategia de Meloni, que consistió en fijar lista de “países seguros” con un decreto con fuerza de ley usado por motivos de “necesidad o urgencia”, fue puesta en duda por el Tribunal de Bolonia (norte de Italia), que consultó al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (UE) al considerar que vulneraba la legislación europea. Pero la primera ministra ha decidido seguir adelante con el acuerdo, sin esperar una respuesta.