BRASIL

Insultos, palabrotas y una supuesta intención, aunque vaga, de interferir en la Policía Federal. Eso está en un video difundido el viernes, que pudiera involucrar al presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, en delitos de abuso de poder.

Este escándalo estalla en momentos en que Brasil es el segundo país del mundo con más contagio de COVID-19 y que el presidente es objeto de críticas por la manera cómo aborda la crisis sanitaria que ya ha causado más de 21.000 muertos en su país. Los partidarios de Bolsonaro lo siguen apoyando y han realizado manifestaciones en las calles para respaldarlo.

El video corresponde a una reunión ministerial celebrada el 22 de abril, dos días antes de la renuncia del ministro de Justicia Sergio Moro, quien al dimitir acusó a Bolsonaro de “presiones e injerencias” ilegales sobre la Policía Federal, organismo autónomo del Estado brasileño.

A raíz de las sospechas vertidas por Moro, la Fiscalía inició una investigación sobre supuestos abusos de poder por parte de Bolsonaro y, a pedido del exjuez de la operación anticorrupción Lava Jato, el video fue exigido a la Presidencia y divulgado por orden del decano de la Corte Suprema, Celso de Mello, que supervisa la investigación. En las imágenes, se ve a un Bolsonaro exaltado, que reclama por la falta de información que recibe de los organismos del Estado.

“No puedo ser sorprendido por noticias. Tengo a la PF (Policía Federal) que no me da informaciones. Tengo a la inteligencia de las Fuerzas Armadas y no tengo informaciones. La Abin (Agencia Brasileña de Inteligencia) tiene sus problemas pero da alguna información”, dice el mandatario. También considera a todos esos servicios “una vergüenza” y se queja de que su familia “es perseguida”.

En sus acusaciones, Moro insinuó que Bolsonaro quería cambiar a la dirección de la PF y a sus responsables en Río de Janeiro debido a que estaban investigando a dos de sus hijos, pero en el video no aparece una sola mención directa al asunto.

Sin embargo, una declaración del presidente pudiera abrir espacio para interpretaciones, aunque sin ninguna claridad.

“Ya intenté cambiar gente de la seguridad nuestra en Río de Janeiro oficialmente y no conseguí. Y eso se acabó. No voy a esperar a que jodan a toda mi familia, o amigos míos, porque no puedo cambiar a alguien de la seguridad”, declaró. “Va a cambiar. Si no los puedo cambiar, cambio a sus jefes. ¿No puedo cambiar al jefe? Cambio al ministro”, afirmó dirigiéndose a Moro, quien renunció dos días después.

De hecho, el 15 de agosto del año pasado, Bolsonaro anunció a la salida del Palacio da Alvorada, la residencia presidencial, que tenía intención de cambiar al jefe de la PF, Mauríco Valeixo ¿Los motivos? “Gestión e improductividad”, dijo.

Bolsonaro destituyó a Valeixo y optó por designar a Alexandre Ramagem, como nuevo director de la PF, pero el ministro del STF, Alexandre de Moraes, objetó la designación por entender que el elegido tenía vínculos con la familia del presidente. Entonces, Bolsonaro eligió a Rolando Alexandre de Souza para el cargo, quien tenía vínculos con Ramagem. Uno de los primeros actos de su nueva gestión fue cambiar al jefe de la PF de Río de Janeiro, que fue promovido al cargo de director ejecutivo en Brasilia, el número dos en jerarquía de ese cuerpo. La promoción fue vista a la interna como un prmio consuelo por salir de la jefatura de Río de Janeiro.

O Globo reveló que la actitud de Bolsonaro contra la jerarquía policial estaba motivada por investigaciones de su interés directo, debido a que involucraban a sus familiares. Una investigación electoral apunto al ocultamiento del patrimonio del senador Flávio Bolsonaro. Otra indagatoria enfocó las declaraciones del portero del edificio donde Bolsonaro tiene su residencia, que había afirmado que el acusado del asesinato de la concejal de Río de Janeiro, Marielle Franco, pidió para subir al apartamento del presidente el día del crimen. Después, al ser interrogado por las autoridades, el portero se retractó. Asimismo, otra investigación citó lateralmente a un exasesor del mandatario.

Una de las cosas más notables de la reunión fue la abundancia de las palabrotas y todo tipo de insultos contra adversarios políticos, como los gobernadores de São Paulo, João Doria, y Río de Janeiro, Wilson Witzel, a quienes Bolsonaro se refirió como “esas mierdas”.

Objeto de insultos fueron también los magistrados del Supremo Tribunal (STF), que han considerado inconstitucionales algunas de las medidas adoptadas por el Gobierno. Pero en ese caso partieron del ministro de Educación, Abraham Weintraub. “Por mí, ponía a todos los vagabundos en la cárcel, empezando por el STF”, afirmó.

Ayer, al retornar al Palacio da Alvorada, Bolsonaro declaró a periodistas que la intención de Moro “ni fue un tiro de fiesta, fue una pirotecnia de niño” y reiteró que con la divulgación del video no hubo “una mínima comprobación” de su “interferencia en la Policía Federal”.

El gobernante apuntó que las grabaciones en vídeo de las reuniones privadas con los ministros fueron determinadas por él mismo y que después de una edición los archivos son destruidos, pero que en este caso el magistrado “actuó muy rápido” y dio un plazo de cinco días para que el material fuese entregado.

En esa investigación, el magistrado Celso de Mello pidió el viernes a la Fiscalía que analice la posible necesidad de que sean incautados los teléfonos celulares del gobernante y de uno de sus hijos, Carlos, quien es concejal en Río de Janeiro, sobre la base de algunas noticias publicadas en medios locales.

“La pretensión investigadora del Estado impide que los órganos públicos competentes ignoren aquello que se apunta en una ‘notitia criminis’”, señaló el juez en esa nota, con lo que sugirió que está inclinado a la aprehensión de los teléfonos, aunque la decisión será tomada finalmente por la Fiscalía General.

La sugerencia del magistrado provocó una dura reacción por parte del Gobierno, que se pronunció mediante una nota difundida por el general de la reserva del Ejército Augusto Heleno, ministro de Seguridad Institucional.

“El pedido de requisa del teléfono celular del Presidente es inconcebible” y, si así ocurriera, sería “una afronta a la autoridad máxima” y “una interferencia inadmisible”, que hasta “pudiera tener consecuencias imprevisibles para la estabilidad nacional”, afirmó la nota.

A su vez, Bolsonaro comentó a periodistas: “mi teléfono no será entregado. ¿Qué quiere el señor (de Mello) con eso?. Nadie va a tomar mi teléfono”.