PROTESTAS EN BRASIL

EFE, AFP

Brasilia 

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, pidió ayer miércoles a los camioneros que aún bloquean carreteras en protesta contra la victoria electoral de Luiz Inácio Lula da Silva que depongan sus manifestaciones y respeten “el derecho de ir y venir”.

En un video divulgado en sus redes sociales, Bolsonaro evitó criticar otras protestas, como las ocurridas este mismo miércoles a las puertas de decenas de cuarteles del país y en las que sus simpatizantes exigieron una “intervención militar” que impida la investidura de Lula, prevista para el próximo 1° de enero.

“Liberen las carreteras”, pidió el presidente, quien acotó que el movimiento que le respalda no puede “perder su legitimidad”.

Sin embargo, acotó que “otras manifestaciones que está habiendo en todo Brasil, en las plazas, son parte del juego democrático”.

“A lo largo de este tiempo al frente de la Presidencia colaboré para que resurja el sentimiento patriótico, el amor a la Patria y a los colores verde y amarillo de la bandera, la defensa de la familia y la libertad” y “no podemos alejarnos de eso”, indicó.

También, en aparente alusión a su derrota en las urnas, declaró que está “triste y rabioso”, pero afirmó que es “necesario mantener la cabeza en su lugar”.

Los bloqueos en las carreteras por parte de camioneros que apoyan a Bolsonaro comenzaron la madrugada del pasado lunes, unas horas después de que se confirmase la victoria de Lula en las elecciones, por una diferencia de escasos 1,8 puntos.

El movimiento perdió fuerza ayer miércoles, un día después de que el mandatario reconoció su derrota, tras 44 horas de silencio, y determinó la apertura del proceso de transición con el equipo de Lula, previsto para hoy jueves.

Según las últimas informaciones de la Policía de Carreteras, había un centenar de puntos de protestas de camioneros en 15 de los 27 estados, aunque en su mayoría eran bloqueos “parciales”, que obstaculizaban pero no impedían el tránsito de vehículos.

Las protestas fueron multitudinarias y pacíficas, pero de un talante que varios calificaron como “antidemocrático”, dado que los manifestantes reclamaron que las Fuerzas Armadas impidan el próximo 1° de enero la toma de posesión de Lula, que el pasado domingo derrotó en las urnas al presidente Bolsonaro por una mínima diferencia de 1,8 puntos porcentuales.

La convocatoria fue hecha a través de redes sociales y sobre todo a través de servicios de mensajería privada como WhatsApp y Telegram.

Las mayores concentraciones fueron en Río de Janeiro y San Pablo, y en ambos casos en las sedes de los comandos regionales del Ejército, al igual que ocurrió en Brasilia, aunque con un menor número de personas.

La consigna en todos los casos fue la misma: “Intervención federal”, bajo el artículo 34 de la Constitución nacional, que en uno de sus puntos dice que el gobierno central puede intervenir, si fuera necesario y por los medios posibles, para garantizar la “forma republicana, el sistema representativo y el régimen democrático”.

La excusa, según carteles mostrados por los manifestantes, fue también la misma y es que un gobierno de Lula llevará a Brasil al “comunismo” e implantará un régimen similar al que viven países como Venezuela o Nicaragua, citados en muchas pancartas y fiel al discurso de Bolsonaro en su campaña electoral.

También han denunciado un supuesto fraude, una hipótesis que ha sido negada por la justicia electoral y todos los partidos y las instituciones, que han reconocido la victoria de Lula, al igual que cientos de gobiernos extranjeros.

Las manifestaciones de ayer miércoles, festivo en Brasil por el Día de los Muertos, siguieron a las masivas protestas de camioneros alienados en el bolsonarismo, que desde el pasado lunes bloquearon unas 600 carreteras en todo el país para protestar por la victoria de Lula.

Este miércoles, de acuerdo a la PRF (Policía de Carreteras), los bloqueos persistían en unos 150 puntos de 15 de los 27 estados del país y en muchos de los casos eran solo parciales, pues obstaculizaban pero no impedían por completo el tránsito.

La policía recurrió a la fuerza este miércoles, con el aval de una decisión del Supremo Tribunal Federal que ordenó el uso de “todas las medidas necesarias” para el desbloqueo de rutas.

En San Pablo, la tropa de choque de la policía militar dispersó con bombas de gases lacrimógenos a decenas de manifestantes y camiones que dificultaban la circulación en la principal carretera que conecta ese estado con la región centro-oeste del país.

Los camiones hacían sonar sus bocinas mientras que sobre el asfalto los manifestantes, que vestían camisetas amarillas de la selección de fútbol, agitaban banderas frente a los vehículos que pasaban, según imágenes de la televisión local.

La PRF informó además que dispersó hasta el miércoles 563 manifestaciones.

Los bloqueos han provocado disturbios y contratiempos, inclusive en el acceso al principal aeropuerto del país en Sao Paulo, Guarulhos, que hasta ayer miércoles debió cancelar 48 vuelos debido a las manifestaciones, confirmó la asesoría de prensa de la concesionaria.

La Confederación Nacional de la Industria advirtió el martes de un “inminente riesgo de desabastecimiento y falta de combustibles”, en caso de que las carreteras no fueran rápidamente desbloqueadas.

En algunos lugares, como en la ciudad paulista de Baruerí, las carreteras fueron liberadas mediante una firme intervención de la Policía, que dispersó a los camioneros con gases lacrimógenos, pero sin que hubiera enfrentamientos ni víctimas.

La protesta de los camioneros comenzó a perder intensidad desde que Bolsonaro terminó de admitir su derrota y determinó que el Gobierno inicie el proceso de transición con el equipo de Lula, lo cual está previsto para mañana jueves.

Bolsonaro se pronunció sobre el resultado de las elecciones el martes, unas 45 horas después de que el escrutinio oficial sentenció la victoria del líder progresista.

En un breve discurso, dijo que las protestas eran “fruto de la indignación y el sentimiento de injusticia por cómo se dio el proceso electoral”.

Afirmó que “las manifestaciones pacíficas” son “bienvenidas”, pero reforzó que sus métodos “no pueden ser los de la izquierda, que siempre perjudicaron a la población”, y subrayó que nadie puede impedir “el derecho de ir y venir”.

Ayer, frente a las manifestaciones a las puertas de los cuarteles, Bolsonaro se mantuvo en silencio, al igual que Lula, cuyo equipo anunció que el presidente electo estará “dos o tres días” en una playa del noreste del país, a fin de descansar tras una dura campaña electoral.

El Ministerio Público de la Federación brasileña envió ayer una solicitud a la Policía Federal para que abra una investigación para investigar al director general de la Policía Federal de Carreteras (PRF), Silvinei Vasques.

El objetivo de la investigación solicitada es determinar si Vasques cometió delitos contra el Estado democrático o prevaricación. En ese sentido, se buscará determinar si el organismo tuvo participación en los bloqueos de las rutas durante la elección del domingo, que dificultó la libre circulación y por tanto la votación en algunos puntos del país, y también si la PRF tenía conocimiento de los disturbios pos elección en las rutas de todo el país.

“La investigación policial debe investigar si los bloqueos de vehículos realizados por la PRF en varias vías, principalmente en la región Nordeste, el día de la votación, respetaron la legislación y si no constituyeron una ofensa al libre ejercicio del derecho a la libertad”, dice la Fiscalía en nota de prensa.

La carta fue enviada a la Superintendencia de PF en el Distrito Federal, que debería ser la encargada de la investigación.

“La investigación solicitada por el MPF este feriado también verificará si el Director General de la Policía Federal de Caminos ha omitido en relación con los tranques delictivos que se vienen realizando en todo el país desde que se dieron a conocer los resultados electorales”, dice la dependencia.

También ayer miércoles, la Procuraduría Federal de los Derechos de los Ciudadanos (PFDC), organismo vinculado a la Procuraduría General de la República (PGR), difundió una nota en la que señala que el bloqueo de vías para disputar el resultado electoral es “antidemocrático y criminal”.

“Es inaceptable que este tipo de manifestaciones interfieran con los derechos fundamentales del resto de nuestra población. También es inaceptable que este tipo de protestas tengan como objetivo alterar la voluntad popular presentada por las urnas el 30 de octubre”, se lee en la nota, firmada por el fiscal federal por los derechos de los ciudadanos, Carlos Alberto Vilhena.