Para canalizar los fondos, se eligió la fórmula del crédito personal en vez de la donación, aunque las fuentes consultadas reconocen que no existe voluntad alguna de que se devuelva. La donación hubiera obligado a pagar un mínimo del 34% en impuestos, al no existir relación de parentesco entre el donante y donatario, e incluso más del 40% en función del patrimonio del rey emérito.

Los préstamos, que han sido de diferentes cuantías, según la voluntad y las posibilidades de cada benefactor, se han plasmado en contratos de crédito, algunos de carácter privado y otros ante notario. En todos ellos se ha hecho constar el tipo de interés (que puede ser del 0%) y el plazo de devolución.

Este último punto es el más problemático, pues Juan Carlos I tiene 83 años y no puede responder de un crédito a largo plazo, salvo que se entienda que el pago de la deuda pendiente cuando fallezca correrá a cargo de sus herederos.

Aunque no se paguen impuestos, subrayan las fuentes consultadas, hay obligación de entregar los contratos de préstamos entre particulares a Hacienda, que podría investigarlos si sospecha que se trata de un préstamo ficticio.

El abogado de Juan Carlos I, Javier Sánchez-Junco, reconoció el viernes, a través de un comunicado, que el rey emérito había presentado una segunda regularización fiscal por importe de 4.395.901,96 euros, “incluyendo intereses de demora y recargos”. El letrado subrayó que la declaración complementaria se presentó “sin requerimiento previo de clase alguna”, condición indispensable para que pueda eludir una acusación por delito fiscal, al sobrepasar la cuota defraudada los 120.000 euros en un solo ejercicio.

La deuda tributaria ya satisfecha corresponde, según el comunicado, a “las rentas derivadas de la asunción, por la Fundación Zagatka, de determinados gastos por viajes y servicios realizados por S.M. de lo que podrían derivar determinadas obligaciones tributarias que han quedado regularizadas”. Se refería a los vuelos con jets privados que fueron pagados hasta 2018 por la fundación de su primo lejano Álvaro de Orleans.

Juan Carlos I, expatriado en Abu Dabi (Emiratos Árabes Unidos) desde agosto, ya abonó el 9 de diciembre a Hacienda 678.393 euros. Entonces se trataba de regularizar los fondos que, entre 2016 y 2018, le suministró el empresario mexicano Allen Sanginés-Krause. Según la Fiscalía, las tarjetas que pagaba dicho empresario sirvieron para abonar gastos del rey emérito y sus familiares, entre los que no figuraban los Reyes.