AFP
Al cumplirse un año de que miles de simpatizantes de Jair Bolsonaro asaltaran las sedes de los tres poderes en Brasilia, el juez de la corte suprema brasileña Gilmar Mendes defiende taxativamente el vínculo del expresidente con los ataques.

“La responsabilidad política (de Bolsonaro) en los actos del 8 de enero es inequívoca”, dijo Mendes a la AFP durante una entrevista en su despacho en el Supremo Tribunal Federal (STF) en Brasilia.

El juez decano de la corte, de 67 años, mide al mismo tiempo sus palabras para referirse a la responsabilidad jurídica del expresidente, aspecto todavía “en juzgamiento”.

Bolsonaro, inhabilitado políticamente por ocho años en junio pasado, es investigado en el STF como posible instigador y autor intelectual de los ataques a los edificios públicos, en un intento por derrumbar al gobierno del presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

El expresidente, que se encontraba entonces en Estados Unidos, ha negado cualquier responsabilidad. Pero Mendes aseguró que su gobierno “incentivaba algún tipo de anarquía, especialmente, entre las fuerzas policiales”.

“Creo inclusive que los militares no retiraron a los invasores (de los edificios) debido a un estímulo que existía por parte de la propia Presidencia”, afirmó el magistrado, que ocupa una de las 11 sillas del pleno del supremo desde 2002.

El 8 de enero de 2023, una semana después de la asunción de Lula tras derrotar por estrecho margen a Bolsonaro en las urnas, Mendes almorzaba en Lisboa con su amigo Nuno Piçarra, colega del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, cuando fue sorprendido por noticias sobre los disturbios que crecían en Brasilia.

Furiosos y descreídos ante el resultado del balotaje presidencial, simpatizantes de Bolsonaro invadían las sedes del Congreso, la corte y la Presidencia.

Rompían a su paso el mobiliario y clamaban por una intervención militar.

Inmediatamente, Mendes interrumpió la reunión, fue a su departamento y comenzó a enviar mensajes y hacer llamadas a tres personas: sus compañeros en la corte Alexandre de Moraes, Rosa Weber y el flamante ministro de Justicia de Lula, Flávio Dino. “Nadie sabía bien la dimensión de lo que estaba pasando”, recordó el juez, quien decidió regresar anticipadamente a Brasil.

“El sistema de inteligencia todavía estaba ocupado por personas que venían del gobierno anterior, no hubo un pasaje adecuado de informaciones, ciertamente hubo fallas de evaluación” para evitar las invasiones, consideró.

Los ataques, que muchos consideran el mayor desafío a la democracia brasileña desde la última dictadura, fueron el corolario de una “intimidación” que sufrió la justicia durante las presidenciales, dijo el juez.