NUEVO PASO

El juez federal Federico Villena ordenó este lunes de mañana que se les retengan los pasaportes a los cinco iraníes que llegaron a la Argentina en el avión venezolano que aterrizó el lunes pasado en Ezeiza, intentó ingresar sin éxito a Uruguay, y está bajo investigación judicial. Lo dispuso en respuesta a una presentación de la DAIA. La medida es por 72 horas.

Además, el juez había dispuesto ayer -en una resolución previa que se mantuvo en reserva- que se les tomaran las huellas digitales a los pasajeros iraníes, que están alojados en el Hotel Plaza Canning Dessing.

“En virtud de la gravedad de las circunstancias expuestas y, sin perjuicio de la intervención que habrá de conferírsele a la Sra. Fiscal Federal, es que habré de ordenar las diligencias urgentes del caso, las cuales han sido solicitadas por la parte querellante. En ese sentido, habré de requerirle a la Sra. Directora de la Dirección Nacional de Migraciones que mantenga retenidos a la orden de este Tribunal los pasaportes de los ciudadanos iraníes Mohammad Khosraviarag, Gholamreza Ghasemi, Mahdi Mouseli, Saeid Vali Zadeh y Abdolbaset Mohammadi por el término de setenta y dos (72) horas”, dispuso el juez Villena.

De este modo, los cinco ciudadanos iraníes solo podrán dejar el país si Villena los autoriza.

El juez también pidió que la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) le informe “cualquier movimiento que se produzca sobre la aeronave matrícula venezolana YV3531 ­Boeing 747 Dreamliner de la empresa Emtrasur­, la cual se encontraría en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza Ministro Pistarini”.

Todo esto lo dispuso Villena antes de enviarle la causa a la fiscal federal Cecilia Incardona, que ahora deberá determinar si impulsa una investigación penal.

En el mismo fallo que ordenó la retención de los pasaportes de los ciudadanos iraníes, Villena aceptó a la DAIA como querellante, es decir, como particular damnificada. Este reconocimiento le da acceso al expediente y la habilita a pedir medidas de prueba y recurrir decisiones judiciales. Según el juez, la DAIA, tiene “un interés legítimo para que se investiguen los hechos denunciados” por “su carácter de representante de la comunidad judía argentina que sufriera el atentado a la AMIA-DAIA como víctima directa”.

El B747 de la empresa Emtrasur llegó a Ezeiza el lunes 6 de junio a las 15:30. Antes, había hecho una parada en Córdoba; según se informó, por razones climáticas. El avión venía de Caracas, Venezuela. Llegó con 19 tripulantes (cinco iraníes; el resto, venezolanos).

Dos días después el Boeing partió rumbo a Montevideo, pero debió retornar a Ezeiza, porque Uruguay no admitió el ingreso a su territorio. De nuevo en Ezeiza, Migraciones dispuso retener la documentación de los miembros de la tripulación y darles una autorización provisoria de permanencia en la Argentina.

El viernes, los tripulantes venezolanos recuperaron sus pasaportes. No así los iraníes, que de todos modos estaban autorizados a dejar el país si lo hacían en un vuelo comercial. El sábado, el abogado Rafael Resnik Brenner promovió un habeas corpus reclamando por la “libertad” de los pasajeros y pidiendo el “aprovisionamiento de combustible” del avión (ninguna empresa quería proveerle por las sospechas de Estados Unidos).

Ayer, el juez Villena rechazó el hábeas corpus, pero ordenó formar una nueva causa penal para investigar si detrás de este episodio hay un delito penal de acción pública. Antes de enviarle el caso a la fiscal Incardona para que impulse -o no- la investigación, tomó esta medida urgente con el propósito de evitar que los tripulantes iraníes dejen el país.