Piden la ayuda de la FAO y de Unicef con los votos contrarios del chavismo.

El Parlamento venezolano declaró ayer la "crisis alimentaria nacional" y en virtud de ello pidió que la FAO y la Unicef envíen expertos que evalúen los riesgos que entraña el problema para los 30 millones de habitantes del país caribeño. El acuerdo parlamentario, "mediante el cual se declara la crisis humanitaria y la inexistencia de la seguridad alimentaria", fue aprobado a mano alzada por la mayoría de diputados de la oposición y rechazado por la minoría afín al presidente, Nicolás Maduro.

El jefe de Estado "nada dijo sobre el estado de la seguridad alimentaria" en el informe anual que presentó el mes pasado y su Gobierno tampoco ha presentado un plan gubernamental con políticas que intenten revertir "la inseguridad alimentaria", dice el texto.

El estatal Banco Central (BCV) más bien "suplantó las cifras de escasez de alimentos con unas de acaparamiento situándola en la alarmante cantidad global de 87 por ciento", en momentos en que "resulta inocultable la ausencia de productos" en los mercados, añade el acuerdo de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento).

Entre las exigencias al Gobierno contenidas en el texto destaca la que le ordena, de manera "perentoria", presentar ante la AN "un plan de seguridad alimentaria" que, entre otras cosas, contemple un calendario de pago de deudas a proveedores extranjeros, en el marco del control estatal de divisas existente desde inicios de 2003. Esta deuda con proveedores está asfixiando, por ejemplo, a los productores lácteos uruguayos que están reclamando el pago de su mercancía desde hace más de cinco meses.

También exige la AN que dicho plan gubernamental prevea la eliminación de otros "controles y trabas que perjudican" la producción nacional, la publicación "periódica y detallada" de cifras sobre la escasez de alimentos, de la inflación y del "costo de la canasta básica".

A la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) le requiere que su comisión de expertos evalúe "in situ" los riesgos que entrañan "la inseguridad alimentaria" y que además "cotejen la fiabilidad" de las cifras oficiales y a la Unicef "que evalúen el estado de malnutrición infantil".

El diputado oficialista Ricardo Molina dijo en el debate, previo a la aprobación del acuerdo parlamentario, que la declaración de crisis humanitaria en el sector de los alimentos constituía un espaldarazo a advertencias de jefes militares estadounidenses de que, solo en casos extremos como ese, Washington consideraría "una intervención".

Además, alertó Molina, la declaración de la crisis obligaría a Nicolás Maduro a expropiar Empresas Polar, la principal productora nacional privada de alimentos.

"Hagamos el trabajo completo, científicamente, y nos daremos cuenta de que más de 90 por ciento de la capacidad productiva de alimentos en Venezuela lo tiene la empresa privada", remarcó el chavista.

"En Venezuela hay dificultades, pero no son por (culpa de) el Gobierno, sino por el sector privado, apoyado por los medios de comunicación privados, nacionales e internacionales", dijo Molina.

Venezuela arrastra desde hace años una aguda escasez de alimentos que ha empeorado en los últimos meses así como un adicional encarecimiento de los existentes, lo que Maduro achaca a una "guerra económica" opositora para dar al traste con su gestión.

Los parlamentarios opositores dejaron sin efecto el mes pasado un decreto presidencial de emergencia económica publicado previamente en la Gaceta Oficial por orden de Maduro, quien adicionalmente ha optado por reunirse con empresarios privados para encarar la crisis.

Un tema que desde hace años se discute volvió ayer al tapete: la verdadera nacionalidad del presidente Nicolás Maduro. La Asamblea Nacional dispuso ayer oficialmente la apertura de una investigación.

La presidenta de la Comisión de Política Interior de la AN, la diputada Delsa Solórzano, recibió la solicitud suscrita por opositores de diversos sectores sociales que afirman que "existen dudas" sobre la nacionalidad del presidente, aunque este ha asegurado que nació en Caracas. Solórzano remitió la investigación a la subcomisión de Asuntos Civiles, que preside la también opositora Denis Fernández.

Desde que Maduro asumió como canciller de Venezuela en agosto de 2006, diversos opositores se han hecho eco de denuncias surgidas en el exterior sobre su supuesta nacionalidad colombiana, por presuntamente haber nacido en la localidad de Cúcuta de ese país, fronteriza con la nación caribeña, o ser hijo de madre colombiana.

La Registraduría colombiana desmintió hace unos años un supuesto certificado de nacimiento de ese país mostrado por el exembajador panameño ante la OEA Guillermo Cochez y aseguró que lo expuesto por este era un documento falso.

El secretario general de la Unasur, Ernesto Samper, afirmó ayer en Caracas que el gobierno y la oposición venezolana están en la obligación de entenderse para hallar soluciones a la crisis económica. "Los poderes están obligados a entenderse alrededor de cuestiones fundamentales. Esperamos que a través del diálogo institucional gobierno y oposición encuentren la manera de solucionar los más graves problemas que tiene Venezuela, entre ellos los de la crisis económica", dijo Samper en una rueda de prensa. Durante la entrega del informe de la misión de acompañamiento de la Unasur a las elecciones legislativas del 6 de diciembre, el expresidente colombiano (1994-1998) indicó que esos comicios abrieron espacios de diálogo que deben ser aprovechados para encarar la grave crisis.

A última hora de ayer el Tribunal Supremo de Justicia, dominado por el chavismo, declaró la validez del decreto de "emergencia económica" que la Asamblea Nacional rechazó por considerarlo ineficaz. La nueva decisión de la AN es a su vez rechazada por los chavistas. En tanto, los legisladores investigan la verdadera nacionalidad del mandatario, un viejo tema.

La misión de Unasur, encabezada por Samper entregó su informe sobre los recientes comicios y concluyó en que no hubo irregularidades. Expresó asimismo que la impugnación que hizo el chavismo de 4 diputados se resuelva por "vías constitucionales". El propio Samper hizo un llamado al diálogo para acordar salidas a la crisis económica.

"Ahora quieren remendarlo con una emergencia alimentaria que no te permite hacer absolutamente nada. El problema es que hay una emergencia económica producto de que dejó de entrar 80% de los ingresos y esa emergencia requiere de medidas extraordinarias, la única forma de tomar las medidas es con un decreto de emergencia económica", sostuvo.

Al borde del abismo