El Fondo Monetario Internacional (FMI) proyectaba un crecimiento del 4,2 % del PIB de Venezuela este año (parece mucho pero no lo es, considerando la base de la cual se parte), pero los acontecimientos de los últimos días, llevan a claros ajustes a la baja.

Desde las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio, las protestas y la represión en las calles que obligaron a los comercios a cerrar por razones de seguridad, los vuelos cancelados y los empresarios más ocupados en el impacto de la política en sus negocios que en la operativa misma, están afectando la actividad económica.

A esto se le suma la marcha atrás de inversionistas extranjeros que aún están colocando dinero en Venezuela, quienes vuelven a confirmar un contexto turbulento y sin garantías jurídicas. Esto ya se estaba dando y ahora se reafirma.

“Las estimaciones del PIB para Venezuela están bajando al 1% este año y, si el conflicto continúa, volverá a niveles cero o negativo”, dijo El País Hermes Pérez, economista venezolano y profesor de Macroeconomía de la Universidad Metropolitana (Unimet), quien ocupó cargos técnicos en el Banco Central de Venezuela (BCV).

“La actividad comercial está detenida o funcionando parcialmente en el centro de Caracas y en otras zonas del país, hay calles cortadas, los inversionistas no solo se echarán para atrás, sino que ni siquiera pueden llegar a Venezuela porque hay vuelos cerrados. Todo es un caos”, afirmó.

El economista puso foco en la crisis diplomática entre Venezuela y siete países de la región -entre ellos Uruguay-, con la expulsión de los funcionarios de sus respectivas embajadas en Caracas, lo que a su entender tendrá implicaciones comerciales. De confirmarse, esto afectará a la población, por disminución de entrada de alimentos del exterior y aumento de precios.

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“El aislamiento político llevará al aislamiento económico, se recortarán las importaciones”, proyectó Pérez.

En un país con niveles de producción interna muy bajos, la disminución de las importaciones pega fuertemente en el abastecimiento interno.

Jorge Piedrahita, CEO de Gear Capital y consultor de Copérnico Recovery Fund, organización enfocada en Venezuela, coincidió al afirmar a El País: “Venezuela entrará en recesión este año, según la extensión y profundización del conflicto vigente”.

“Ya algunos comercios temen saqueos, como ocurrió en el pasado. Calculamos que solo la caída de la actividad comercial puede llegar al 25% si este conflicto se prolonga por más de un mes”, estimó.

La permanencia del régimen hace prever más violencia a corto plazo y, eventualmente, un endurecimiento de medidas al estilo Nicaragua.

El chavismo parece estar apostando a que las protestas sociales disminuyan en el correr de las próximas semanas -ya sea que se vayan diluyendo espontáneamente o por la represión que ejercen sus fuerzas-; período durante el cual la actividad económica seguirá profundamente afectada o detenida.

El respaldo que el régimen recibe de países como China, Irán, Corea del Norte, Rusia, Cuba y Nicaragua, no ha bastado para evitar el colapso económico y los analistas temen que el derrotero empeore para la población general.

“Los problemas de legitimidad que hoy tiene el gobierno, se traducirán en crisis de gobernabilidad, aun dentro de su propia coalición, y llevará a números rojos la economía”, apuntó Piedrahita. En ese escenario, sopesó que, como efecto inmediato, aumentará la gente en situación de vulnerabilidad.

Ante la violación de derechos humanos y pérdida de garantías, el economista estimó que el gobierno de Estados Unidos podría comenzar a aplicar nuevamente sanciones individuales a funcionarios del régimen venezolano, continuar con sanciones en el sector de la minería, con el oro, y dejar de emitir nuevas licencias petroleras. “Tratará de evitarlo, pero EE.UU podría cancelar algunas licencias ya otorgadas, las de menor impacto, aunque con seguridad mantendrá la de Chevron, que es la más importante”, destacó.

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La debacle de la economía venezolana se ha venido gestando desde que el chavismo tomó las riendas del país, desmanteló su principal empresa -Petróleos de Venezuela (Pdvsa)- y posteriormente se dio el desplome de los precios petroleros.

En 2012, el precio del petróleo estaba en US$ 125 el barril y sostenía el andamiaje del populismo económico del chavismo, llegándose a una aparente “pequeña bonanza” para los sectores sociales.

Esa situación fue insostenible cuando el precio petrolero entró en caída libre a partir de 2014, para quedar por debajo de los US$ 30 en 2016. Luego, el precio petrolero subió nuevamente, aunque nunca a los niveles precedentes.

De esta forma, sin el músculo de los ingresos por venta del crudo, se fue evidenciando la ineficiencia de la política económica gubernamental, la que -además- estuvo muy enfocada en destruir al sector privado, que era el que producía.

Actualmente, se calcula que el PIB de Venezuela está en los US$ 95.000 millones; esto es, una cuarta parte de lo que llegó a estar en 2014. La deuda consolidada es del orden de los US$ 160.000 millones (incluye deuda con China, deuda comercial bilateral con otros países, arbitrajes por pagar, etcétera); un monto totalmente inmanejable.

Desde 2019, el gobierno de Venezuela no publica cifras de gran parte de sus indicadores económicos, o lo hace en forma maquillada, según denuncian organizaciones independientes de ese país.

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