EFE, AFP
La Fiscalía de Perú solicitó 34 años de prisión para el expresidente Pedro Castillo por el fallido autogolpe de Estado del 7 de diciembre de 2022, informó ayer viernes el Ministerio Público.

“El Ministerio Público solicita 34 años de prisión contra Pedro Castillo Terrones por los delitos de rebelión, abuso de autoridad y grave perturbación a la tranquilidad pública. El expresidente es acusado de perpetrar el golpe de Estado el pasado 7 de diciembre de 2022”, publicó la Fiscalía en su cuenta en la red social X.

El exmandatario se encuentra recluido desde ese día en cumplimiento de una orden de prisión preventiva de 18 meses y pesa sobre él otra orden de 36 meses de prisión preventiva mientras es investigado por presuntamente haber liderado una red corrupta en el Ejecutivo.

Ese 7 de diciembre, Castillo anunció en un mensaje a la nación el cierre del Parlamento, la reorganización del sistema de justicia y la instalación de un Ejecutivo de emergencia que debía gobernar por decreto.

Por esa decisión, fue destituido por el Congreso y, posteriormente, arrestado por su propia escolta.

La Fiscalía también pidió 25 años de prisión contra la entonces primera ministra, Betssy Chávez, por el delito de rebelión.

Igualmente, el Ministerio Público solicitó 25 años de prisión para los exministros de Comercio Exterior Roberto Sánchez Palomino y del Interior Willy Huerta Olivas, así como para los oficiales de la Policía Nacional del Perú (PNP) Manuel Lozada Morales, Jesús Venero Mellado y Eder Infanzón Gómez.

Por otro lado, la Justicia de peruana seguirá procesando al expresidente Alberto Fujimori por el asesinato de seis personas en 1992, luego de que un tribunal rechazara el pedido de su defensa para que se lo excluyera de ese juicio.

La decisión fue tomada por el Tribunal Superior de la Corte Nacional, que ayer declaró “improcedente el pedido de excepción de naturaleza de acción”, un recurso en el que se alega que el hecho denunciado no constituye un delito, según precisó el Poder Judicial en X.

De esa manera, la sala decidió que continúe el juicio oral contra Fujimori, su exasesor Vladimiro Montesinos y otras 21 personas por la presunta comisión de los delitos de homicidio, asesinato y desaparición forzada.

Fujimori enfrenta el nuevo juicio por sucesos ocurridos en enero de 1992, cuando seis campesinos de la localidad de Pativilca, en el norte de la región de Lima, fueron secuestrados, torturados y asesinados por el grupo militar encubierto Colina, según confesó uno de sus exintegrantes, quien también confirmó una línea de mando que llegaba hasta el jefe de Estado.