AFP, EFE
Un día después de ponerle fin al acuerdo para exportar granos por el mar Negro, Rusia bombardeó ayer el puerto ucraniano de Odesa, con el objetivo de mostrar el riesgo de continuar con la salida de alimentos por esa vía sin la autorización del régimen de Vladimir Putin.

El ataque ruso al puerto de Odesa “es una prueba más de que el país-terrorista (Rusia) quiere amenazar la vida de 400 millones de personas en otros países que dependen de las exportaciones de alimentos de Ucrania”, escribió en Telegram el jefe de Gabinete de la Presidencia ucraniana, Andrí Yermak.

Rusia dijo que el bombardeo a Odesa no tenía como objetivo bloquear el puerto por el que Ucrania sacaba su grano, sino destruir un astillero en el que se fabricaban los drones acuáticos que atacaron el puente de Crimea el lunes.

Yermak insistió en que “el objetivo de Rusia es el hambre y el asesinato de personas. Ellos necesitan oleadas de refugiados. Con ello quieren debilitar a Occidente”.

Tras suspender unilateralmente el acuerdo para la exportación de granos por el mar Negro, Rusia también canceló todas las garantías de navegación marítima y restauró las restricciones al corredor humanitario.

Asimismo, reimplantó el régimen de zona temporalmente peligrosa en las aguas del noroeste del mar Negro y suspendió su participación en el centro conjunto en Estambul que coordinaba la exportación de grano ucraniano.

Con ello vuelve el riesgo de bombardeos y minas al mar Negro y dificulta de sobremanera la propuesta del presidente ucraniano Volodimir Zelenski de activar un acuerdo similar con ayuda de la ONU y Turquía para continuar las exportaciones.

Las compañías aseguradoras de hecho ya revisan las pólizas de los barcos dispuestos a operar en Ucrania.

Algunos observadores sostienen que aquellas aseguradoras que aún podrían ofrecer pólizas, lo harían con un incremento considerable de su precio, si bien este tipo de cobertura de alto riesgo podría cancelarse totalmente si Rusia adopta ciertas medidas militares, como la colocación de minas en la zona.

El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, advirtió ayer precisamente de que la continuación de las exportaciones del grano ucraniano por el mar Negro sin la anuencia de Rusia implica riesgos de seguridad.

“Se trata de una zona próxima a la de combates y sin las debidas garantías allí surgen determinados riesgos”, explicó.

“Si se prepara algo sin Rusia, se deben tener en cuenta esos riesgos”, insistió Peskov.

Moscú no puede decir “qué países y en qué medida estarían dispuestos a asumir” esos riesgos, dijo.

A su vez, el ministro de Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, abordó ayer con su homólogo turco, Hakan Fidan, posibles alternativas para la exportación de su propio grano tras salirse del pacto.

Enfatizando la posición del Kremlin, canciller ruso dijo a su homólogo turco que el fin del acuerdo significaba “la retirada de las garantías de seguridad de navegación”, lo que convierte de nuevo el mar Negro, por donde circulaban los cargueros, en “una zona provisionalmente peligrosa”.

Lavrov destacó el acuerdo fue suspendido por parte de Rusia, entre otras cosas, por la imposibilidad de exportar sus cereales y fertilizantes, el bloqueo de sus pagos bancarios y la congelación de sus activos en el extranjero luego de la invasión a Ucrania.

El pacto del que Rusia se bajó permitió la exportación de más de 32 millones toneladas de grano ucraniano el año pasado, principalmente maíz y trigo, lo que ayudó a estabilizar los precios mundiales y a prevenir el riesgo de penuria.

El lunes, Zelenski había dicho que “incluso sin Rusia, se debe hacer todo lo posible para que podamos utilizar ese corredor (para las exportaciones) en el mar Negro. No tenemos miedo”.

El secretario general de la ONU, António Guterres, advirtió que millones de personas tendrán que “pagar el precio” de la decisión de Rusia.

El presidente de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa, alertó de que una posible detención de Vladimir Putin en agosto durante la cumbre del grupo de economías emergentes BRICS, sería una “declaración de guerra”. “Rusia ha dejado claro que arrestar a su presidente en ejercicio sería una declaración de guerra. Sería contrario a nuestra Constitución arriesgarse a entrar en guerra con Rusia”, dijo Ramaphosa, según una declaración hasta ahora confidencial y hecha pública ayer -contra la voluntad del jefe de Estado- por el Tribunal Superior de Gauteng.

“Tengo obligaciones constitucionales de proteger la soberanía nacional, la paz y la seguridad de la República y de respetar, proteger, promover y satisfacer los derechos a la vida, la seguridad y la protección del pueblo de la República”, añadió Ramaphosa, según recogen medios locales.

Esta fue la respuesta presidencial a la demanda presentada ante la corte por la Alianza Democrática (AD), principal partido de la oposición en Sudáfrica, para conseguir una “orden declaratoria” que garantice la detención de Putin.

Sudáfrica se encuentra en el punto de mira tras confirmar el pasado marzo que invitó a Putin a participar en la cumbre de los BRICS pese a la orden de arresto emitida por la Corte Penal Internacional (CPI) contra él por crímenes de guerra tras la invasión de Ucrania.

Como Estado miembro de la CPI, Sudáfrica, que acogerá la cumbre del bloque entre el 22 y el 24 de agosto, está obligada a cooperar en el arresto de Putin.

Brasil, Rusia, la India y China crearon en 2006 el grupo BRIC, al que se unió Sudáfrica en 2010, lo que añadió al acrónimo la letra S.