EFE
El Tribunal Superior Electoral (TSE) iniciará hoy jueves un juicio por supuestos abusos de poder por parte del expresidente brasileño Jair Bolsonaro, quien puede perder todos sus derechos políticos en caso de ser hallado culpable.

La acusación, extensiva al general Walter Braga Netto, quien fue su compañero de fórmula como candidato a vicepresidente el año pasado, sostiene que Bolsonaro violó la ley electoral a lo largo del proceso que llevó a la victoria de Luiz Inácio Lula da Silva.

El proceso fue impulsado por el Partido Democrático Laborista (PDT) y está centrado en la dura campaña de descalificación que Bolsonaro mantuvo contra la Justicia electoral y otras instituciones durante los dos años previos a los comicios de octubre pasado.

El TSE ha reservado tres audiencias para este caso, por lo que la sentencia, que puede declarar “inelegible” a Bolsonaro durante ocho años si fuera declarado culpable, sería dictada la semana próxima.

Un punto central de la acusación es una reunión que Bolsonaro convocó en la residencia oficial de la Presidencia con medio centenar de embajadores extranjeros el 18 de julio de 2022 para insistir en su campaña de descrédito contra el sistema electoral.

En esa reunión, transmitida por la televisión pública por orden expresa de la Presidencia, intentó convencer a los diplomáticos de los supuestos fraudes que permitirían las urnas electrónicas que se utilizan en las elecciones en Brasil desde 1996, pese a que nunca se ha comprobado una sola irregularidad. Reiteró además sus críticas al TSE y hasta sugirió que algunos de sus miembros “conspiraban” para favorecer a Lula en los comicios.

Esa reunión con embajadores fue el inicio de una campaña contra las urnas electrónicas a la que Bolsonaro imprimió más fuerza en marzo de 2021, cuando la Corte Suprema anuló los juicios por corrupción que llevaron a la cárcel a Lula, quien desde ese momento paso a liderar todas las encuestas electorales para 2022.

De acuerdo a la acusación, Bolsonaro incurrió en “abusos de poder y económicos” y en “uso indebido de los medios públicos”, al valerse de la residencia oficial de la Presidencia para esa reunión y ordenar su transmisión por la televisión pública. El PDT fue más allá y sostuvo que Bolsonaro “buscó la adhesión de países extranjeros para, en caso de promover un golpe de Estado, obtener apoyo” bajo la tesis de que hubo fraude electoral.