EFE, AFP
El informe encomendado por la ONU sobre la actuación de su agencia para los refugiados palestinos (Unrwa) en Gaza, admite que tiene “problemas de neutralidad política”, aunque considera que Israel aún debe probar su denuncia de que algunos de sus miembros están vinculados con organizaciones terroristas.

El informe había sido encargado a una comisión creada ad hoc y presidida por la exministra de Exteriores francesa, Catherine Colonna, después de que en enero Israel acusara a 12 de agentes de la Unrwa de participar en los ataques terroristas de Hamás del 7 de octubre. Además, Israel acusa a 2.135 miembros de la agencia de pertenecer a Hamás o a la Yihad Islámica.

El informe dice que la agencia “es irremplazable e indispensable para el desarrollo humano y económico de los palestinos”. Colonna precisó que su comisión no tenía por cometido verificar el caso concreto de los 12 agentes acusados por Israel, ya que eso forma parte de otra investigación del Departamento de Asuntos Internos de la ONU.

Cuando Israel acusó en enero a los agentes de la Unrwa de participar en los ataques, 16 de sus países donantes suspendieron su financiación, y la agencia perdió de golpe 450 millones de dólares; después, la mayoría de ellos han ido retomando la financiación, pero algunos, como el Reino Unido y Francia, han dicho que esperaban a ver el “informe Colonna” antes de hacerlo.

Estados Unidos, que tradicionalmente ha sido el mayor donante, la suspendió por completo y luego el Congreso prohibió al Gobierno que la retome hasta, como mínimo, marzo de 2025.

La Unrwa fue creada por la Asamblea General de la ONU en 1949.

Foto: AFP

Las recomendaciones del esperado “informe Colonna” buscan terminar con los problemas que afectan a su neutralidad, como son la “creciente politización entre su personal”, el uso de sus instalaciones con fines políticos y hasta militares, la aparición de contenidos antisemitas en algunos de los manuales escolares o el uso indebido de los sindicatos por parte de los trabajadores para presionar a la dirección.

Entre las recomendaciones, aparecen medidas como incrementar el número de personal internacional (no palestino) en los cuadros medios que trabajan sobre el terreno, aumentar la presencia de mujeres, mejorar la cooperación con las otras agencias de la ONU, realizar más reuniones regulares entre dirección y personal y someterse a exámenes periódicos en las sedes de la ONU de Nueva York o Ginebra.

Oren Marmorstein, portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel, dijo que el informe de la ONU “ignora la seriedad del problema, y ofrece soluciones cosméticas que no hacen frente al enorme alcance de la infiltración de Hamás”.

Ayer lunes se divulgó también el informe anual de Estados Unidos sobre la vulneración de derechos humanos en el mundo.

El documento, relativo a 2023, señala “crímenes de lesa humanidad” cometidos por el Ejército ruso en su segundo año de invasión a Ucrania, critica la ley anti-LGTBI de Uganda y señala la existencia de presos políticos en Cuba y en Nicaragua.

Este exhaustivo informe elaborado desde 1977 por el Departamento de Estado sirve de guía al Congreso de Estados Unidos a la hora de determinar la ayuda exterior que se concede a cada país.

El reporte recoge “el brutal ataque terrorista” de Hamás del 7 de octubre contra Israel.

También considera que Israel está “ejerciendo su derecho a la autodefensa” en su ofensiva sobre Gaza, pero subraya que el Gobierno de Benjamín Netanyahu “debe conducir sus operaciones militares de conformidad con el derecho internacional y tomar todas las precauciones posibles para proteger a los civiles”.

“Seguimos planteando nuestra creciente preocupación por las muertes y lesiones de decenas de miles de civiles palestinos en Gaza, incluidos mujeres, niños y personas con discapacidad”, relata el informe, si bien no menciona explícitamente que el Ejército israelí haya cometido violaciones de derechos humanos.