DOS PAÍSES EN CRISIS

Dos países de la región se encuentran en situación turbulenta desde hace tres semanas, por motivos diferentes: Chile es estremecido por enormes manifestaciones, que alcanzan extremos violentos, en reclamo de mejores condiciones de vida, en tanto Bolivia es golpeada por las consecuencias de las elecciones, en las que el presidente Evo Morales logró la tercera reelección, que es objetada, argumentando fraude, por la oposición.

La crisis en Bolivia estalló el 20 de octubre, al conocerse que Morales había ganado con 47,08% de los votos contra 36,51% de Carlos Mesa. La diferencia de 10,57% le da el triunfo sin necesidad de ir a una segunda vuelta.

Ante la continuación de la crisis, Morales convocó ayer al diálogo a los partidos políticos opositores del que excluyó a los poderosos comités cívicos regionales que lo tienen en jaque, en medio de una tensión máxima después de motines policiales y protestas en demanda de su renuncia.

“Convoco al diálogo a los partidos que han obtenido asambleístas en las últimas elecciones nacionales, son cuatro partidos”, dijo Morales, que se niega a renunciar, en un mensaje desde la base aérea de El Alto, en el que pidió también a los funcionarios policiales que pongan fin a sus motines y retomen las labores de preservar la seguridad.

Convocó “con una agenda abierta para pacificar Bolivia”, de manera “urgente” e “inmediata”. E invitó a acompañar el diálogo a la ONU y la OEA, así como a las iglesias.

El país es escenario de protestas multitudinarias, paros y violencia, que ha dejado tres muertos y 250 heridos desde los comicios presidenciales.

Apenas minutos después de la convocatoria, el expresidente (2003-2005) y principal candidato opositor Carlos Mesa, rechazó la iniciativa: “No tengo nada que negociar con Evo Morales y su gobierno”, señaló el líder de Comunidad Ciudadana.

Aunque Morales accedió a realizar una auditoría del resultado electoral, que actualmente lleva a cabo la Organización de los Estados Americanos (OEA), los opositores lo consideraron un acto “unilateral”, y las tensiones se han incrementado.

A las denuncias de fraude y pedidos de renuncia a Morales se sumaron los poderosos comités cívicos, formados por grupos opositores civiles, liderados por Luis Fernando Camacho, de la región de Santa Cruz.

Sin embargo, estos comités no han sido convocados a participar del diálogo que promueve Morales. Entre los invitados, el dirigente Rubén Costas, del partido Bolivia Dijo No, también declinó la invitación: “No acudiré al diálogo”, respondió.

Los otros dos partidos convocados son el partido de Morales, Movimiento al Socialismo (MAS), y el opositor Partido Demócrata Cristiano.

El analista Iván Arias consideró que la iniciativa de Morales es “un diálogo vacío, porque no están los sectores que están protestando”.

En la misma línea, el líder cívico Waldo Albarracín, rector de la Universidad Mayor de San Andrés, cuyo personal y alumnos están movilizados contra Morales, advirtió: “La movilización (...) la está realizando la sociedad civil, no los partidos políticos”.

Morales también enfrenta una sublevación de las fuerzas policiales. Por eso, pidió a los policías que retomen sus labores: “Convoco a los comandantes nacionales, departamentales, a ese policía que es comprometido con su pueblo, a cumplir con las normas, a cumplir con su honor”.

La rebelión policial fue iniciada el viernes en la tarde por las fuerzas especiales (UTOP) en la ciudad central de Cochabamba y se expandió inicialmente a los comandos de Sucre (sur, la capital de Bolivia) y Santa Cruz, región del oriente del país y bastión opositor.

Durante la noche del viernes la rebelión de los agentes se extendió a las demás regiones (de un total de nueve), salvo La Paz y Pando (norte), según medios locales. Sin embargo, los agentes de la UTOP de La Paz que mantenían restringido el acceso a la plaza donde está la casa de gobierno, se retiraron a su cuartel ayer en expresión de apoyo a los motines.

La rebelión se desató mientras la oposición exigía en las calles la renuncia de Morales, quien volvió a afirmar que hay un “golpe de Estado” en marcha en su contra. El gobierno descartó enviar a tropas militares a someter a los policías rebeldes, dijo el ministro de Defensa, Javier Zavaleta, mientras la oposición saludó la rebeldía de los agentes y pidió a las Fuerzas Armadas que los siguieran.

Desde el viernes 18 de octubre, cuando el aumento en la tarifa del metro destapó la ira en las calles de Santiago, los chilenos reclaman contra las desigualdades en un país con una economía próspera de libre mercado pero con un Estado ausente o laxo en educación, salud y jubilaciones.

Veinte muertos y más de mil heridos han dejado las protestas que han golpeado a pequeños y medianos empresarios de una de las economías más estables de América Latina.

El viernes, una multitudinaria marcha pacífica en Santiago terminó en incidentes que provocaron un incendio en una universidad y saqueos en una iglesia para quemar su mobiliario en una barricada.

Decenas de miles de manifestantes asistieron a la llamada tercera “marcha más grande de Chile”, en la céntrica Plaza Italia de Santiago, donde a pocos metros y en medio de disturbios se quemó parte de la sede de la privada Universidad Pedro de Valdivia, que alberga las oficinas de la rectoría de la institución. La casa patrimonial, construida en 1915, comenzó a arder por el techo cuando manifestantes encapuchados se enfrentaron con agentes antimotines que habían encendido barricadas en los alrededores, indicaron testigos a medios d eomunicación locales.

Lo primero que se vio arder fue el techo de madera de la edificación donde los carros de bomberos tuvieron problemas para desplegarse por la presencia de manifestantes, informaron fuentes de la Intendencia de Santiago.

Muy cerca de la universidad siniestrada, un grupo de encapuchados saqueó una iglesia histórica, la Parroquia de La Asunción construida en 1876, y utilizó parte del mobiliario para encender barricadas.

Durante la concentración pacífica en Plaza Italia, los manifestantes habían desplegado un enorme lienzo llamándola “Plaza de la Dignidad”.

Una marea humana se reunió por tercer viernes seguido portando banderas chilenas. Esta marcha, convocada en redes sociales, buscaba igualar una del 25 de octubre que reunió 1,2 millones de personas y que fue seguida por otra no tan masiva, el 1 de noviembre.

Pero los incidentes violentos, liderados por encapuchados, han opacado un poco el movimiento que, sin embargo, sigue activo día tras día en las calles de Santiago y otras ciudades.

“En estos tiempos de emergencia, el Gobierno tiene que tener muy claro el norte para no caer en la tentación de la demagogia y el populismo”, sostuvo el presidente Sebastián Piñera en una entrevista con el diario El País de Madrid.

“Nuestro programa de gobierno, con el cual ganamos las elecciones, incluía una reforma de las jubilaciones que estaba atascada en el Congreso desde hace más de un año y ahora saldrá adelante”, explicó. “Incluía también una profunda reforma del sistema de salud, tanto público como privado, para hacerlo más equitativo y de mejor calidad. Y una reforma de la educación. Ahora nos damos cuenta de que la demanda social era más urgente y más profunda y hay que acelerar el ritmo. Uno de los riesgos cuando se dan estas situaciones es que los Gobiernos se transformen en demagogos, populistas e irresponsables y tiren la casa por la ventana. Con eso, lo único que hacen es comprometer el futuro del país. Por eso, tenemos que ser muy responsables y no destruir las bases de la economía”.

Al preguntarle cuánto tiempo puede resistir Chile las protestas, Piñera consideró que “cada persona hace su propia proyección y yo soy optimista. Creo que la democracia chilena, el Estado de derecho y el sentido común van a predominar. En Chile tenemos una paradoja: fue la colonia más pobre de España en América Latina y en los últimos 30 años vivió probablemente uno de los mejores períodos de su historia. En 30 años logramos recuperar la democracia en forma ejemplar, un proceso de crecimiento y desarrollo que nunca antes habíamos conocido”.

Ante la pregunta de si habrá un cambio de modelo o solo retoques, el presidente dijo que el modelo en el que cree es la democracia con libertad de expresión, con separación de poderes con respeto por las minorías, y una economía libre, abierta, de mercado, competitiva y un fuerte compromiso de ofrecer mayor igualdad de oportunidades. “El otro modelo es el bolivariano, que ha traído en todos los países donde se ha aplicado sufrimiento, frustración, pérdida de libertad, estancamiento”, afirmó.

Sebastián Piñera abierto a reformar Constitución

Contempla creación de mejor mecanismo para la participación.

El presidente de Chile, Sebastián Piñera, se abrió a reformar la Constitución promulgada en la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990.

“Creo en los cambios a la Constitución, que son legítimos y los vamos a discutir; de hecho estamos preparando un proyecto de cambios a la Constitución para poder actualizar y tener nuestra propia propuesta”, dijo el mandatario en una entrevista difundida ayer sábado por el diario El Mercurio.

El mandatario aseguró que los cambios “tienen que ser más profundos y más intensos de lo que pensaba hace algunos años atrás”, y si bien no puso plazos para presentar su proyecto, precisó que sus reformas serán discutidas en el Congreso, la única instancia legal en Chile para modificar la Carta Magna.

La Constitución actual no establece mecanismos para poder reemplazarla, tampoco le entrega al presidente la posibilidad de llamar a un plebiscito, un mecanismo reservado solo para casos cuando haya diferencias graves con el Parlamento. Entre los cambios que contempla el proyecto de Piñera está “definir mejor los derechos de las personas y establecer cómo se van a respetar”, precisar “las obligaciones del Estado” y crear “mejores mecanismos de participación”.

Ante los reclamos sociales, Piñera anunció hace dos semanas una nueva agenda social con un paquete de 15 medidas referidas a mejorar el ingreso mínimo, las pensiones, salud, educación y la reducción de las dietas parlamentarias y de los altos sueldos de la administración pública, iniciativas que no logran contener el estallido social.

Con información de AFP