CONFLICTO

La Unión Europea (UE) acusó ayer miércoles a Rusia de “chantaje” por cortar el suministro de gas a Polonia y Bulgaria en pena guerra de Ucrania. El grupo ruso Gazprom suspendió sus entregas de gas a Bulgaria y Polonia, alegando que esos dos países no pagaron los envíos en rublos, como lo ordenó el mes pasado Vladimir Putin.

El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, dijo sin embargo que la suspensión de las entregas es consecuencia de “unas acciones inamistosas sin precedentes” de esos dos países, miembros de la OTAN y la UE.

Para la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, el anuncio de Gazprom constituye “un nuevo intento de Rusia de chantajearnos con el gas”.

Von der Leyen aseguró que el bloque de la UE, de 27 países, estaba “preparado” para una eventual interrupción de la llegada de gas ruso y que elaboraba “una respuesta coordinada” para ese tipo de escenario.

El gas de Rusia representa el 45% de las importaciones de la UE en su conjunto.

Polonia y Bulgaria están recibiendo gas de sus vecinos de la UE después de que Rusia les cortara el suministro.

“Nos aseguraremos de que la decisión de Gazprom tenga el menor impacto posible en los consumidores europeos”, dijo Von der Leyen.

“Hoy el Kremlin falló una vez más en su intento de sembrar división entre los Estados miembro. El fin de la era de los combustibles fósiles rusos en Europa está cerca”, añadió.

Putin dijo en marzo que su país solo aceptaría el pago por sus envíos en la moneda nacional, en respuesta a las sanciones tomadas para castigar la ofensiva del Kremlin en Ucrania.

Von der Leyen advirtió a los importadores de gas ruso en la UE que, a menos que un contrato estuviera redactado para ser pagado en rublos, ceder a las demandas de Putin y pagar en la divisa rusa sería contravenir las sanciones.

También explicó que cerca del 97% de los contratos de la UE estipulan explícitamente su pago en euros o dólares.

Desde Santiago de Chile, donde realizó una visita, el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, dijo ayer miércoles la UE hará frente “de forma conjunta y solidaria” al corte de suministros de gas ruso a Polonia y Bulgaria.

“Ya sabíamos que teníamos que disminuir esa dependencia del gas y del petróleo ruso y lo que Rusia hace ahora no es, ni más ni menos, que empujarnos a hacer eso más rápido todavía”, dijo Borrell en una rueda de prensa en La Moneda con el presidente Gabriel Boric.

“Tenemos medios para hacerle frente y le haremos frente de una forma conjunta y solidaria. Los europeos pueden estar seguros de ello”, añadió

Enfatizó que “lo que Rusia hace hoy, es convertir la dependencia en un acto de agresión” tras hacer efectivo el corte de gas a Polonia y Bulgaria.

Tras la reunión con el presidente, Borell destacó también que la dependencia energética de Europa con Rusia “ha ido demasiado lejos y, con Ucrania o sin Ucrania, era tiempo de reducirla”.

“Esta última decisión de Rusia no hará sino acelerar el que Europa se reconvierta a energías verdes, que no crea dependencias”, afirmó Borrell. “No hay mal que por bien no venga”, acotó.

La suspensión del gas a Polonia y Bulgaria es hasta el momento la reacción más dura de Rusia a las sanciones impuestas por Occidente, que incluyen la congelación de las reservas del Banco Central de Rusia y la desconexión de varios bancos rusos del sistema interbancario internacional SWIFT.

El primer ministro búlgaro, Kiril Petkov, calificó de “chantaje inaceptable” el corte de suministro por parte de Gazprom, y su Gobierno consideró que ello demuestra que la gasística es “un socio imprevisible que utiliza un recurso energético como instrumento de presión durante la guerra de Rusia contra Ucrania”.

Bulgaria tiene una gran dependencia energética de Rusia: hasta un 90% del gas que consume procede de ese país y sus reservas se encuentran al 17,7%, el segundo nivel más bajo de la UE.

Eso sí, sus contratos con Gazprom concluyen este año y ya había anunciado que no tenía intención de renovarlos.

Bulgaria pretende ahora seguir un plan desarrollado con anterioridad para asegurar suministros alternativos, que incluyen gas desde Grecia y Turquía, además de gas natural licuado (GNL) cuando sea necesario, si bien solo están garantizados para mayo.

Por su parte, el presidente de Polonia, Andrzej Duda, reiteró la intención de su país de acabar con la dependencia de los combustibles fósiles rusos. Polonia cubre aproximadamente el 45% de sus necesidades con el combustible ruso y sus reservas están en el 75% de su capacidad. (AFP, EFE)

El ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, mostró su apoyo en Helsinki al ingreso de Finlandia en la OTAN, aunque recordó que la decisión final corresponde al país nórdico y a la alianza atlántica. “Para España, Finlandia es una democracia consolidada y, por ello, me parece normal que deba tener un sitio dentro de la OTAN, que es una alianza de democracias”, afirmó Albares en una rueda de prensa conjunta con su homólogo finlandés, Pekka Haavisto.

El ministro español recordó que Finlandia, que estos días debate si solicita su adhesión a la OTAN, cuenta con la solidaridad de España al ser miembro de la Unión Europea (UE) y, por lo tanto, está cubierta por la cláusula de asistencia mutua del artículo 42 del Tratado de Lisboa. “Así que para España no sería nada nuevo tener a Finlandia en la familia de la OTAN, porque ya estamos listos para mostrar la misma solidaridad que dentro de la familia europea”, dijo.

Ambos ministros abordaron en la capital finlandesa la agresión rusa a Ucrania, que ha hecho replantarse a Finlandia su política de seguridad, y la firme respuesta europea a la invasión ordenada por Vladímir Putin.

“Estamos afrontando las consecuencias de la guerra injusta e injustificada de Putin. Los miembros de la Unión Europea, con España y Finlandia a la vanguardia, hemos permanecido unidos en nuestro apoyo a Ucrania y nuestra condena a las agresiones rusas”, recalcó.

Albares recordó que España ha respondido “a todos los niveles”, acogiendo a un gran número de refugiados ucranianos, enviando ayuda militar y humanitaria a Ucrania, presentando una denuncia ante la Corte Penal Internacional y, más recientemente, reabriendo la embajada española en Kiev, la capital ucraniana.