Wilfredo Mirando Aburto / El País de Madrid
Cuando falta poco más de un mes para que abandone la Casa Blanca, el presidente Joe Biden ha lanzado lo que podría catalogarse como la última medida de presión de su Administración contra el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo: la apertura de una investigación a través de la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) por “los actos, políticas y prácticas de Nicaragua relacionados con los derechos laborales, los derechos humanos y el Estado de derecho”. Lo más relevante es la amplitud que plantea esta pesquisa, ya que abre la puerta a una eventual suspensión de Nicaragua del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana (CAFTA-DR), uno de los generadores económicos claves del país centroamericano.

La representante comercial de Estados Unidos, Katherine Tai, informó a través de un comunicado de que la investigación “se llevará a cabo de conformidad con la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974, en su forma enmendada”. Esta normativa autoriza al presidente estadounidense a tomar todas las medidas apropiadas, “no solo represalias basadas en aranceles, sino también no basadas en aranceles, para abordar cualquier acto, política o práctica injustos de un Gobierno extranjero que signifique una carga para el comercio de los Estados Unidos”.

Estados Unidos es el principal socio comercial de Nicaragua, muy pero muy por encima de China, con el que el régimen sandinista firmó otro tratado de libre comercio a finales de 2023. El mercado norteamericano representa el 30% de las importaciones de Nicaragua y es destino del 55% de sus exportaciones.

Foto: AFP

A partir del recrudecimiento de la represión política en 2018, sobre la mesa siempre ha estado la suspensión de Nicaragua del tratado de libre comercio, vital para la economía del país, pero hasta ahora había encontrado reticencias por sus implicaciones económicas. De modo que el debate en Washington se había centrado no en suspender a Nicaragua, sino cómo ejercer una presión efectiva sobre las violaciones laborales, ambientales y empresariales al tratado.

Sin embargo, esta investigación anunciada por la oficina Comercial de Estados Unidos plantea la posibilidad de aplicar penalidades o multas, a pesar de la presión de empresas por no hacerlo, hasta reimponer tarifas en ciertos bienes. “Puede también derivar en una suspensión temporal al tratado de libre comercio CAFTA, o renegociar el tratado por separado. La justificación es amplia y no restringida a derechos laborales”, explica a El País Manuel Orozco, investigador del Diálogo Interamericano y uno de los mayores conocedores de la política de Washington hacia Managua.

El comunicado difundido por la Administración de Biden y Kamala Harris este 10 de diciembre asegura que “a Estados Unidos le preocupa que Nicaragua esté llevando a cabo ataques represivos y persistentes contra los derechos laborales, los derechos humanos y el Estado de derecho”.

“La investigación iniciada hoy es la primera en virtud de la Sección 301 para investigar actos, políticas y prácticas que puedan violar los derechos laborales, los derechos humanos y desmantelar el Estado de derecho que puedan suponer una carga para el comercio estadounidense, y complementa una serie de acciones que Estados Unidos está llevando a cabo para conmemorar hoy el Día Internacional de los Derechos Humanos”, remarcó la alta funcionaria Katherine Tai.

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El comunicado de la Oficina del Representante Comercial de Washington menciona que “numerosos informes creíbles del Gobierno de Estados Unidos, así como de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Organización Internacional del Trabajo y el Grupo de Expertos en Derechos Humanos de la ONU sobre Nicaragua”, documentan que el régimen de Ortega-Murillo incurre en violaciones de los derechos laborales y los derechos humanos y en el desmantelamiento del Estado de Derecho.

“El tratado conocido como CAFTA-DR fue diseñado para promover el intercambio comercial, eliminando gradualmente las barreras arancelarias y con mecanismos de solución de disputas entre empresas y Estados. El tratado también incluye dos candados de cumplimiento legal referente a derechos laborales y del medio ambiente, en los que las partes signatarias se comprometen a respetar estos derechos como parte de la implementación del acuerdo.

“Legalmente, ningún Estado puede expulsar a otro por incumplimiento, pero un Estado puede interpelar a otro ante alguna violación o decidir salirse o renegociar el acuerdo”, afirma Orozco. “También conforme con un artículo traído de las normas internacionales un Estado no se puede abstener de tomar medidas sobre otro si éste afecta el interés nacional. Esta última decisión es de tipo unilateral y poco utilizada por Estados Unidos. Sin embargo, las multas u otras penalidades comerciales han sido práctica común de Estados Unidos. Este último aspecto es uno que aplica directamente al caso de Nicaragua dado el incumplimiento del acuerdo en varios aspectos, incluyendo lo laboral y ambiental”.