AFP, EFE
La jesuita Universidad Centroamericana (UCA) de Nicaragua es la última víctima de la dictadura de Daniel Ortega. La UCA anunció el miércoles la suspensión de todas sus actividades luego de que un tribunal afín al régimen ordenara la confiscación de sus bienes y fondos, tras acusarla de ser un “centro de terrorismo”.

“Las medidas se toman en correspondencia a señalamientos infundados de que la Universidad Centroamericana funcionó como un centro de terrorismo, organizando grupos delincuenciales”, dijo la UCA en una nota, en alusión a las protestas antigubernamentales de 2018 que dejaron más de 300 muertos.

La universidad explicó que la tarde del martes recibió un oficio que notificaba la medida: “Se ordena que la incautación de todos los bienes descritos (...) sea a favor del Estado de Nicaragua que garantizará la continuidad de todos los programas educativos”.

La dictadura de Ortega mantiene una conflictiva relación con la Iglesia católica. El obispo Rolando Álvarez está preso desde agosto de 2022 condenado en febrero a 26 años de cárcel por menoscabar la integridad nacional, entre otros cargos. Al menos otros dos sacerdotes están encarcelados acusados de delitos comunes.

“La Universidad Centroamericana suspende a partir de hoy todas las actividades académicas y administrativas, hasta que sea posible retomarlas de manera ordinaria, lo cual será informado a través de los canales de comunicación oficiales de la Universidad”, agregó el centro académico.

La jefatura provincial centroamericana de la Compañía de Jesús consideró “totalmente falsas e infundadas” las acusaciones contra la UCA y solicitó que se revierta “la drástica, inesperada e injusta medida”.

“Se trata de una política gubernamental que está violando sistemáticamente los derechos humanos y parece estar orientada a consolidar un Estado totalitario”, aseguró la organización jesuita con sede en San Salvador.

El inicio de clases del segundo semestre del año estaba previsto en la UCA para el 21 de agosto.

La UCA, fundada en julio de 1960 por la Compañía de Jesús, cuenta con unos 5.000 estudiantes y se define como “institución educativa sin fines de lucro, autónoma, de servicio público e inspiración cristiana”.

Durante las protestas de 2018, el entonces rector de la UCA, José Idiáquez, participó como directivo de la alianza opositora en encuentros de diálogo con el gobierno.

Las autoridades de Nicaragua también cerraron recientemente dos universidades del arzobispado de Managua, así como unas 3.000 organizaciones no gubernamentales en el marco del endurecimiento de las leyes tras las protestas. Además, centenares de opositores han sido enviados al exilio y despojados de sus bienes y de su nacionalidad.

Varias de estas medidas han sido ordenadas por tribunales, por lo que la comunidad internacional denuncia que la justicia de Nicaragua está al servicio del régimen de Ortega.

En marzo, el papa Francisco se mostró “preocupado” y “entristecido” por la situación en Nicaragua, especialmente por el obispo Álvarez y por la deportación de 222 opositores. Además, el Papa consideró que Nicaragua tenía una “dictadura guaranga”.

Ortega replicó poco después lanzo que una “mafia” era la encargada de escoger a los papas y otros jerarcas católicos.

La Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos en América Central y el Caribe expresó su condena a la confiscación de todos los bienes de la UCA en Nicaragua.

También Estados Unidos condenó. La “confiscación por parte del gobierno de Ortega de la Universidad Centroamericana dirigida por los jesuitas representa una mayor erosión de las normas democráticas y una asfixia del espacio cívico”, dijo el portavoz del Departamento de Estado, Vedant Patel.