Con información de EFE
Un magistrado de la Corte Suprema brasileña anuló este miércoles todas las pruebas obtenidas mediante acuerdos de colaboración con la constructora Odebrecht, las cuales afectaron a varios políticos y empresarios de Brasil y de otros países en el marco de la llamada operación Lava Jato.
La decisión fue del juez José Dias Toffoli en respuesta a un pedido realizado por la defensa del presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, que llegó a pasar 580 días en prisión condenado por corrupción y lavado de dinero en un proceso que después fue anulado y que se basaba en parte en pruebas ofrecidas por Odebrecht.
En su dictamen, el magistrado también ordena que entidades como la Fiscalía General de la República, la Oficina Jurídica de la Unión y el Consejo Nacional de Justicia investiguen la responsabilidad de los agentes públicos involucrados en la celebración del acuerdo de clemencia con la constructora.
Toffoli también criticó los términos del acuerdo de Odebrecht y ordenó el envío de más información sobre la indulgencia. Según Toffoli, "las causas que llevaron a nulidad de los elementos de prueba obtenidos a partir del acuerdo de colaboración celebrado por Odebrecht son objetivas" y no se limitan al "universo subjetivo" de Lula.
El mencionado acuerdo se logró mediante negociaciones en Brasil, Estados Unidos y Suiza debido a las sospechas de que la constructora manejaba sobornos en los tres países.
No obstante, explicó que no existe solicitud alguna de cooperación jurídica internacional para instruir el proceso "todo, señalando que pasaron de largo los canales formales", los cuales se habrían dado "al margen de la legislación relacionada con la materia".
De acuerdo con el magistrado, además de los tratos directos con las autoridades en el país norteamericano y Suiza, los jueces actuaron sin la "necesaria competencia" de entidades oficiales como los ministerios de Relaciones Exteriores, Justicia y Seguridad Pública.
Para Toffoli, dichas negociaciones resultaron en "consecuencias muy graves" para el Estado brasileño y para "centenares de imputados y personas jurídicas en procesos penales, procesos por improbidad administrativa, procesos electorales y procesos civiles repartidos por todo el país y también en el exterior".
La decisión del magistrado es una extensión de una determinación dada en 2021 por el juez Ricardo Lewandowski (hoy jubilado y cuyos casos asumió Toffoli), que declaró nulas las pruebas relacionadas con los casos de Lula obtenidas con el acuerdo con Odebrecht.
El actual presidente brasileño, que en enero de 2023 asumió su tercer mandato tras gobernar al país entre 2003 y 2010, fue impedido de disputar las elecciones presidenciales de 2018 debido a que estaba inhabilitado políticamente por la condena posteriormente anulada.
En tanto, el senador y exjuez Sérgio Moro, quien llevó a prisión al hoy presidente de Brasil, criticó este miércoles la decisión de la Corte Suprema de anular las pruebas obtenidas mediante acuerdos con la firma Odebrecht y dijo que la corrupción fue real.
"La corrupción en los gobiernos del PT (Partido de los Trabajadores) era real, los criminales confesaron y se recuperaron más de 6.000 millones de reales (unos 1.200 millones de dólares al cambio actual) para Petrobras", señaló en las redes sociales el exjuez, que dirigió la denominada operación Lava Jato.
De acuerdo con Moro, el trabajo de la operación Lava Jato se hizo "dentro de la ley" y "con decisiones confirmadas durante años por los Tribunales Superiores". Entonces, ante la decisión del magistrado, Moro dijo que llevará el tema al Senado "por el derecho a la verdad, la integridad y la democracia".
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