Por Andrés Mourenza, El País de Madrid
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Desde que, el pasado diciembre, Azerbaiyán comenzara a bloquear el paso a través del llamado corredor de Lachín, que une Armenia con Nagorno Karabaj, la situación en este enclave armenio no ha dejado de agravarse. Cada vez resulta más difícil encontrar alimentos, medicinas y otros productos básicos y, según las autoridades armenias, ya se ha producido una muerte por hambre.

Pese a las resoluciones del Tribunal Internacional de Justicia de la ONU, Bakú se ha negado a levantar el cerco, algo que las autoridades locales califican de “genocidio” por lo que piden a la comunidad internacional que se movilice para convencer a Azerbaiyán de permitir el paso de ayuda humanitaria.

“Ya hemos sufrido casos de inanición. Y la situación se está agravando día a día, porque la falta de combustible nos impide el transporte, el funcionamiento de los hospitales, la agricultura. Se trata de una acción deliberada para matarnos de hambre”, denunció en una conferencia de prensa Serguei Ghazarián, ministro de Exteriores de la autoproclamada República de Artsaj, como los armenios llaman al enclave. Por ello, pidió más presión sobre Azerbaiyán después de que el miércoles pasado, una reunión extraordinaria del Consejo de Seguridad de la ONU concluyese sin resultados tangibles: “La Convención contra el Genocidio obliga a las partes a aplicar todas las medidas para prevenirlo”.

“Una de las formas de cometer un genocidio es infligir las condiciones que permiten la destrucción física de un grupo y esto ya está sucediendo”, opinó el exfiscal del Tribunal Penal Internacional Luis Moreno Ocampo en rueda de prensa de este jueves.

A petición de la parte armenia, Moreno Ocampo ha redactado un informe sobre si el bloqueo es compatible con los crímenes contemplados en la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, y la conclusión es que sí.

“No hay crematorios ni ataques de machete. El hambre es el arma genocida invisible. Sin un cambio dramático, este grupo de armenios será destruido en semanas”, arguye el jurista argentino en su informe, que compara la situación con la vivida por los armenios del Imperio Otomano en 1915, por polacos y judíos en 1939, por los rusos de Leningrado en 1941 y con los bosnios de Srebrenica en 1995. Por ello, concluye que ya hay un “genocidio” en curso bajo el epígrafe C del artículo II de la Convención: “Sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física, total o parcial”.

El corredor de Lachín une Nagorno Karabaj con la vecina República de Armenia y es su cordón umbilical: por ahí llega la mayoría de productos necesarios para

la supervivencia del enclave. Tras la guerra de 2020, Bakú recuperó el control de esta franja que, igual que Nagorno Karabaj, es internacionalmente reconocida como territorio de Azerbaiyán.

En el acuerdo de alto el fuego, Azerbaiyán se comprometió a permitir el libre tránsito a través de esta vía, que quedó bajo control de fuerzas de paz rusas. Sin embargo, desde diciembre, progresivamente ha ido estableciendo obstáculos hasta culminar en la creación de un checkpoint que las autoridades azerbaiyanas justifican en la necesidad de “frenar el flujo ilegal de armas, equipamiento militar y soldados”, pero que ha servido para detener en la práctica todo el tráfico.

El jurista Rodney Dixon, al que Azerbaiyán ha pedido su opinión sobre las acusaciones de Moreno Ocampo, ha asegurado que la calificación de genocidio “no tiene base” y que no tiene en cuenta que Azerbaiyán ha ofrecido una vía de suministro alternativa desde el este que evite el contacto con la República de Armenia. A cambio, eso sí, exige que los armenios de Nagorno Karabaj disuelvan sus instituciones y se integren completamente en Azerbaiyán.

En una resolución de febrero que reiteró el pasado julio, el Tribunal Internacional de Justicia exigió a Azerbaiyán que “tome todas las medidas a su alcance para garantizar el movimiento de personas, vehículos y carga sin impedimentos en ambas direcciones del corredor de Lachín”. También, la OSCE, la Unión Europea y Estados Unidos han pedido que se levante el bloqueo. Pero la situación no ha cambiado.

“Cada mañana nos despertamos y pensamos si vamos a poder dar pan a nuestros hijos. Es un problema existencial al que me enfrento cada día. No digo encontrar comida, sino simplemente pan. Las colas son interminables y no sabes si se habrá acabado cuando llega tu turno”, relató Albina Nersesián, residente en Nagorno Karabaj, a través de videoconferencia.

La última vez que se permitió a las fuerzas de paz y al Comité Internacional de la Cruz Roja llevar comida a través de Lachín fue el 14 de junio. Desde entonces, solo se han permitido algunas entregas de medicamentos, que también se detuvieron hace un mes. De ahí que las autoridades armenias hayan pedido la evacuación de cerca de medio centenar de pacientes de diálisis, puesto que ya no se les puede atender. Además, esta semana, el Defensor del Pueblo aseguró que se produjo la primera muerte por hambre: un hombre de 40 años identificado como K. Hovhannisián. El examen forense achaca su fallecimiento a una “distrofia alimentaria severa” causada por “malnutrición crónica” y “deficiencia de proteína y energía”. Desde el inicio del bloqueo también han aumentado los abortos espontáneos debido a la mala alimentación.