"Hace 24 horas estaba en el Infiernillo. Y mírame ahora: en un hotel de Washington”, dice al atardecer Kevin Solís, uno de los 222 presos políticos excarcelados en la madrugada de ayer jueves y deportados a Estados Unidos por la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
El Infiernillo carga la fama de ser la peor mazmorra de Managua. Allí, en esa cárcel de máxima seguridad, Solís, estudiante de Derecho, pasó tres años en régimen de aislamiento, en un “camarote sin luz solar, con la puerta siempre sellada”. “Una vez al día, los carceleros abrían los pernos y nos echaban la comida”, recuerda en una conversación con EL PAÍS frente al hotel sin lujos que el Departamento de Estado de EE. UU. convirtió en un lugar de acogida urgente para los presos políticos.
“Nos engrillaban para dormir. Dormir con grilletes es complicado”, continúa con voz decidida el muchacho, de 24 años (“aunque parece que tengo 30 por lo que he sufrido”, añade). “Nos engrillaban también cuando venía personalmente el director [de la prisión] a buscarnos. Nos llevaba a un lugar al que le dicen ‘el túnel’. Un pasillo de unos 30 metros sin ventanas. Allí sabías que te esperaban los golpes. Donde nadie escucha ni mira. Como estás amarrado, te pegan en el estómago, nunca en la cara, para que las familias no lo noten”, recuerda Solís. Tenía derecho a una llamada al mes. Lo peor de todo, dice, era “el aislamiento” y, “más que las lesiones físicas, las psicológicas”.
En la noche del miércoles lo sacaron sin más explicaciones junto a otros cinco presos del Infiernillo. Los metieron en omnibuses. El estudiante explica que muchos creían que los llevaban a otra prisión.
Eso pensó también el político y empresario Juan Sebastián Chamorro, según contó a las puertas del hotel de acogida. “Los que conocen Managua saben que la cárcel Modelo está muy cerca del aeropuerto. Así que pensábamos que íbamos allá, pero en ese momento los tres buses que transportaban a quienes veníamos de El Chipote [prisión en la que Chamorro cumplía condena], doblaron hacia la derecha, en la Fuerza Aérea, y ahí nos dimos cuenta de que salíamos volando del país. No sabíamos a dónde hasta que luego obviamente fuimos informados”.
Los 222, cuenta Félix Maradiaga, uno de los deportados de mayor perfil político, cuyo vía crucis comenzó cuando decidió presentarse a las elecciones presidenciales contra Ortega, firmaron “un documento en el que en una sola línea” aceptaban salir del país. En ese papel no había ni palabra de lo que vendría después: la decisión de la Asamblea Nacional, reunida de urgencia, de reformar el artículo 21 de la Constitución Política, que regula la nacionalidad nicaragüense. A partir de ahora, según ese texto, son apátridas, por considerarlos “traidores a la patria”.
Como Solís, Maradiaga se enteró de esa desposesión al llegar al hotel. “Me da lo mismo lo que diga la Asamblea o el Gobierno. A mí nadie me quitará ser nicaragüense”, afirma Solís, desafiante, que ahora teme por “los que se quedaron allá, como el doctor [abogado] Urbina Lara o [el militar retirado] Jaime Navarrete”.
Entre los que quedaron atrás, está el obispo Rolando Álvarez, que no quiso abordar el avión del destierro. Como consecuencia de esa negativa, el religioso más crítico con el régimen de Ortega fue trasladado de la casa en la que cumplía arresto domiciliario al penal de La Modelo.
Maradiaga pertenece al grupo de los desterrados a los que esperaba una familia en Estados Unidos. Se reencontró con su esposa y su hija de nueve años frente al hotel, tras más de tres años sin verse.
Solís, como su “amigo” Denis Antonio García Jirón, que acudió a abrazarse con él, pertenece al grupo de los que no tienen quién lo espere en Estados Unidos. En auxilio de esos hombres solos llegó por la tarde Ligia Gómez, exsecretaria política del FSLN hasta aquel 12 de septiembre de 2018 en que tuvo que exiliarse de Nicaragua.
El Departamento de Estado garantiza cobijo en el hotel hasta el domingo. Un alto funcionario de EE. UU. explica que “durante dos años estarán en un régimen especial. Aún es pronto para dar detalles sobre cómo se materializará su nueva situación, pero la Administración de Biden está decidida a prestarles ayuda”, dice el funcionario, y agrega que la decisión de Nicaragua fue “unilateral”. El avión aterrizó en Dulles, el aeropuerto que da servicio a la capital federal, pasadas las 11:30 hora local.
En el hotel, los recién llegados pasaban por un proceso de registro, durante el que les brindaban los servicios de psicólogos o traductores.
Los familiares y amigos, reunidos en una sala de conferencias, tenían que cursar la solicitud por cada una de las personas a las que habían venido a recibir. Solo cuando aquellos aprobaban la visita, esta se permitía.
Los pasillos del hotel se convirtieron en un quién es quién de la resistencia a la dictadura de Ortega. Todos buscaban a la legendaria heroína del sandinismo, la Comandante Dos de la revolución Dora María Téllez, que se dejó ver brevemente antes de retirarse a su habitación. Cristiana y Fernando Chamorro se fundían en un abrazo entre los aplausos de los presentes. A todos ellos les espera una nueva vida como apátridas. No la eligieron, pero al menos transcurrirá, lejos de Nicaragua, en libertad.
España ofrece asilo a presos políticos
Estados Unidos dijo ayer viernes que está en contacto con España para facilitar que los presos políticos deportados de Nicaragua puedan solicitar la nacionalidad española si lo desean.
Así lo confirmó el Gobierno de Joe Biden después de que el ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ofreciera la nacionalidad española a los 222 presos políticos nicaragüenses que fueron excarcelados y expulsados a Estados Unidos por el Gobierno de Daniel Ortega.
“Hemos estado en comunicación con España. Existe la posibilidad de que algunos exploren ofertas de otros países”, dijo en una rueda de prensa telefónica Emily Mendrala, subsecretaria de Estado adjunta para Latinoamérica.
Mendrala explicó que los 222 presos que llegaron el jueves a Washington ya son beneficiarios de un programa humanitario para permanecer dos años en Estados Unidos, pero su futuro dependerá “de la situación y preferencia de cada uno”.
El Departamento de Estado facilitará los viajes para que los presos exacercalados puedan reunirse con sus familias en diferentes puntos de Estados Unidos.
También ofrece asistencia legal para que los liberados puedan “escoger las opciones que para ellos tengan más sentido”, incluida la oportunidad de ir a España.
El Gobierno de Joe Biden sostiene que la liberación y expulsión de los 222 presos fue una “decisión unilateral” del Ejecutivo de Ortega no negociada con Washington, pero Estados Unidos aceptó recibirlos.
Mendrala insistió que “no hubo ninguna negociación ni Nicaragua ha pedido nada” a cambio de la liberación y expulsión de los presos. El Departamento de Estado asegura además que todos ellos abordaron voluntariamente el avión excepto dos personas que rechazaron viajar a Estados Unidos y permanecen presas en Nicaragua.
“Dos decidieron quedarse y siguen siendo presos políticos en Nicaragua. Vamos a continuar llamando a su liberación”, expresó Mendrala.
En base a El País de Madrid y EFE