EFE
El representante adjunto de la Oficina Regional del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos para América Central y el Caribe (OACNUDH), Andrés Sánchez Thorin, dijo ayer lunes que el régimen de Nicaragua ha intensificado su represión “utilizando mecanismos legales y extralegales” para silenciar las voces disidentes.

Durante la presentación de un informe sobre los exiliados nicaragüenses, el representante de la OACNUDH sostuvo que el Ejecutivo nicaragüense, que preside Daniel Ortega con su esposa Rosario Murillo, ha intensificado su represión también para “castigar a quienes defienden los derechos humanos y la libertad de expresión”.

“Este ambiente de persecución ha obligado a muchas personas, incluidas muchas de ustedes, a huir de su patria en busca de seguridad”, anotó Sánchez Thorin, durante la presentación del informe “Nadie se va porque quiere. Voces de Nicaragüenses en el Exilio”.

El representante de la OACNUDH advirtió que el exilio, para el caso de los nicaragüenses, “trae consigo una nueva serie de desafíos”, entre los que mencionó la dificultad de adaptarse a un nuevo entorno, la incertidumbre legal, la precariedad económica, y en muchos casos la separación familiar.

“Muchos y muchas de ustedes han sido despojadas también arbitrariamente de su nacionalidad o se les ha negado la entrada a su propio país y sus bienes han sido confiscados”, indicó.

Aseguró que la oficina que representa ha documentado “diversas situaciones extremadamente difíciles, donde algunos exiliados nicaragüenses se ven obligados a vivir incluso en condiciones inhumanas, (en) edificios abandonados o en peligro de colapso, o inclusive en sus automóviles”.

Asimismo, señaló que las personas defensoras de derechos humanos en el exilio “enfrentan frecuentemente riesgos continuos a su seguridad” en terceros países. “El Alto Comisionado ha sido claro en sus llamamientos: es urgente que el Gobierno nicaragüense restituya la nacionalidad a quienes han sido privados de ellos, devuelva los bienes confiscados, y cese la persecución contra aquellos que buscan simplemente vivir en libertad y vivir”, abogó.

Explicó que el Alto Comisionado ha instado a la comunidad internacional a redoblar sus esfuerzos para garantizar la protección y el apoyo de los exiliados nicaragüenses, “quienes en muchos casos se encuentran en situaciones de extrema vulnerabilidad”.

Sánchez Thorin dijo, refiriéndose a los exiliados, que como oficina del Alto Comisionado tienen la responsabilidad “de estar a su lado, de escuchar sus historias y de trabajar para que sus derechos sean respetados, entre otras formas, promoviendo la solidaridad internacional y usando soluciones duraderas que permitan a los nicaragüenses exiliados reconstruir sus vidas con dignidad y esperanza”.

Insistió en que el mandato del Alto Comisionado es lograr “restaurar los derechos de todos y todas las nicaragüenses que han sido forzadas al exilio”.

Nicaragua atraviesa una crisis política y social desde abril de 2018, que se acentuó tras las controvertidas elecciones de noviembre de 2021, en las que Ortega se adjudicó un quinto mandato -el cuarto consecutivo-, con sus principales contendientes en prisión y a los que luego expulsó del país, y los privó de su nacionalidad y de sus derechos políticos tras acusarlos de “golpistas” y de “traición a la patria”.

El Ministerio Público de Nicaragua acusó el viernes a ocho funcionarios por ser coautores del delito de robo a la población nicaragüense, en la modalidad de los delitos de fraude, malversación de caudales públicos y tercero beneficiado.

Los ocho acusados están vinculados a Carlos Fonseca Terán, hijo del fundador del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), Carlos Fonseca Amador, asesinado en 1976 por la dictadura somocista, y exsecretario adjunto de Relaciones Internacionales del partido gobernante, quien, según el portal nicaragüense Confidencial, también está recluido, aunque no fue acusado penalmente.