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Problemas de financiamiento tanto en el sector público como en el privado que impactan en la calidad de los servicios, prolongadas demoras en los turnos de atención, médicos por lo general mal pagos -lo cual deriva en protestas sindicales y paros de actividades que afectan a los pacientes- son algunos de los denominadores comunes de los sistemas de salud de la región, y que trazan un panorama inquietante y con no pocas interrogantes de cara al futuro.

En la mayor parte de los países de la región, coexisten el sistema público y el privado, que sufren (y reflejan) los vaivenes políticos y las crisis económicas recurrentes en forma directa. En muchos de ellos hubo una articulación entre ambos sectores para suplir las carencias en la esfera estatal.

En Uruguay, se logró una cobertura universal fusionando el ámbito público y privado en un sistema integral que comenzó a regir desde 2008, pero a medida que han pasado los años han quedado en evidencia los problemas en el acceso de consultas, tratamientos y fármacos.

En México conviven tres “subsistemas”: seguridad social, servicios de salud pública para personas sin seguridad social y sector privado. Existen problemas de financiamiento, porque durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador se bajó el presupuesto para el área y solamente hubo un ligero aumento durante la pandemia. Las citas médicas tienden a retrasarse por meses y en casos extremos hasta un año, debido al déficit de médicos y enfermeras en el sector público.

Tres de cada diez mexicanos no tienen acceso a los servicios de salud y sólo 72% de la población tiene una cobertura de salud básica, el nivel más bajo entre los 38 países de la OCDE. Las protestas de los médicos y enfermeras son constantes para exigir aumentos salariales, y también insumos para trabajar, por su alto valor. Jorge Cano, coordinador del programa de Gasto Público de México Evalúa, calificó la herencia del anterior gobierno como un “retroceso” en términos de acceso a los medicamentos, vacunación, de prevalencia de enfermedades crónicas, infecciosas (que van reemergiendo), lo que va a generar retos importantes para la nueva administración de Claudia Sheinbaum.

En Venezuela, aproximadamente el 80% de la población depende del sistema público debido a su gratuidad, mientras que el 20% restante utiliza servicios privados. En los últimos años, la crisis económica ha afectado gravemente ambos sectores, con un notable deterioro de los servicios. Las tecnologías médicas avanzadas han incrementado los costos, especialmente, en el sector privado. Tal como ocurre en la mayor parte de los países de la región, el sistema público enfrenta serios problemas de financiamiento, lo que resulta en una falta de recursos, medicamentos y personal. Aunque hay profesionales capacitados, las instalaciones suelen estar en mal estado y hay largas demoras entre la solicitud de un turno y la cita con el médico. El sistema privado ofrece una cobertura más rápida y de mayor calidad, pero a un costo elevado. Las pólizas de seguro suelen incluir copagos y pueden representar una parte significativa del sueldo promedio del afiliado. Las huelgas y protestas del sector salud son también comunes en Venezuela, lo que refleja insatisfacción con la remuneración y las condiciones de trabajo.

En la Argentina conviven el sector público, el privado y el de la seguridad social, en el que operan las obras sociales sindicales, provinciales, PAMI (para jubilados y pensionados), de las universidades nacionales, el Poder Legislativo y el Poder Judicial de la Nación. Cada subsector cuenta con su propia red de centros de salud, en los que a través de convenios y un sistema de recupero de costos pueden brindar atención a la población con cobertura privada (empresas de medicina prepaga) o de una obra social. En el sector público, la atención es sin costo para el paciente, mientras que en el privado o de la seguridad social existe el copago (arancel de bolsillo por fuera de la cuota mensual) de acuerdo con los distintos planes de cobertura. Hay obras sociales que subcontratan los servicios de la medicina privada.

Financiadores y prestadores de salud, por igual, señalan entre las principales causas de la crisis estructural que atraviesa el sistema de salud argentino a la incorporación de nuevas tecnologías sin una evaluación técnica que compare su costo de efectividad para las distintas enfermedades, una actualización de la canasta de prestaciones básicas que deben cubrir y los amparos judiciales de pacientes.

El sistema público posee los mismos inconvenientes de financiamiento que el privado o el de la seguridad social. La atención de los profesionales goza de buen concepto una vez que el paciente accede, no así el funcionamiento del sistema, por las demoras para conseguir turnos de atención programada y la burocracia con los financiadores para los trámites de cobertura de servicios o medicamentos. El sistema privado se financia a través de un aporte mensual que se descuenta del salario de la población que trabaja en relación de dependencia, como el de la seguridad social, o por pago de bolsillo de los afiliados, a través del contrato de planes de cobertura. La demora en los turnos, como en el resto del sistema, si no se trata de una urgencia o, por ejemplo, pacientes oncológicos, puede ser de varios meses.

En cuanto al tema salarial, en 2023 las asociaciones profesionales se pusieron de acuerdo por primera vez en solicitar un honorario ético mínimo para la atención en consultorio por bajos salarios de los médicos en todas las especialidades.

El sistema de salud de Chile también es mixto con un sector público (Fonasa) y otro privado. El público funciona de manera poco eficiente y tiene crecientes listas de espera; mientras que el privado está compuesto por las Instituciones de Salud Previsional (Isapres) y las clínicas particulares. Esta estructura dual permite a los ciudadanos elegir según sus necesidades y posibilidades económicas.

Según datos de la Encuesta Casen 2022, el 78,9% de los chilenos se encuentra afiliado a Fonasa, mientras que el 15,3% está en el privado. Además, debido a la crisis que atraviesan las Isapres, los afiliados a estas han estado migrando al seguro público y en Fonasa se estima que hoy hay más de 16 millones de personas.

En los últimos años, el sistema ha enfrentado una serie de desafíos, incluyendo la necesidad de reformas, que la población ha pedido que sean graduales. La crisis de las Isapres en Chile, surgida por la alta judicialización y fallos de la Corte Suprema contra estas, derivó en la Ley n.° 21.674, promulgada en mayo de 2024, que busca eliminar las discriminaciones por edad y sexo en los planes de salud privados, así como las condiciones preexistentes, lo que ha llevado a un debate sobre la viabilidad del modelo privado y su capacidad para adaptarse.

Otro enorme desafío son las listas de espera en el sector público. Para septiembre de 2024 había más de 2,5 millones de personas aguardando por una atención. Además, la incorporación de tecnologías cada vez más sofisticadas y costosas ha tenido un impacto significativo en ambos sistemas de salud. En el sector privado esto se traduce en primas más altas para los afiliados, mientras que en el sector público incrementa aún más la presión sobre el presupuesto estatal.

Las condiciones de atención en el sector público del Perú son igualmente deficientes, según un estudio encargado a Videnza Consultores. Un 95% de los establecimientos presentan infraestructura y equipamiento inadecuados. Otro problema es la falta de profesionales capacitados: sólo hay 10 médicos por cada 10.000 habitantes. Esta escasez, junto con la falta de medicamentos esenciales en dos de cada cinco establecimientos, genera demoras significativas en la atención, lo cual termina por incrementar la carga sobre el sector privado. Allí la adopción de tecnologías de vanguardia tiende a ser más rápida. Al contar con mayores recursos financieros, clínicas y hospitales privados pueden ofrecer tratamientos innovadores, como órganos artificiales y medicamentos biotecnológicos personalizados, lo que les permite atraer a pacientes dispuestos a pagar por servicios de alta calidad. Sin embargo, esto también incrementa los costos de atención. Por otro lado, la situación salarial de los médicos en Perú ha generado múltiples reclamos.

En Brasil, dos años después de que la Constitución de 1988 considerara el acceso a la salud como un derecho universal, se creó el Sistema Único de Salud (SUS), financiado con fondos públicos. Cubre a todos los brasileños, es decir, más de 200 millones de personas. Incluso quienes tienen planes de salud privados son usuarios del SUS en cuanto a vacunas, vigilancia sanitaria y servicios de urgencia. En relación con el sistema privado, según datos de la Agencia Nacional de Salud Complementaria (ANS), de julio de 2024, el 24% de los brasileños tiene contratado un plan médico o odontológico. Gonzalo Vecina, profesor de la Facultad de Salud Pública de la Universidad de San Pablo (USP) señala que los planes privados son muy caros y que durante la última década la cifra de afiliados “se ha mantenido estable”. Destaca además que una diferencia entre los sistemas público y privado, además del acceso, es el tipo de servicio prestado: el SUS proporciona una atención integral, es decir, medicina curativa y preventiva, como ocurre con la vacunación. El sistema privado no brinda medicina preventiva. Aunque los expertos lo reconocen como uno de los programas de salud pública más avanzados del mundo, el sistema brasileño enfrenta desafíos, principalmente, la falta de financiación. El SUS es tripartito, es decir, es financiado por el gobierno federal, los Estados y los municipios. A nivel federal, el importe destinado al Ministerio de Salud fue sólo el 3,6% del presupuesto.

La falta de financiación torna difícil satisfacer la alta y creciente demanda de determinados servicios, como consultas con especialistas y procedimientos complejos. Las esperas pueden durar meses o años, por lo cual una cuarta parte de los brasileños contrata un plan de salud privado.

Asimismo, el sistema de salud, en Colombia, también está organizado bajo un modelo mixto, público y privado, que establece una relación vertical entre el Estado, las Entidades Promotoras de Salud (EPS), los hospitales (o prestadores, llamados IPS) y los proveedores farmacéuticos.

A pesar de que el sistema ha logrado garantizar el acceso a la salud para casi toda la población y ha logrado sobrevivir económicamente a la pandemia, hoy se encuentra sumido en una de las crisis más dramáticas de los últimos 30 años.

El gobierno de Gustavo Petro ha planteado reformar el sistema para eliminar el modelo vertical y priorizar la atención primaria en salud, que tiene como objetivo llevar atención básica a territorios apartados y eliminar la intermediación financiera que efectúan actualmente las EPS, lo que derivó en su debilitamiento progresivo.

panorama. Uruguay tiene cobertura universal, pero tiene problemas asistenciales similares a los que enfrentan otros países de la región.

*Grupo de Diarios América, al que pertenece El País.