El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, afirmó ayer jueves que miembros de la Policía y de las Fuerzas Armadas fueron cómplices de los bolsonaristas radicales que asaltaron el domingo las sedes de la Presidencia, el Congreso y la Corte Suprema del país.
“Quiero ver los videos grabados dentro de la Corte Suprema, dentro del Palacio (presidencial de Planalto). Hubo mucha gente cómplice. Hubo muchos miembros de la Policía cómplices, muchos miembros de la Fuerzas Armadas aquí dentro cómplices”, aseguró el líder progresista en un desayuno con periodistas.
El mandatario dijo que aún no ha conversado con sus colaboradores sobre sus sospechas porque está esperando que la situación se calme un poco, pero que está convencido de que a los protagonistas de los actos antidemocráticos del domingo “les abrieron las puertas”.
“Estoy convencido de que la puerta del Palacio de Planalto fue abierta para que esas personas entraran porque no hay ninguna puerta quebrada. Es decir que alguien les facilitó la entrada aquí”, agregó el líder del izquierdista Partido de los Trabajadores (PT).
La seguridad de Planalto depende tanto de la Guardia Presidencial, un batallón del Ejército, como de los agentes de la Policía Militarizada de Brasilia. Algunos de ellos aparecen en videos confraternizando con los asaltantes.
De acuerdo con sus aliados, al asistir por televisión desde São Paulo a los ataques a las sedes del poder, Lula se quejó de la inacción de las Fuerzas Armadas y de su incapacidad para prever que la situación llegaría a ese punto.
“La imagen que tengo es de unas Fuerzas Armadas que saben que su papel está definido en la Constitución. Las Fuerzas Armadas no son el poder moderador que creen que son. Su papel está definido en la Constitución y es lo que quiero que hagan bien hecho”, expresó. El presidente dijo que ya inició un proceso de selección de personal para retirar a los bolsonaristas que trabajan en la Presidencia. “La verdad es que el Palacio estaba repleto de bolsonaristas, de militares, y estamos viendo si conseguimos corregir eso para poner a funcionarios de carrera, de preferencia a civiles que estaban aquí y fueron transferidos”, afirmó.
Sobre las críticas a su ministro de Defensa, José Múcio, por no haber adoptado medidas para impedir los ataques que al parecer habían sido previstos, Lula afirmó que confía en él y que lo mantendrá en el cargo.
“Si tengo que sacar a cada ministro en el momento en que cometa un error, será la mayor rotación de mano de obra en la historia de Brasil. Todos cometemos errores”, zanjó el presidente.
Alarmante borrador
La Policía Federal (PF) incautó en la residencia del exministro de Justicia, Anderson Torres, un borrador de un decreto presidencial que facultaría a Jair Bolsonaro de una especie de poder de intervención en el Tribunal Superior Electoral (TSE), lo que podría abrir el camino para interferir en la elección resultado presidencial.
La elaboración del borrador será objeto de la investigación de la PF, que tiene como objetivo a Anderson Torres y otros sospechosos de actos antidemocráticos. La información fue anticipada por el diario Folha de S.Paulo y confirmada por O Globo.
La PF realizó un allanamiento en la residencia de Torres el martes por orden del Ministro del Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes, ante la sospecha de que Torres cometió omisiones en su cargo de Secretario de Seguridad Pública del Distrito Federal, permitiendo así los actos golpistas.
Torres tiene una orden de arresto emitida por Moraes el martes. El exministro de Bolsonaro, quien se encuentra en Estados Unidos, anunció que regresaría a Brasil para comparecer ante los tribunales. Torres debería entregarse hoy viernes.
Embargo millonario
La Justicia ordenó ayer el bloqueo 6,5 millones de reales (más de 1,2 millones de dólares) a 59 sospechosos de financiar los actos terroristas del domingo pasado.
El juez federal Francisco Alexandre Ribeiro, del 8º Tribunal Federal de Brasilia, acogió el pedido de bloqueo de parte de la Abogacía General de la Unión (AGU).
De acuerdo con la solicitud del brazo legal del gobierno de Lula, los montos deben ser utilizados para garantizar la reparación de los daños materiales causados por extremistas radicales en los Tres Poderes.
En la solicitud, la AGU enumeró a 52 personas físicas y siete empresas que estaban registradas en la Agencia Nacional de Transporte Terrestre (ANTT) como contratistas de 73 vehículos responsables del transporte de miles de manifestantes de todo Brasil a Brasilia para participar en los actos antidemocrático del fin de semana.
El daño de aproximadamente 6,5 millones de reales fue calculado con base en estimaciones de la Cámara de Diputados y del Senado sobre los daños causadospor los invasores.
AGU señala que las pérdidas en el Palacio del Planalto y en el STF aún no han sido elevadas, por lo que el valor de lo requerido puede cambiar en el futuro. Un informe de la AGU sobre el la contratación de omnibuses utilizados para el transporte de los golpistas muestra que al menos 2.851 personas viajaron a Brasilia entre el jueves y el domingo, días de los actos antidemocráticos.
El destino de la mayoría de estas personas fue el campamento bolsonarista instalado frente al Cuartel General del Ejército, punto de partida de la horda que invadió el cuartel de los Poderes, dejando tras de sí una estela de destrucción.
Detienen a guardia de seguridad de la Corte
Un vigilante subcontratado del Supremo Tribunal Federal (STF) fue detenido por participar en los actos golpistas en la Plaza de los Tres Poderes en Brasilia.
Josenaldo Batista Alves, de 48 años, figura en la lista de 1.159 sospechosos enviados al sistema penitenciario del Distrito Federal, según la Secretaría de Administración Penitenciaria.
Fue detenido in fraganti el pasado domingo 8.
El STF informó que abrió un proceso para investigar “si el guardia de seguridad pasó información sensible que pudiera haber debilitado la seguridad”. El Tribunal también afirmó que desconocía si el sospechoso había participado en actos de vandalismo dentro del edificio de la Corte.
“La empresa tercerizada fue notificada del incidente y el STF investiga si el guardia de seguridad pasó información sensible que pudiera haber debilitado la seguridad. Las investigaciones están en curso y él responderá por sus acciones de acuerdo con el debido proceso legal”, dice un comunicado emitido por el Supremo.
Alves trabaja para Zepim Seguridad y Vigilancia, que presta servicios al STF y otros organismos públicos. Estaba fuera de servicio el día de los hechos.
Políticos financiadores
Al menos dos candidatos en pasadas elecciones fueron señalados por la AGU como sospechosos de financiar el golpe.
Según la AGU, los bolsonaristas Josiany Duque Gomes Simas, que aspiró a un escaño en la Cámara Federal el año pasado, y Marlon Diego de Oliveira, candidato en 2020 al Concejo Municipal de Tupã (SP), alquilaron omnibuses hacia la capital federal la semana pasada.
Josiany Simas fue responsable de alquilar un bus el 6 de enero de Cuiabá a Brasilia. La pedagoga intentó ser elegida diputada federal en las dos últimas elecciones en su estado. En las redes, Josiany se presenta como “pro armas” y compartió decenas de fotos y videos haciendo campaña por el expresidente Jair Bolsonaro.
En 2020 y 2021, aparece como beneficiaria de 16 cuotas del programa Auxílio Emergencial, totalizando 11.000 reales.
O Globo intentó comunicarse con Simas, pero la excandidata no respondió los mensajes.
Marlon Diego de Oliveira, por su parte, fue candidato a concejal de la ciudad de Tupã en las últimas elecciones municipales por el PP. En febrero de 2022, la alcaldía de Tupã interpuso una demanda contra una empresa de Oliveira por adjudicación irregular de inmuebles que habían sido puestos a la venta.
Además de vetar la comercialización, la Justicia determinó la indemnización por daños causados al medio ambiente.
O Globo no pudo ponerse en contacto con el empresario.
De 300 a casi 3.000 personas en un día
Un informe de la Procuraduría General de la República (AGU) sobre la contratación de ómnibus utilizados para el transporte de golpistas muestra que al menos 2.851 personas viajaron a Brasilia entre el jueves y el domingo, día de los actos.
El destino de la mayoría de estas personas fue el campamento bolsonarista instalado frente al Cuartel General del Ejército. Esa misma semana, el Ejército había registrado una reducción en el número de personas en el campamento. El lunes, por ejemplo, la información oficial era que alrededor de 300 personas seguían en el lugar.
Con la nueva convocatoria, este contingente se multiplicó casi por diez. En testimonios dados a la Policía Civil, obtenidos por O Globo, algunos de los detenidos el domingo, sin embargo, afirman haber viajado a Brasilia por sus propios medios. Por lo tanto, el número de personas en la sede y en la Explanada de los Ministerios el domingo fue mayor.
Según informó O Globo, la AGU identificó 73 vehículos, pagados por 59 personas o empresas diferentes. El relevamiento de la AGU se realizó con base en un listado proporcionado por la Agencia Nacional de Transporte Terrestre con todos los buses fletados que arribaron al Distrito Federal en los días previos a los hechos. Sobre la base de esta información inicial, se hizo un cruce con los vehículos que fueron incautados tras el motín.
En base a O Globo (GDA) y EFE
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