LA INVESTIGACIÓN SOBRE EL LAVA JATO

Un tribunal de apelaciones rechazó el recurso contra la condena a 12 años.

El político más popular de Brasil y el líder de izquierda más importante de América Latina está a un paso de ir preso. Ayer lunes un tribunal de apelación denegó los recursos presentados por el expresidente Lula contra una condena a más de doce años de cárcel, comprometiendo sus chances tanto de volver al poder como de seguir en libertad.

La jurisprudencia brasileña autoriza a encarcelar a los acusados que hayan agotado las apelaciones en la segunda instancia, como ocurrió este lunes con Luiz Inácio Lula da Silva, de 72 años, que gobernó Brasil por dos períodos entre 2003 a 2010.

Pero el Supremo Tribunal Federal (STF, corte suprema) le garantizó la semana pasada que no sería detenido al menos hasta el 4 de abril, cuando reanude la discusión de un habeas corpus que podría permitirle mantener su libertad hasta que finalicen otras instancias judiciales superiores. Un camino que puede llevar años y que empieza con el Supremo Tribunal de Justicia (STJ, tercera instancia) y puede llevarlo de vuelta ante el propio STF.

Los abogados de Lula denunciaron una “condena ilegal” y no se mostraron satisfechos con las explicaciones dadas ayer lunes. A su entender “no se agotaron los recursos” de segunda instancia y señalaron que podrían cuestionar el fallo dentro del mismo tribunal, un recurso que rara vez suele ser admitido, según juristas.

Si esa condena quedara firme, Lula también estaría impedido de presentarse como candidato según la ley electoral brasileña, en momentos en que lidera los sondeos para las presidenciales de octubre.

Lula fue hallado culpable de recibir 2,25 millones de reales (unos 700.000 dólares) en sobornos de parte la constructora OAS, que se habrían materializado en la reserva y reforma de un apartamento en el balneario de Guarujá, en el litoral del estado de San Pablo, a cambio de su influencia para obtener contratos en Petrobras. Esa sentencia fue confirmada en enero y la pena elevada a 12 años y un mes de cárcel por el Tribunal Regional Federal (TRF4) de Porto Alegre.

El caso se enmarca en el escándalo de sobornos a políticos revelado por la Operación Lava Jato, la mayor investigación de corrupción en Brasil, que implicó a políticos de casi todos los partidos, arrastró a grandes constructoras como Odebrecht y se extendió por una docena de países entre América Latina, Estados Unidos, Europa y África.

La semana pasada Pedro Pablo Kuczynski renunció a la presidencia de Perú por sus vínculos con la constructora brasileña Odebrecht.

Lula enfrenta otros procesos judiciales. En todos se declara inocente y los atribuye a una conspiración de las “élites” para impedirle volver al poder.

La decisión del STF el próximo 4 de abril es aguardada con ansiedad. Si es aceptado el recurso para Lula podría abrir la puerta a decenas de pedidos similares por parte de otros condenados en segunda instancia para salir de la cárcel y aliviar el futuro de numerosas personalidades que están en la mira de las investigaciones, como el presidente Michel Temer y varios de sus principales colaboradores.

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Lula se halla actualmente en una gira proselitista por el sur de Brasil. Hace una semana compartió estrado con el expresidente y actual senador del MPP José Mujica en la frontera Livramento-Rivera. Esta gira está marcada por incidentes provocados por sus adversarios que atacaron a pedradas los autobuses de la comitiva y arrojaron huevos contra los oradores en los actos.

La gira concluirá mañana miércoles en Curitiba, la ciudad donde oficia el juez Moro, apodada “capital de la Operación Lava Jato”.

Las mismas razones que lo acercan a la cárcel, alejan a Lula de las elecciones: según la justicia electoral, la llamada ley de “ficha limpia” prohíbe a condenados con sentencia firme de segundo grado disputar cargos electivos.

Pero la última palabra al respecto la tendrá el Tribunal Superior Electoral, que analizará las candidaturas entre julio y agosto.

El abanico electoral en Brasil está tan abierto a partir del caso Lula, que hasta el presidente Temer admitió hace unos días, por primera vez públicamente, que puede aspirar a ser reelegido en las elecciones del 7 de octubre próximo.

“Aún no decidí. No es improbable, pero aún no lo decidí”, afirmó el jefe de Estado a periodistas que lo interrogaron sobre el asunto.

“El tiempo lo dirá en el límite legal”, agregó el mandatario al indicar que tiene tiempo para decidirlo hasta agosto próximo.

De acuerdo con el calendario establecido por el Tribunal Superior Electoral (TSE), el 5 de agosto vence el plazo para que los partidos decidan en sus convenciones los candidatos que postularán a las elecciones de octubre y el 15 de agosto vence el plazo para la inscripción de las candidaturas.

Desde que asumió la presidencia brasileña, en mayo de 2016 para sustituir a la destituida Dilma Rousseff, de quien era vicepresidente, Temer había dicho que no pretende intentar la reelección.

El partido Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), al que pertenece Temer, hasta ahora no ha anunciado ningún precandidato para las presidenciales de octubre y venía esperando una posible indicación del jefe de Estado.

Hasta ahora en el PMDB se viene manejando la candidatura del ministro de Hacienda, Henrique Meirelles, que renunciará la semana que viene para competir por la presidencia o ser el compañero de fórmula de Temer.