Un sismo, inundaciones y un gigantesco alud han golpeado en las últimas semanas a Ecuador, que también está sumido en una crisis política, ahora agravada por la luz verde de la Corte Constitucional para que el Parlamento lleve adelante un juicio político al presiente Guillermo Lasso.

El pasado domingo, un alud ocurrido en la ciudad andina de Alausí dejó 14 personas fallecidas, 33 heridas y 67 desaparecidas, además de 395 damnificados, 163 viviendas afectadas y daños en vías de comunicación, entre otros.

Ese desastre natural se sumó al sismo de magnitud 6,6 en la provincia del Guayas, que se sintió el pasado 18 de marzo en 13 de las 24 provincias del país, y que dejó 14 fallecidos, 494 heridos, 2.636 personas afectadas, así como afectaciones en 732 viviendas y 331 unidades educativas, entre otros daños.

Además, las lluvias han dejado hasta el momento 22 fallecidos, cerca de 39.000 personas afectadas, así como 7.293 viviendas averiadas, entre otras consecuencias del temporal que afecta a todo el país con especial énfasis en las provincias de Los Ríos, Guayas, El Oro, Cotopaxi y Bolívar.

Con la atención puesta aún en los efectos de estos desastres naturales, Ecuador está ahora también atento a lo que ocurra en el Parlamento, que debe decidir la suerte de Lasso, a quien la oposición le acusa de peculado (malversación de fondos públicos).

La Corte presentó un informe favorable de “admisibilidad” al juicio político, del que excluyó la causal de “concusión”, delito por el cual el gobernante también era acusado por la oposición, encabezada por el movimiento que lidera el ex presidente Rafael Correa.

A partir de esta decisión de la Corte tomada el miércoles, se abre un período que puede llevar un mes para que una comisión legislativa eleve su informe al Parlamento.

La oposición volvió a la carga contra Lasso luego de la divulgación de un reporte del medio digital La Posta. El portal reveló una supuesta estructura de corrupción para la asignación de cargos públicos en empresas estatales montada por Danilo Carrera, cuñado de Lasso, quien no ha ocupado cargos en el gobierno.

En el caso también está implicado Hernán Luque, exdelegado del presidente en el directorio de la Empresa Coordinadora de Empresas Públicas (EMCO), y el empresario Rubén Cherres, cercano a Carrera y quien está siendo investigado por la fiscalía por narcotráfico.

Lasso, quien asumió la presidencia en mayo de 2021, niega las acusaciones y señala a la oposición de intentar “desestabilizar” a su gobierno.

Aunque rechazó el fallo de la Corte, el gobierno dijo que lo respeta.

“Esta decisión, de ninguna manera, valida los argumentos planteados por la legislatura en contra del presidente”, apuntó la Secretaría General de Comunicación del Gobierno.

Tres presidentes fueron derrocados en Ecuador entre 1997 y 2005 antes de que terminaran sus mandatos. Ahora el fantasma de la ingobernabilidad ronda de nuevo.

Lasso ya sobrevivió en junio pasado a un intento del Parlamento para cesarlo en medio de las movilizaciones.

En esa ocasión los diputados no reunieron los votos necesarios. Para destituir a un mandatario se necesitan 92 de los 137 asambleístas (dos terceras partes).

“Lasso será enjuiciado políticamente y tendrá que responder por sus horrores e incompetencias ante la Asamblea”, dijo en Twitter la asambleísta Viviana Veloz, quien presentó el pedido de juicio contra el presidente junto a otros 58 legisladores.

En caso de que Lasso llegara a ser destituido, le sucederá el vicepresidente Alfredo Borrero.

Con información de EFE y AFP