La Nación (GDA)
El Gobierno de Javier Milei confirmó ayer viernes que un gendarme argentino fue apresado por fuerzas del régimen de Nicolás Maduro en Venezuela. El Ministerio de Seguridad pidió colaboración a la Cancillería para que eleve un reclamo en Venezuela por la situación del gendarme.
Según reconstruyó La Nación de fuentes oficiales, el gendarme presta servicio en Mendoza y, en uso de licencia, fue a visitar a su familia en Venezuela. Se trata de Nahuel Agustín Gallo, que residía en la localidad de Uspallata.
El incidente ocurrió cuando intentó ingresar a Venezuela para visitar a su mujer y su hijo de dos años. Sin embargo, las fuerzas chavistas lo capturaron con el argumento de que realizaba tareas de espionaje, según detallaron en el Gobierno.
Los efectivos venezolanos le retiraron el teléfono y se lo llevaron en una camioneta. De esa forma, el gendarme quedó incomunicado y preso en Venezuela.
La Gendarmería informó el martes 10 de diciembre al Ministerio de Seguridad, que encabeza Patricia Bullrich, sobre la captura del efectivo de la fuerza; pero la información recién trascendió ayer viernes.
Como consecuencia de la captura, la cartera de Seguridad informó a la Cancillería para que pidiera su liberación. “Es una locura”, expresaron en el Gobierno argentino, en referencia a la reacción chavista.
La Gendarmería intentó contactarse con Gallo, pero no consiguió comunicarse. Luego llamó a sus familiares en Venezuela. La pareja del gendarme, María Gómez fue quien finalmente ratificó que había sido detenido el 9 de diciembre, cuando intentaba ingresar por vía terrestre entre Colombia y Venezuela.
“Le sacaron el teléfono, yo le había escrito en las elecciones que sufríamos una dictadura, una pesadilla en Venezuela y esos fueron los mensajes que le encontraron a Nahuel en el teléfono”, contó Gómez a la cadena DNews. La pareja del gendarme residía en Argentina, pero había viajado a Venezuela por motivos familiares. “Teníamos la ilusión de reencontrarnos el domingo en Caracas”, contó Gómez, entre lágrimas.
Fuentes gubernamentales identificaron a los apresores como miembros de la Dirección General de Contrainteligencia Militar de la República Bolivariana de Venezuela. Aparentemente, según las mismas fuentes, se encontraba retenido en la sede principal de la Dirección de Contrainteligencia, en la localidad de las Lomas.
La Dirección General de Contrainteligencia chavista fue denunciada por torturas y persecuciones por diferentes organismos internacionales.
Conflicto binacional
La relación entre Argentina y Venezuela atraviesa un momento de fuerte tensión. El jueves 12, junto con varios países de la región, Argentina exigió al régimen de Maduro, en una sesión especial del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA), que otorgue los salvoconductos para que los seis venezolanos asilados en la residencia de la embajada argentina en Caracas puedan abandonar el país sin riesgos.
El canciller argentino, Gerardo Werthein, denunció en un discurso virtual ante el Consejo Permanente de la OEA que el régimen de Maduro viola sistemáticamente los derechos humanos y el derecho internacional al impedir la salida segura de los asilados, y que además han sido sometidos a un “hostigamiento” con cortes de agua, interrupción de la electricidad, restricciones en el ingreso de alimentos y la constante presencia de fuerzas de seguridad.
“Los derechos humanos no admiten doble vara. Los derechos se respetan o no se respetan. Los derechos civiles se respetan o no se respetan. La libertad se respeta o no se respeta. No hay espacio para matices. Los derechos no se condicionan ni se someten a negociaciones coyunturales”, dijo Werthein. “Estas prácticas no pueden ser toleradas, ya que vulneran de forma flagrante el derecho internacional”, insistió después.
El gobierno de Milei ya había dicho la semana pasada a través de un comunicado del Palacio San Martín (sede de la Cancillería argentina) que la vida de los seis asilados “enfrenta un peligro inminente”.
“¿Actuaremos ahora, o esperaremos a que ocurra una tragedia para reaccionar?”, dijo Werthein, sobre el final de su presentación. “La respuesta no admite dudas. La responsabilidad de esta Organización es actuar con firmeza y unidad. Exigimos la concesión inmediata de los salvoconductos para que estas personas puedan abandonar el país de forma segura y sin restricciones”, demandó.
Varios países de la región respaldaron el reclamo argentino que quedó plasmado en una declaración conjunta impulsada por Argentina, Canadá, Chile, Costa Rica, El Salvador, Estados Unidos, Guatemala, Haití, Panamá, Perú, República Dominicana, Surinam, Paraguay y Uruguay. La declaración denuncia las acciones de hostigamiento contra los asilados, recuerda el marco jurídico global que garantiza el derecho al asilo, y exige que Venezuela “procesa de forma inmediata a conceder los salvoconductos necesarios que permitan la salida segura, digna y sin restricciones” de los asilados.
G7 denuncia violaciones a los DD.HH. en Venezuela
El G7 denunció ayer viernes las “continuas violaciones” de los derechos humanos en Venezuela y abogó por una “transición pacífica a la democracia” en ese país.
Los mandatarios Canadá, Estados Unidos, Italia, Japón y Reino Unido mantuvieron un encuentro por videoconferencia, el último de la presidencia rotatoria italiana, y entre otras cuestiones abordaron la situación en Venezuela.
El grupo “reiteró su condena por las continuas violaciones de los derechos humanos y renovó su compromiso para facilitar la transición pacífica hacia la democracia”, según un comunicado. La crisis en Venezuela ha sido tratada frecuentemente a lo largo de este año de presidencia de turno italiana y el pasado 26 de noviembre los ministros de Exteriores del G7 apoyaron el triunfo electoral del opositor Edmundo González Urrutia. Acto seguido, el régimen de Nicolás Maduro anunció que revisaría sus relaciones con los países del G7. En el encuentro de ayer, también participó la presidenta de Comisión Europea, Ursula von Der Leyen
ONU pide investigar asesinado en protestas
El representante de derechos humanos de Naciones Unidas, Volker Türk, reclamó una “pronta y efectiva investigación” de al menos 28 asesinatos en las protestas organizadas en Venezuela tras las elecciones de julio y que continúe la puesta en libertad de los detenidos de forma arbitraria por el régimen de Nicolás Maduro. “Ello incluye los casos de defensores de derechos humanos (detenidos arbitrariamente) como Rocío San Miguel y Javier Tarazona, así como trabajadores humanitarios”, indicó Türk ayer viernes en una actualización sobre la situación en Venezuela presentada ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Türk indicó que las autoridades venezolanas confirmaron la detención de unas 2.000 personas en el contexto de las protestas postelectorales, de las que alrededor de un centenar han sido puestas en libertad de forma condicionada. “Les animo a revisar los casos de los aún detenidos, en línea con las garantías de debido proceso”, aseguró. “Me preocupa que muchos de los detenidos lo han sido de forma arbitraria, incluyendo adolescentes y jóvenes, miembros de la oposición, defensores de derechos humanos, periodistas, abogados” o personas que simplemente se encontraban en el mismo lugar donde se desarrollaban las protestas, subrayó Türk. El responsable de la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos expresó además su preocupación por el uso en Venezuela de legislación antiterrorista contra manifestantes, así como las denuncias de posibles desapariciones forzadas y maltrato. “Urjo a las autoridades a cumplir sus obligaciones para garantizar que las condiciones de detención cumplan las leyes internacionales”, aseguró. (EFE)
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