AFP, EFE
Venezuela suspendió las actividades de la representación en el país del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, instalada en 2019, a la que acusó de “bufete de golpistas y terroristas”.

El canciller Yvan Gil anunció esta decisión del régimen de Nicolás Maduro, que incluye la expulsión del personal de esta Oficina Técnica de Asesoría, que deberá dejar el país en las próximas 72 horas.

La expulsión es en represalia a la “profunda preocupación” que expresó el Alto Comisionado por la detención de la opositora venezolana Rocío San Miguel, acusada de “terrorismo”.

“Esta decisión es tomada debido al impropio papel que esta institución ha desarrollado, que lejos de mostrarla como un ente imparcial, la ha llevado a convertirse en el bufete particular del grupo de golpistas y terroristas que permanentemente se confabulan contra el país”, dijo Gil.

Ayer la oficina de al ONU lamentó la decisión del régimen de Venezuela, y subrayó que está examinando cómo actuar en consecuencia. “Lamentamos este anuncio y estamos evaluando los siguientes pasos a seguir”, indicó en un breve comunicado la portavoz de la oficina Ravina Shamdasani.

Nuestros principios rectores han sido y seguirán siendo la promoción y la protección de los derechos humanos de los venezolanos y las venezolanas”, agregó la portavoz.

La Oficina Técnica de Asesoría del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos se instaló en Venezuela en 2019, cuando la expresidenta chilena Michelle Bachelet estaba a cargo.

Antes de dejar el cargo, en agosto de 2022, Bachelet dijo que veía progresos en materia de derechos humanos en Venezuela, pero que aún quedaba “mucho por hacer”.

Su sucesor, Volker Türk, visitó Venezuela en enero de 2023, cuando se acordó que la oficina seguiría operando por dos años más. Durante su estancia animó a las autoridades a liberar a todas las personas detenidas arbitrariamente e insistió en tomar medidas para poner fin a las torturas.

Oenegés venezolanas de derechos humanos, como Provea, condenaron la expulsión de la oficina de la ONU, porque “aumenta la desprotección de las víctimas ante los abusos e intenta impedir el escrutinio de los órganos internacionales”.

La expulsión se produce además un día después de que el relator especial de la ONU sobre el derecho a la alimentación, Michael Fakhri, asegurase que el Gobierno venezolano le impidió visitar centros de detención y que las autoridades cambiaron constantemente su agenda durante su visita de dos semanas al país, que concluyó este miércoles

Rocío San Miguel es directora de la ONG Control Ciudadano, que registra casos de violaciones de derechos humanos en civiles y militares. Es, además, una autoridad en temas de la Fuerza Armada.

Fue detenida el 9 de febrero cuando se disponía a viajar al extranjero junto a su hija, quien también había sido detenida pero quedó en libertad condicional.

La fiscalía la acusó de “traición a la patria”, “terrorismo” y “conspiración”, al vincularla “de manera directa” con un supuesto plan para asesinar a Maduro.

Su exesposo, el coronel retirado Alejandro José González, también fue capturado bajo sospecha de “revelación de secretos políticos y militares”.

Sus dos hermanos y el padre de su hija también fueron detenidos, aunque luego serían excarcelados.

Estados Unidos y la Unión Europea, al igual que la oficina de derechos humanos de la ONU, expresaron “profunda preocupación” por el caso.

Además del arresto de San Miguel, la tensión política en Venezuela ha aumentado en estas semanas por la confirmación de la inhabilitación de María Corina Machado, candidata presidencial de la opositora Plataforma Unitaria Democrática (PUD).