VENEZUELA

El régimen de Nicolás Maduro no solo tiene en la mira al único diario independiente que queda en Venezuela, sino que también está buscando controlar las redes sociales.

Esta semana se conoció un fallo del Tribunal Supremo -en Venezuela el poder judicial está controlado por el régimen- que obliga al diario El Nacional a indemnizar con 13 millones de dólares a Diosdado Cabello, considerado el número dos chavismo por un caso de presunta difamación.

Este fallo es denunciado como un intento de expropiación del diario El Nacional.

Pero en este 2021 los líderes del chavismo van también sobre las redes sociales y, mientras prometen una regulación, crecen las detenciones a quienes difunden críticas al régimen en ellas.

El control sobre lo que se dice en las redes sociales vendría a través una Ley del Ciberespacio y una reforma de la polémica Ley de Responsabilidad Social en Radio, Televisión y Medios Electrónicos (Resorte), promovida por el presidente de la oficialista Asamblea Nacional (AN), el chavista Jorge Rodríguez.

Varias voces se han levantado para denunciar las intenciones del régimen chavista. Entre ellas, está la de Carlos Correa, director de la ONG Espacio Público, una organización que ha denunciado varios arrestos de usuarios de redes sociales que difundieron críticas o información en sus cuentas.

Correa teme que se reproduzca, con estas reformas, lo que ya sucede con la llamada Ley Contra el Odio o la propia ley Resorte, que incluyen “descripciones genéricas, vagas o imprecisas de lo que puede constituir delito”, lo que hace que “cualquiera pudiera ser susceptible de ser sancionado porque el criterio de interpretación es demasiado amplio”.

En las últimas semanas, dos casos han atraído la atención y han sido denunciados por Espacio Público. Un usuario de Tiktok fue arrestado por criticar a un cantante afecto al chavismo, una senda que también siguió la escritora Milagros Mata Gil, detenida junto a su marido, el poeta Juan Manuel Muñoz, por, supuestamente, difundir un artículo crítico contra el fiscal general, Tarek William Saab.

Pero Correa advierte que, “desde hace un tiempo, se estaba persiguiendo a personas por utilización de redes sociales y había casos de persecución por difusión de información”.

Por su lado, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) denunció, en un informe presentado en su reunión de medio año que se celebra esta semana, que en Venezuela hay “una dictadura implacable” que considera al periodismo independiente como un enemigo permanente.

“La situación de la libertad de expresión sigue en el mismo nivel crítico de los últimos años. Se trata de una dictadura implacable que considera el periodismo independiente como un enemigo permanente”, recoge el documento.

La SIP subraya que al menos ocho estaciones de radio han sido sacadas del aire en toda Venezuela y destaca que el uso de la ley Resorte “regula el espectro radioeléctrico de manera discrecional y punitiva”, con lo que se convierte en un “instrumento para silenciar la radio”. “Por lo pronto, las estaciones de radio que todavía existen están autocensuradas por el terror que genera esta ley Resorte”, añade.

El informe de la SIP también denuncia el bloqueo de las páginas en Internet de los medios críticos al régimen de Maduro. (Con información de EFE)