VETO PRESIDENCIAL

La oposición de Venezuela y organizaciones no gubernamentales criticaron ayer martes que se impidiera en Panamá el viaje de una delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a Caracas.

La CIDH informó que la aerolínea Copa Airlines “impidió el abordaje (...) a la puerta del avión en Panamá” pese a que los miembros de la comitiva ya habían recibido sus pases para el vuelo.

“Informaron que recibieron instrucciones del régimen de #Venezuela de que no estábamos autorizados a ingresar al país”, indicó en Twitter la Comisión.

El líder opositor Juan Guaidó, reconocido como presidente encargado de Venezuela por casi 60 países, sostuvo que al impedir el ingreso de la CIDH “la dictadura” de Nicolás Maduro “se reconoce como violadora de derechos humanos”.

No obstante, Guaidó afirmó que la medida “no va a ocultar las pruebas de que en Venezuela se violan los derechos humanos”, así como “la condena mundial” al Ejecutivo de Maduro.

La Asamblea Nacional, de mayoría opositora, consideró que la medida contra los delegados de la Comisión ratifica que en Venezuela “existe un sistema de violaciones” a los derechos humanos. Por su parte, el partido opositor Primero Justicia afirmó que Maduro “nuevamente sigue colocándose al margen del respeto” a los derechos humanos.

“Se sigue aislando ante el mundo por ser un régimen que usa la fuerza y la violencia para mantenerse en el poder”, agregó el partido en el que milita el dos veces candidato presidencial Henrique Capriles.

Para el Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea) la medida se trata de “manipulación” a Copa Airlines y de “un golpe a las víctimas” de violaciones a sus derechos fundamentales.

En otro comunicado, firmado por 11 ONG, alertan que el impedimento de la visita de la CIDH “se traduce en otro impulso para sostener y encubrir la impunidad”. “En un contexto de violaciones sistemáticas a los derechos humanos que derivó en la crisis migratoria más grave de la historia reciente, excluir de facto a las instancias de protección revela el desinterés en mejorar las condiciones de vida de la población”, reza el texto.