EFE, AFP
El régimen de Nicolás Maduro y la opositora Plataforma Unitaria Democrática (PUD) acordaron ayer martes que las elecciones presidenciales en Venezuela se celebren en el segundo semestre de 2024, en una fecha todavía sin definir, con la observación de misiones técnicas de la Unión Europa (UE) y la Organización de Naciones Unidas (ONU), entre otros organismos internacionales.

Las partes firmaron en Barbados un acuerdo sobre la “promoción de derechos políticos para todos”, que incluye la solicitud de misiones de observadores.

Con la firma del pacto, el régimen y la oposición se comprometen a solicitar que sean invitadas las “misiones técnicas de observación electoral acordadas”, entre las que se encuentran, además de la UE y la ONU, la Unión Africana, la Unión Interamericana de Organismos Electorales y el Centro Carter.

El último proceso electoral que se celebró en Venezuela, en noviembre de 2021, cuando se llevaron a cabo los comicios regionales, contó con varias misiones de observación, entre las que se encontraba la de la UE, cuyo informe inicial, que no fue del agrado del régimen, generó una crisis que llevó a diversas autoridades a asegurar que no volvería al país ninguna misión del bloque comunitario.

El presidente del Parlamento venezolano, Jorge Rodríguez, y el exalcalde caraqueño Gerardo Blyde, en nombre del régimen y la oposición, respectivamente, firmaron las tres copias del pacto y de otro acuerdo parcial referido a la “protección de intereses vitales de la nación”.

Los documentos fueron suscritos por una veintena de miembros de las partes negociadoras, en presencia del ministro de Exteriores de Barbados, Jerome Walcott, y de representantes de Noruega, país facilitador, y de otras naciones acompañantes como Países Bajos, Rusia, México, Colombia y Brasil.

Entre las garantías acordadas se incluye la actualización y depuración del registro electoral, con jornadas especiales para promover la inscripción de nuevos votantes en todo el país y en el extranjero.

Asimismo, se comprometieron al desarrollo de todas las auditorías previstas en el sistema electoral y a la promoción de un discurso público que contribuya con un clima político y social que favorezca el desarrollo pacífico de los comicios “sin presiones externas”.

Las partes acordaron garantizar la seguridad y libertad de circulación a todos los candidatos presidenciales, quienes, además, serán escogidos libremente por cada partido político.

El régimen y la oposición “reconocen y respetan el derecho de cada actor político de seleccionar su candidato para las elecciones presidenciales de manera libre y conforme a sus mecanismos internos, atendiendo a lo establecido en la Constitución y la ley”, reza uno de los documentos.

También reconocieron el derecho de los actores políticos a disponer de mecanismos de financiación trasparentes y se comprometieron a promover un equilibrio en los medios de comunicación públicos y privados en pro de la igualdad de acceso para todos los candidatos presidenciales.

El proceso de diálogo entre el régimen y la coalición opositora comenzó en agosto de 2021 y desde entonces ha sido interrumpido en dos oportunidades, la última en noviembre de 2022, luego de que la delegación de Maduro condicionara el diálogo al desembolso de 3.000 millones de dólares de fondos congelados de Venezuela en el exterior.

Un punto que quedó sin resolver fue las inhabilitaciones políticas. El acuerdo habla de permitir a todos los candidatos “siempre que cumplan con los requisitos establecidos para participar en reelección presidencial, consistentes con los procedimientos establecidos en la ley venezolana”.

María Corina Machado, la favorita en las internas del domingo 22 para enfrentar a Maduro, en teoría no podrá postularse a presidenta porque está inhabilitada por 15 años.

Maduro pide en el proceso el levantamiento de sanciones contra su régimen.