CRISIS POLÍTICA

Venezuela se dirige a elecciones parlamentarias sin Juan Guaidó ni los principales partidos de oposición, lo que prolongará la crisis generada por las presidenciales que en 2018 pusieron en tela de juicio la legitimidad de Nicolás Maduro.

Los mayores partidos opositores anunciaron un boicot contra las legislativas, previstas para este año pero aún sin fecha, después de que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), organismo que responde al régimen, nombrara un nuevo Consejo Nacional Electoral (CNE). Designar esas autoridades corresponde, por ley, al Parlamento encabezado por Guaidó.

Maduro pretende tomar control de la Asamblea Nacional, único poder en manos de la oposición, que ganó 112 de 167 bancas en los comicios de diciembre de 2015, quebrando 15 años de hegemonía chavista.

Para ello, Maduro y sus aliados preparan votaciones “en las condiciones que ellos quieran”, dice el historiador venezolano Pedro Benítez. Para aislar a Guaidó, Maduro “baraja el juego político”, explicó Luis Vicente León, presidente de la encuestadora Datanálisis.

“¡Llegó la hora!”, celebró Maduro refiriéndose a las legislativas, luego de que el TSJ asumiera la designación de un nuevo CNE. “Ellos han dicho que no van a elecciones (...), porque saben que las tienen perdidas”, agregó ayer martes en una videoconferencia del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV).

Maduro “no hace esto para controlar a la Asamblea en términos legislativos”, sino para “debilitar” a Guaidó, indicó León.

Sin concretar cambios políticos, la popularidad de Guaidó ha caído de 63% cuando se proclamó como presidente interino en enero de 2019, hasta 25,5% en mayo pasado, su mínimo, según Datanálisis, que otorga a Maduro una aprobación de 13,1%.

Estados Unidos y la Unión Europea cuestionaron que el TSJ designara directamente a las autoridades electorales. “El régimen ha seleccionado un CNE que sellará sus decisiones e ignorará las condiciones requeridas para elecciones libres”, dijo el secretario de Estado, Mike Pompeo. El Grupo Internacional de Contacto, que integra Uruguay, también rechazó la elección del nuevo CNE.

El historiador Benítez vislumbra una reedición de las circunstancias de las presidenciales de mayo de 2018, que registraron la mayor abstención en seis décadas y fueron desconocidas por Estados Unidos y decenas de países europeos y latinoamericanos. El grueso de la oposición las boicoteó, denunciando fraude.

Numerosos dirigentes y los principales partidos opositores, además, están inhabilitados por fallos judiciales y una veintena de diputados están presos, exiliados o refugiados en sedes diplomáticas.

La corte suspendió el lunes a la directiva del histórico partido Acción Democrática al que perteneció el expresidente Carlos Andrés Pérez, y ayer martes hizo lo mismo con la junta de otro de los mayores partidos opositores, Primero Justicia, liderado por Enrique Capriles.

El máximo tribunal puso a esos partidos en manos de políticos afines al régimen. Acción Democrática quedaría en manos de Bernabé Gutiérrez, expulsado del partido por asociarse con el régimen de Maduro. Y Primero Justicia sería dirigido por José Brito, expulsado en diciembre por su participación en un escándalo de tráfico de influencias con el régimen.