BRASIL

Cumplirá el resto de su condena de 10 años en una residencia de 3.000 m2 en San Pablo.

Marcelo Odebrecht, implicado en el mayor escándalo de corrupción de la historia de Brasil, pasará el martes a prisión domiciliaria, a tiempo para la Navidad, aunque en su familia el clima no está para fiestas.

Después de pasar dos años y medio en una cárcel de Curitiba, el empresario, de 49 años, cumplirá el resto de su sentencia de 10 años por corrupción y lavado de dinero en una lujosa mansión de San Pablo.

Apodado "el príncipe", Marcelo Odebrecht dirigió la mayor constructora de América Latina, responsable de obras en todo el mundo, desde el estadio del equipo de la NBA Miami Heat hasta usinas hidroeléctricas en Angola.

Este hombre de figura delgada, aspecto discreto y mirada penetrante, detrás de un par de anteojos ovalados, llegó a ser uno de los más influyentes de Brasil.

El derrumbe se inició el 19 de junio de 2015, cuando Marcelo Odebrecht fue detenido, acusado de pagar sobornos a decenas de políticos en Brasil para obtener contratos.

Los investigadores descubrieron luego que el esquema de sobornos había sido replicado en otros países de la región.

El arresto se llevó a cabo en el marco de la Operación Lava Jato, la red de corrupción urdida entre políticos y empresarios para obtener contratos en la estatal Petrobras.

Las condiciones de detención de Marcelo en Curitiba no han sido las peores: con derecho a microondas, heladera y televisión, las puertas de su celda siempre están abiertas. Allí, según reportes, desarrolló cierto fanatismo por el fitness.

Pero, desde luego, la prisión en casa será mucho más amena. Según la prensa brasileña, Marcelo viajará a San Pablo con escolta policial en su jet privado. Allí se reencontrará con su esposa Isabela y sus tres hijas en una lujosa mansión del barrio Morumbi.

Un portavoz del caso Lava Jato confirmó que pasará los próximos dos años y medio recluido en su casa y con tobillera electrónica. Le seguirán otros cinco años de pena, la primera mitad con salidas diurnas autorizadas y los últimos dos años y medio con la obligación de permanecer en su hogar sólo durante los fines de semana.

Comparada con su actual celda de 12 m2, la nueva prisión será una jaula de oro: ubicada en uno de los barrios privados más ricos de la ciudad, la vivienda tiene una superficie de 3.000 m2. Y una gigantesca piscina, según los periódicos.

Gran parte del conglomerado familiar fue alcanzado por los tentáculos de Lava Jato, aunque Marcelo Odebrecht es señalado como el mayor responsable de los niveles de corrupción alcanzados por la empresa desde que asumió su comando en 2008.

Cuando el cerco de las investigaciones comenzó a cerrarse sobre la compañía, el CEO se resistió inicialmente a un acuerdo de delación premiada, relatan los medios.

Sin embargo, su padre Emilio tomó cartas en el asunto y asumió las negociaciones con la Fiscalía, según el periódico O Globo. Esto derivó en un acuerdo de confesión masiva en el que 77 ejecutivos de la empresa —incluido Marcelo Odebrecht— revelaron a las autoridades lo que sabían.

La empresa se comprometió a pagar una multa de 2.600 millones de dólares a los gobiernos de Brasil, Estados Unidos y Suiza. A cambio, logró sobrevivir y la Justicia redujo de 19 a 10 los años de prisión para Marcelo y concedió un tratamiento especial para su padre.

La confesión, vista como una rendición, causó una grieta en la familia. O Globo asegura que Emilio fue apenas dos veces a visitarlo a su hijo a prisión, mientras Folha afirma que Marcelo también se distanció de su hermana, su madre y varias figuras de relevancia en la empresa. Tres de sus tíos habrían tomado partido por el patriarca Emilio y apenas uno lo habría respaldado a él.

"Había dos grupos en la empresa", confió un miembro de Odebrecht al sitio de noticias UOL. "El lado de Emilio ganó", aseguró esta fuente.

Odebrecht S.A. emprendió un proceso de renovación y anunció que a partir de ahora, el cargo de CEO no será ocupado por miembros de la familia.

Emilio, de 72 años, anunció esta semana que dejará en abril su puesto de presidente del Consejo de Administración.

Daniel Vargas, profesor de Derecho de la Fundación Getulio Vargas, considera que el grupo Odebrecht está "haciendo grandes esfuerzos" para acabar con prácticas antiguas.

Pero la supervivencia de la empresa, advierte, depende de que todo el sector de la construcción tome consciencia y cambie de actitud.

"Si no, ¿cómo puede Odebrecht seguir siendo competitiva sin participar en la corrupción?", se pregunta Vargas.

Además de ser una empresa de construcción, Odebrecht S.A. también es un conglomerado de ingeniería, agricultura y producción petroquímica.

Creada en 1944 en el estado de Bahía como una constructora civil, Odebrecht S.A. se forjó al calor de la obra pública. Su último balance, de 2015, mostraba una facturación de 39.111 millones de dólares y un plantel de 128.426 empleados.

Ese año marcó un punto de inflexión: el arresto de Marcelo Odebrecht, nieto del fundador y tercera generación de presidentes del grupo. El escándalo obligó a reducir la plantilla de trabajadores, actualmente entre 75.000 y 80.000.

El presidente de Perú, Pedro Pablo Kuczynski, afrontará su proceso de destitución abierto por el Congreso con una popularidad del 18%, la más baja de todo su mandato, tras haber perdido nueve puntos respecto al pasado noviembre. El sondeo de la encuestadora Ipsos para el diario El Comercio, difundido ayer domingo, reflejó además que la desaprobación de Kuczynski se situó en diciembre en el 75%, diez puntos más que en el mes anterior. Un 57% opinó que Kuczynski debe renunciar por haber intentado ocultar su vínculo con Odebrecht.

El Congreso de Ecuador aceptó ayer domingo abrir un juicio político contra el vicepresidente Jorge Glas, condenado a prisión por recibir sobornos de Odebrecht. El Consejo de Administración Legislativa aprobó el proceso, que ahora será remitido a la Corte Constitucional para que informe en un plazo de cinco días si admite o no el juicio político. En caso de que el dictamen de la Corte sea favorable, el trámite pasará a la comisión de fiscalización de la Asamblea Nacional, que a su vez debe dar su visto bueno para que se lleve a cabo la votación en el pleno del Congreso.