Agencia EFE
La líder ultraderechista francesa Marine Le Pen se sienta hoy lunes en el banquillo de los acusados por un presunto desvío de 6,8 millones de euros (7,6 millones de dólares) del Parlamento Europeo para financiar su partido político, un juicio que pone en jaque sus opciones de presentarse por cuarta vez a la carrera por el Elíseo en 2027.

La actual cabeza de los parlamentarios de extrema derecha en la Asamblea Nacional está acusada, junto a otras 26 personas, de haber pagado con dinero de la Eurocámara a personal que trabajaba para el partido, haciéndoles pasar por asistentes parlamentarios de Bruselas, entre 2004 y 2016. Un delito por el que puede ser condenada a diez años de prisión, un millón de euros de multa y diez años de inhabilitación, lo que dejaría de lado su ambición de convertirse en la primera presidenta de Francia.

Le Pen niega esa acusación y se considera perseguida por la justicia, a la que acusa de tratar de frenar su asalto al poder que los sondeos dan como posible tras un constante ascenso electoral en los últimos años que le llevó a ser la opción más votada en las pasadas legislativas con más de 10 millones de sufragios.

Su entorno ha asegurado que Le Pen acudirá de forma regular al tribunal y que no se escudará en sus abogados, pese a que el juicio coincide con una cargada actualidad política, con los primeros pasos del nuevo Gobierno dirigido por Michel Barnier cuya supervivencia depende de la tutela de la extrema derecha.

Diez años de investigación y casi 2.500 pruebas han sacado a la luz lo que la acusación ha bautizado como “una trama para atribuir al Parlamento Europeo buena parte de los gastos del Frente Nacional”, rebautizado posteriormente como Agrupación Nacional.

El dinero que la Eurocámara entrega a cada eurodiputado para pagar a sus asistentes parlamentarios habría servido para retribuir a empleados del partido, según la Fiscalía, que ha acumulado testimonios, mensajes internos y otras pruebas para apoyar la acusación.

En la cúspide de esa trama habría estado, en un primer momento, Jean-Marie Le Pen, él mismo diputado europeo durante más de 30 años, el gran ausente del banquillo de los acusados por su delicado estado de salud a sus 96 años.

El relevo lo tomó su hija Marine, que entró en la cámara de Bruselas en 2004 y que, siempre según la acusación, habría proseguido con el sistema que permitió al partido superar la difícil situación financiera que le obligó incluso a vender su cuartel general histórico a las afueras de París.

Aunque la Fiscalía sostiene que el desvío de fondos es antiguo, a partir de 2014 habría cobrado mayor fuerza, porque el FN ganó las Europeas francesas y sentó 24 parlamentarios en Bruselas y Estrasburgo, que tenían a su servicio 23.000 euros mensuales cada uno para contratar asistentes parlamentarios.

La propia Le Pen habría utilizado el dinero para pagar el salario de su jefa de gabinete y de su guardaespaldas personal, según la acusación, que cree que otros muchos de los supuestos asistentes parlamentarios apenas pisaban el Parlamento Europeo.

En el caso de su jefa de gabinete, Catherine Griset, actualmente diputada europea, entre octubre de 2014 y agosto de 2015 solo pasó doce horas en la sede de la Eurocámara, mientras que trabajaba entre 15 y 22 días por mes en la del partido, según la acusación.

En 2015, el entonces presidente del Parlamento Europeo, Martin Schulz, denunció el caso y motivó la apertura de la investigación.